Si se ataca la evasión y elusión de impuestos se podrían generar $16 billones

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Atacar la evasión y elusión de impuestos, incrementar el cobro de renta a los colombianos más ricos, establecer un aumento en el pago de impuestos a las personas con altas pensiones y sobre todo controlar el gasto público, serían algunas de las opciones para no extender el cobro del IVA a toda la canasta familiar. ¿Pero serían viables ponerlas en práctica?

Mientras se presenta la ponencia al Congreso sobre el proyecto, el Gobierno comenzó a hacer contactos con los gremios y los partidos para escuchar propuestas que le permitan defender la iniciativa en el Congreso. Precisamente el presidente Iván Duque anunció un apretón dentro del Ejecutivo, entre los que se considera reducir gastos y generar ahorros en materia de nóminas paralelas, viáticos, publicidad y eventos, esquemas de seguridad y eficiencia administrativa, entre otros aspectos.

Ante este panorama se considera que la ponencia de la reforma será presentada luego del 15 de noviembre, sobre todo cuando no se tiene claridad con el rumbo que pueda tomar con el IVA.

El incremento de este impuesto se ha convertido en el florero de Llorente de muchos sectores por sus efectos que puede producir en los sectores más necesitados del país y en la clase media.

En 2003 la Corte Constitucional tumbó el cobro del IVA del 2% a los productos básicos como pan, leche, huevos y otros, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe quiso introducirlo mediante una reforma tributaria.

Hace 15 años la coyuntura del país era otra, con más pobreza y menos capacidad de pago de los colombianos. En ese momento el Gobierno quería hacer el cobro del IVA a productos como la papa, la yuca, el plátano, la leche, la bienestarina, los arriendos de vivienda, los servicios públicos, la educación, el transporte público y los medicamentos entre otros. Por este modo se podría recaudar $1 billón adicional.

En esa sentencia el alto Tribunal dijo: “La decisión de extender el IVA a tales bienes y servicios se tomó en un contexto de creciente pobreza e indigencia. En este contexto, la carga tributaria adicional que recae sobre las personas de bajos ingresos agravará su precaria situación o les hará más difícil superarla”.

Antecedentes

Esa extensión del cobro del IVA fue aprobado en el proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso en 2003, y comenzaría a regir a partir de enero de 2005 según lo establecía la ley.

Sin embargo, en la reforma tributaria de 2012, la Corte dejó en firme el IVA del 5% a algunos productos de la canasta familiar, como el café, el trigo, la avena, la harina, las pastas.

El tribunal consideró que este tipo de impuestos -como el IVA en la canasta familiar- deben ser progresivos, equitativos, eficientes, justos y solidarios. Señaló que “el alto Tribunal no prohíbe de forma absoluta y sin excepciones estos tributos, bajo la idea de que sean regresivos. Ello, podría reducir el repertorio de fuentes legítimas que aportan recursos al erario. Lo que la Constitución permite es que estos tributos se complementen técnicamente”.

Teniendo en cuenta estos precedentes, algunos analistas han sostenido que es posible que la Corte apruebe la mayoría de los puntos que incluye la reforma pero mediante unas modificaciones al cobro del IVA, sobre todo con tasas más bajas para que no haya un duro impacto en los ingresos de la población más necesitada.

Lo que se requiere

Se considera que mediante el cobro del IVA entrarían $11 billones pero esta suma se podría superar incluso si se ataca la evasión y elusión que actualmente alcanza los $16 billones.

Asimismo, mediante el incremento de impuestos a los más ricos se podría alcanzar $4 billones y con los impuestos a las más altas pensiones se lograrían $2 billones adicionales.

El presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que “la reforma tiene elementos interesantes, positivos, que van en la dirección correcta en cuanto a las mejoras del estatuto tributario y la discusión económica", agregando que otros puntos clave serán la simplificación administrativa, la progresividad en el cobro, el impuesto al patrimonio para personas naturales y la visión general de competitividad.

Consideró que “un impuesto a las pensiones más altas, de los más ricos del país, es muy importante, está bien direccionado (...) -por otra parte- el impuesto simple es un elemento muy importante porque garantiza la entrada a la formalidad laboral de las pequeñas empresas".

Plan B

Por su parte el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo, que “el Gobierno nacional debería, si es que ya no lo está haciendo, tener lista una fórmula de recambio, en donde haya un mecanismo diferente de consecución de recursos que necesita para financiar los programas sociales”, comentó.

De acuerdo con el exministro lo ideal sería extender la base del IVA con una tarifa inicial del 2% o 3%, que sería un avance muy importante, y así buscar unas rentas complementarias.

Por su parte el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, indicó que la bancada analizará qué productos y servicios son los que más afectan a los colombianos para proponer excluirlos de IVA.

“Lo que no apoyamos es el IVA extendido en la canasta familiar, sobre todo lo que corresponde a los alimentos básicos. Nuestra propuesta es que hay que revisar muy bien ese aumento que pretende llegar del 53% al 80%. Nosotros estamos estudiando ítem por ítem para sacar los productos que lesionan a los menos favorecidos y a la clase media”, aseguró.

Pérez aclaró que se trata de estudios preliminares, pero que lo primero que se excluiría serían productos como huevos, lácteos, arroz, papa, carnes.

Por su parte el senador Álvaro Uribe insistió en que, tras no apoyar el IVA a toda la canasta familiar, la bancada buscaría la manera para que el Ejecutivo nacional obtenga los recursos con la ley de financiamiento.

Además de los argumentos que ha expresado en cuanto al golpe que esta medida significaría para los hogares de clase media, esta vez, a través de redes sociales, el congresista alertó que podría ser inconstitucional, al afectar productos básicos.

Uribe hizo referencia a una decisión de la Corte Constitucional de 2003, en su primer gobierno, que tumbó el cobro de IVA del 2% la canasta familiar, alertando que la carga tributaria adicional que recaería sobre las personas de bajos ingresos agravaría su precaria situación o les hará más difícil superarla”.