Se reglamentó la implementación de las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) tras la firma del presidente Iván Duque al Decreto 2046 del 12 de noviembre de 2019, del cual fue autor cuando era senador. 

Esta norma establece una serie de incentivos para promover “la adopción de la condición legal de BIC, bajo la premisa de la formalización, la función social de la empresa y el beneficio e interés colectivo”.

Las denominadas empresas BIC, de acuerdo con la normatividad, son las que adoptan las buenas prácticas a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo cual se alinea con los compromisos y estrategias nacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y respeto por el derecho de los trabajadores”.

En ese sentido, aquellas compañías que se acojan a este modelo se beneficiarán de líneas de crédito que creará el Gobierno Nacional, y tributarios cuando hagan reparto de utilidades accionarias a los trabajadores.

No obstante, también estas empresas deberán incluir las actividades específicas de beneficio e interés colectivo que pretenden desarrollar para poder acceder a los beneficios de la legislación vigente.

En cuanto a las prácticas laborales, la norma determina que las empresas BIC “establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de calidad”.

Por lo tanto, estas sociedades establecen subsidios para la formación de sus trabajadores; opciones para que participen en la sociedad, a través de la adquisición de acciones; amplían los beneficios de salud y bienestar a sus empleados y dan opciones de flexibilidad horaria y opciones de teletrabajo.

En cuanto a las prácticas con la comunidad, las BIC crean más fuentes de trabajo, sobre todo para jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel; así mismo, incentivan actividades de voluntariado y hacen alianzas con fundaciones que apoyan obras sociales.

Asimismo, en materia ambiental, la norma indica que este tipo de empresas deben efectuar, anualmente, auditorías ambientales sobre la eficiencia en el uso de energía, agua y desechos. Además, divulgan los resultados al público y adelantan capacitación a sus empleados en este sentido.