Diversas reacciones tuvo la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que establecieron un aumento de los aranceles del 15% al 37,9% a los textiles traídos del exterior, cuyo valor fuera inferior o igual a USD$20.
Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana de la Confección, rechazó la determinación del alto Tribunal. Manifestó que, durante los 85 días que duró la medida, tuvieron “ventas importantes, un aumento de 59% en diciembre y lo que va de enero” y tras la decisión “el desempleo va a aumentar. Son 2 millones de personas las que viven del sector textil y confección en Colombia. Hemos perdido casi 400.000 empleos en los últimos cinco años y vamos a seguir ayudando al aumento de esta cifra. ¿Quiénes son nuestros empleados? Madres cabeza de familia, gente que tiene cuatro o cinco maquinitas en sus barrios, en los comunas de Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta”.
Afirmó que los textileros están “ofendidos porque están priorizando la producción en Asia, en países donde el trabajo es esclavo, donde la gente trabaja 12-14 horas diarias, donde los salarios no alcanzan los 40 dólares”. Criticó además al presidente Iván Duque. Dijo que “se le olvidaron las promesas después de campaña. Esto un espaldarazo a los grandes importadores”.
“Vamos a hacer todo lo posible, si nos toca marchar, si nos toca hacer paro, lo hacemos. Estamos en una situación muy difícil, el Gobierno debe tener la gallardía de cumplir”, remarcó.
Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, respaldó la decisión de la Corte. Calificó la decisión como acertada debido a que el Congreso de la República no está facultado para imponer este tipo de medidas comerciales. “Esta es una buena noticia porque da seguridad jurídica a todos los agentes económicos. No es posible que a través de un Lobby en el congreso se establezca un arancel únicamente para unos artículos", expresó.
De acuerdo con el dirigente gremial, “el ingreso de productos a precios irrisorios no se resuelve con 'sobrearanceles', sino con control de los precios con los cuales se declaran esos bienes. Con control sobre el contrabando y la economía ilegal"
Subrayó que "establecer un arancel de 38% y un IVA de 19% aumenta el margen al comprador no a la economía ilegal. El Gobierno tiene que mirar estas consideraciones y pensar bien si un arancel es la solución a este problema o si se necesita otro mecanismo".
Analdex junto a Fenalco habían demandado estos artículos ante la Corte. Las entidades gremiales señalaron que el arancel era inconstitucional, debido a que el Congreso de la República no estaba facultado para tomar determinaciones como esta.
En noviembre pasado la norma había entrado vigencia. Entonces alertaron sobre el impacto que tendría en el bolsillo de los colombianos. Para el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, la devaluación más estos aranceles afectaría el bolsillo del consumidor. Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), José Manuel Restrepo, aseguró que el incremento arancelario se vería reflejado en un encarecimiento de aproximadamente 25 % en los precios del vestuario. Por ejemplo, si un pantalón importado costaba $100.000, su precio será de $125.000.