La ejecución en los proyectos de inversión de las alcaldías locales es deficiente y está causando rezados presupuestales e incumplimientos legales.
Así lo expresó el concejal Yefer Vega en su intervención de control político, para indicar que como consecuencia de la falta de formulación, seguimiento y ejecución en los proyectos de inversión de las alcaldías locales, actualmente la ciudad tiene un rezago presupuestal de $1.8 billones, cifra que supera el monto de inversión del año 2018.
“Si sumamos el saldo que se tiene de 2016 y años anteriores por un valor de $745 mil millones, más el saldo por pagar de 2017 por $276 mil millones, además del presupuesto de inversión directa de los veinte Fondos Locales de Desarrollo de este año, tendríamos que pagar actualmente una cifra de $1.8 billones”, afirmó el concejal Vega.
De acuerdo a lo anterior, el concejal advierte que se requiere incrementar los esfuerzos por parte de las alcaldías locales y la Administración Distrital, quienes deben trabajar articuladamente para superar los rezagos, mejorar la ejecución presupuestal y física de los proyectos de inversión, planear a tiempo, resolver la fase de contratación oportunamente, entre otros aspectos.
Ejecución contractual
“Aunque esta Administración ha realizado varios esfuerzos para garantizar la transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación, la realidad es que a las Alcaldías les falta mucho para lograrlo”, sostuvo el Concejal José David Castellanos ante los incumplimientos de los gobiernos locales frente a la ejecución de sus procesos contractuales.
Según el cabildante, las excesivas funciones de las alcaldías, la ocasional falta de idoneidad de su personal, el evidente nicho de corrupción que se viene presentando a través del tiempo, y la falta de reconocimiento de la Administración Distrital frente a la labor y responsabilidad de los alcaldes locales, son algunas de las causantes por las cuales éstas no cumplen con las normativas de contratación.
Además destacó la corrupción, señalando que a la fecha existen 783 hechos e investigaciones por esta causa en las alcaldías, de los cuales 459 corresponden a violaciones al régimen de contratación y de éstos, solo diez han tenido fallos sancionatorios. Adicionalmente indicó que, según la Contraloría se encontró riesgo fiscal de $4 mil millones en dichas entidades.
Uno de los casos que presentó el cabildante es el de la Localidad de Usaquén, que además de sus múltiples cuestionamientos en contratación, durante el 2017 tuvo 507 quejas por parte de la comunidad; por ende el concejal Castellanos afirmó que, la situación de transparencia de las Alcaldías Locales es grave, y mediante un derecho de petición verbal a la Secretaría de Gobierno solicitó saber cuáles son los criterios de elección y destitución de los alcaldes, qué medidas plantea la Secretaría para promover la transparencia en la contratación local y cuál es el estado de implementación del Artículo 57 del PDD.
Por otro lado, el concejal Jorge Lozada insiste en que el problema contractual de las alcaldías se debe a la desactualización del Decreto Ley 1421, ya que éste no corresponde con la realidad de la ciudad; por tal razón afirma que se debe realizar una reforma administrativa en el Distrito que actualice las normas y permita un mayor control a los procesos de contratación y transparencia de las alcaldías.
Otro de los ejemplos de la mala gestión frente a la inversión para el desarrollo, la planteó el concejal Julián López, quien afirmó que en la localidad de Usme se aprobó la construcción de una obra por un valor superior a $18 mil millones y que después de dos años y medio de iniciar su ejecución, la obra apenas va en un 31%. Esto se debe a que se aprobó su construcción sin estudios y diseños previos.
En vista de la ausencia del Secretario de Gobierno y el Secretario de Movilidad, el Presidente de la Comisión de Gobierno decidió aplazar el debate para una nueva cita donde asistan los funcionarios de la Administración Distrital.