Los industriales de la minería mostraron su preocupación ante la inseguridad jurídica que está alejando la inversión extranjera y debilitando la competitividad. Al respecto, el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, manifestó que la industria minera afronta una situación compleja y que tiene enormes desafíos para las empresas y sus territorios.

El ministro Arce Zapata anunció que hay actores ilegales que montan negocios de extracción criminal y que generan confusión porque hacen mal uso del término minero. Reveló que espera que en el Congreso de la República se dé vía libre a un instrumento que se requiere para judicializar a los responsables y erradicar el flagelo de la ilegalidad. Explico el funcionario que ahora más que nunca es perentorio involucrar en la discusión a todos los actores.

“La discusión es abierta, el diálogo es de todos, es la única forma de generar soluciones y dar salidas”, dijo Arce Zapata. El Ministro de Minas y Energía, además, invitó a los industriales a mantener el entusiasmo en la actividad. “Sigamos desafiándonos como sector, a dar lo mejor. Que con orgullo podamos decir somos mineros, somos socios del desarrollo y queremos seguir haciéndolo en los próximos años”.

Ojo con inversión

Durante la jornada final del congreso nacional minero, voceros del sector debatieron sobre las prácticas mineras y la competitividad asociada a la seguridad jurídica. Los presidentes de varias empresas mineras advirtieron que la inversión extranjera está rezagada por decisiones de las Altas Cortes.

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo que el reciente fallo en contra de esa empresa abre las puertas para que se sigan ordenando pagos de indemnizaciones solo porque existen “probabilidades” de afectaciones a las comunidades por la operación minera. “Con estas determinaciones se pierde competitividad y es un llamado a todas las industrias del país. Estamos ante un ejemplo contundente de los efectos negativos de la inseguridad jurídica”, explicó Gaviria Jansa.

Para Nicolás López, Country Exploration Manager I am Gold, “el camino es complejo porque las discusiones del sector minero no se hacen desde lo técnico sino desde lo político. Aquí estamos luchando contra el mismo gobierno”. Mark Moseley Williams, Director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Agnico Eagles Mines, aseguro que “no se pueden atraer inversiones para el país si el Estado no asegura el cumplimiento de las normas a las empresas que cumplen todos los requerimientos. Hay que tener claridad”.

El CEO de AticoMining, Fernando Ganoza, afirmó que hoy “Colombia es poco atractivo a nivel internacional para los inversionistas. Es muy difícil que en la actualidad alguna empresa en el país no esté afectada por los temas de la inseguridad jurídica. Se hace mucho daño a la competitividad y hay vacíos legales, además, el poder judicial interpreta y toma decisiones que no debería estar tomando”.

Juan Manuel Sánchez, CEO de Carbocoque, opinó sobre la seguridad jurídica que “hay una disfuncionalidad en las entidades del Estado y esto afecta las inversiones en el sector”. “Enamorar al país”.

Estabilidad

En el estudio presentado por La Brújula Minera 2018 se evidenció que factores como las dificultades en la tramitación de licencias ambientales y la falta de estabilidad jurídica, influirían en una baja de las operaciones del sector en los próximos cinco años, dicho resultado hace parte del estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, Jaime Arteaga & Asociados y la revista Mundo Dinero.

Jaime Arteaga, Director de la Brújula Minera, precisó que también incidiría la falta de apoyo del gobierno. “Hay muchos problemas legales, una licencia ambiental es como un blanco móvil, todo el tiempo están cambiando, pero es importante reconocer que existe una crisis de las relaciones con las comunidades”.

Otra de las conclusiones a las que se llegó con la encuesta, es que los directivos empresariales consideran que no se ha avanzado en la seguridad jurídica. Igualmente, que la comunicación entre las empresas mineras y el gobierno se sigue debilitando, “es absolutamente crítica, es muy importante esa comunicación entre el gobierno y las empresas”, dijo. Finalmente, Arteaga planteó que el reto para el sector es “enamorar a la sociedad” y convencerla de que esta es una industria que genera desarrollo.

Diálogo intersectorial

Por su parte el director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars, Ramón Leal, explicó que a través de los diálogos intersectoriales se ha logrado mejorar la articulación entre la industria y las corporaciones autónomas, pues así se pueden identificar más fácil los “cuello de botella” que aparecen en los procesos y sus soluciones. “El relacionamiento del sector ambiente y minería, por lo general, es casi de confrontación, pero nosotros hemos entendido, a partir, no solo de la Asociación Colombiana de Minería, sino de la misma institucionalidad, que necesitamos trabajar conjuntamente para lograr ese desarrollo sostenible en el país”, dijo Leal.

Gran riqueza

Uno de los mensajes más contundentes estuvo relacionado con la gran riqueza en minerales que tiene el territorio nacional, que si es aprovechada de manera eficiente puede ser un motor que fomente el crecimiento de otras industrias, sumando en conjunto a diversificar las economías de todas las regiones colombianas.

Para que esto sea posible “el sector minero debe ser abordado de forma integral: el marco jurídico, el tema fiscal, el ambiental, el político, el social y el económico. Esto nos debe permitir analizar en forma objetiva -y con el debido soporte técnico y regulatorio- nuestra realidad”, señaló José Miguel Linares, presidente de la Junta Directiva de la ACM y de Drummond Ltd. 

Según fuentes oficiales, en los últimos 10 años las empresas de hidrocarburos, energía y minería, han representado en promedio 9% del PIB, el 63% de las exportaciones y cerca de 46% de la inversión extranjera directa.

Estos datos dan cuenta de la importancia del sector para el desarrollo local, y es por esta razón que “el Estado no puede renunciar a incentivar una industria extractiva responsable en un país que tiene pobreza monetaria del 27,8%, una tasa de desempleo del 9% y una de subempleo subjetivo del 29,3%, y sobre todo no puede desechar una actividad que genera cerca de 350 mil empleos directos y 900 mil indirectos”, enfatizó el alto ejecutivo.

La presencia de las empresas mineras en el país aporta también de manera relevante a los planes de desarrollo y mejoramiento social. Casos puntuales son los de los departamentos del Cesar y La Guajira, donde la minería representa 46% y 55% del PIB, respectivamente.

Además, llevan a cabo importantes programas enfocados en el mejoramiento de la infraestructura comunitaria, educativa y de salud; proyectos sociales, culturales y productivos, así como a la protección del medio ambiente.