Esta semana comienza, por segunda vez, la discusión de la Ley de Financiamiento en el Parlamento. Su paso puede ser ágil pero también complicado ante los intereses de varios sectores que quieren introducir cambios

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En apenas 45 días, el Congreso de la República deberá debatir y aprobar otra vez la Ley de Financiamiento que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma.

Aunque aparentemente el Gobierno ha dicho que se solucionarán los vicios de forma para que sea aprobado el mismo texto, ya las distintas bancadas, gremios y analistas consideran que esta vez el trámite puede ser más engorroso y complicado dada la brevedad en su debate.

Es prácticamente una carrera contra el reloj, ya que debe quedar lista en diciembre antes que los legisladores se marchen de vacaciones.

Además en esta oportunidad, el Gobierno se la juega toda no solo para sacar adelante un proyecto que se enredó por culpa de trámites simples, sino que detrás de esta iniciativa está colgado el inmediato futuro de lo que puede ser el ordenamiento de las finanzas.

Sin duda todos los ojos en el país y fuera de él estarán pendientes de la suerte de esta ley. Por una parte el Gobierno tiene el reto de continuar con el desarrollo normal de los impuestos que esta vez contempla alivios a las empresas, pero también normativas para varios sectores que hoy están a su lado pero pueden estar al otro, como es el de los bancos.

Otro elemento que preocupa al Ejecutivo es que las firmas calificadoras están pendientes de la aprobación. Ya algunas como Fitch Ratings han advertido que hasta el momento no se han afectado las finanzas del país ante la suspensión de la ley porque prácticamente las necesidades fiscales para 2019 estaban cubiertas, pero otra cosa será a partir de 2020.

En la mente de todos está que la reforma debe cubrir inmediatamente el hueco que dejó el Presupuesto General para el próximo año de $7 billones y las necesidades de otros $7 billones. Es decir, el Gobierno con la Ley de Financiamiento debe reunir entre $6 y $7 billones para emparejar los requerimiento fiscales y además, para poder cumplir con la regla fiscal que se fijó para corto y mediano plazo.

Eso por parte de las firmas, pero a poca distancia de estas apreciaciones, están los inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Los ojos de inversionistas

En un foro que se realizó la semana pasada por ProColombia con inversionistas europeos, norteamericanos, latinoamericanos y chinos, se realizaron 1.000 citas de negocios que dejaron sobre el papel inversiones por US$1.000 millones, sobre todo en las ramas de servicios financieros, infraestructura, turismo y en la Economía Naranja.

Pero a los inversionistas se les preguntó cuál era la principal preocupación de la economía colombiana, y la mayoría respondió que la seguridad jurídica y al mismo tiempo lo que podría suceder con la Ley de Financiamiento.

Además el Gobierno debe tener en cuenta que uno de los factores que actualmente está aportando para llegar a un crecimiento económico por encima del 3% este año, es el incremento de la inversión.

Cambios y efectos

La Ley 1943 de Financiamiento introdujo grandes cambios para las empresas: redujo el impuesto de renta, implementó descuentos por la adquisición de activos y creó estímulos para las inversiones de Economía Naranja.

Al mismo tiempo estableció un gravamen extraordinario al patrimonio, permitió la normalización de activos para las personas que tenían bienes sin declarar, aumentó las tarifas de renta para personas naturales y creó una sobretasa bancaria, entre otros cambios al sistema tributario nacional.

Todas estas medidas están en vilo. En baja voz, varios analistas han señalado que uno de los principales temores al reabrir el debate tributario es que se generen nuevos cambios en materia de impuestos. Este año 1 millón de colombianos más pagaron renta (3,2 millones) y de la discusión en el Congreso podría salir cualquier otra medida.

Para los empresarios la principal consecuencia del fallo de la Corte Constitucional es la incertidumbre jurídica porque en este momento no se sabe qué reglas tributarias regirán en 2020. En el ámbito internacional pueden ver esta situación no como incertidumbre sino como una muestra de que en Colombia las normas deben cumplirse sin importar de donde vengan y que los altos tribunales están para validar eso.

Entre los perdedores si no pasa la ley, están las empresas porque a esta les otorgó rebajas en el impuesto de renta del 33% al 30%.

Además, las personas naturales serían en parte ganadoras, pues la Ley de Financiamiento aumentó las tarifas de impuesto para quienes tienen mayores ingresos (del 33% al 39%). Esta afectó a los colombianos de ingresos altos, pero si devuelve al sistema anterior los hogares con mayores recursos no tendrían que pagar una renta tan alta.

El nuevo proyecto

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que este nuevo proyecto tiene 110 artículos y que algunos de estos fueron suprimidos porque perdieron su vigencia, pero enfatizó en la similitud del texto que no pasó el examen de la Corte.

“Las modificaciones simplemente se dan por el paso del tiempo y no alguna modificación que tuviera que ver con la estructura del proyecto que se radicó hace un año aquí mismo”, expresó Carrasquilla.

 

Para el Gobierno lo fundamental es que el Congreso apruebe rápido el proyecto y no se modifique en grado alguno. Pero otra cosa piensa el Legislativo y sobre todo las diferentes bancadas que tienen intereses en el articulado.

Propuestas

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que fue uno de los que demandó le ley ante la Corte, lamentó que el Ejecutivo nacional hubiere sancionado la norma pese a que tenía conocimiento de las irregularidades que se presentaron para la aprobación de la misma.

Sin embargo, el excandidato presidencial considera que esta es una oportunidad para introducirle algunos cambios a la ley que permitan que más recursos lleguen a las regiones.

Según Vargas Lleras, si esto no se hace, el devenir de las entidades territoriales será bastante angustioso, sobre todo para la puesta en marcha de los planes de desarrollo.

“Hagamos un frente unido a partir de esta semana, discutámoslo en la bancada en la próxima, para poder hacer unas negociaciones con el actual Gobierno que nos permita avanzar en el trámite de un nuevo proyecto”, señaló.

Dijo que ese proyecto debe contener “unos compromisos de inversión regional y de esa forma poderle responder a los mandatarios que van a iniciar su periodo en enero, porque si no vamos a quedar en un mar de frustraciones”.

Al mismo tiempo en la bancada del Partido Conservador las opiniones están divididas. Por parte del Partido Liberal, la Ley de Financiamiento ha recibido fuertes críticas, especialmente en los aspectos referentes al IVA a la canasta familiar.

Agenda apretada

Esta semana, la Corte Constitucional tuvo una agenda apretada ya que debió atender varias demandas contra artículos de la ley de financiamiento.

El martes, la Corte tumbó una parte del artículo 80 que creó un impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, específicamente lo relacionado con un incremento de impuestos para el sector bancario.

Sin embargo, el Gobierno indicó posteriormente que ese artículo fue nuevamente introducido en el proyecto que se presentó a última hora al Congreso.

Al respecto, el director de Fedesarrollo, Luís Fernando Mejía dijo que por cuenta de esta medida a las arcas de la Nación dejarán de entrar $250.000 millones durante el próximo año, ya que las entidades financieras no deberán pagar la sobretasa de cuatro puntos porcentuales en su declaración de renta de 2020. 

Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, esta reducción en el recaudo no es realmente sustancial, aunque es una fuente de ingresos que ayuda a aliviar las presiones fiscales que tiene el país por las reducciones impuestas al sector corporativo.

“Creo que va a ser interesante ver entonces la discusión del Congreso, porque por un lado tenemos el hecho de que la sobretasa genera recursos que no son sustanciales, pero que de todas maneras permiten amortiguar una caída en el recaudo; y por otro lado se debe evaluar el efecto que podría tener desde el punto de vista de un posible aumento en los costos que asumen los usuarios”, afirmó el alto directivo. 

Otros puntos

De otro lado uno de los puntos que no debería tener discusión y ser aprobado es el IVA plurifásico para cervezas y gaseosas. “Al final del día no afectó ni la industria ni el consumo de esos productos y no generó inflación; yo pensaría que ya no debe tener discusión”.

El representante a la Cámara Germán Navas Talero, de la bancada del Polo Democrático, se mostró crítico ante el texto radicado por Carrasquilla. “El Polo Democrático no solo demandó la anterior, sino que votó negativos todos los puntos de esa ley. Nosotros no aprobamos ninguno. Estamos dispuestos, si repiten lo mismo, a votar negativo esa reforma tributaria”, afirmó.

El presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, se pronunció en defensa de la nueva versión de la Ley de Financiamiento.

“Para nosotros la seguridad jurídica es fundamental en las señales que se generen para la economía de nuestro país. En tal sentido, le hemos manifestado al Presidente que el camino correcto es que la ley, tal cual se presentó, sea aprobada por el Congreso de la República”, expresó Bedoya.

La defensa

El crecimiento de la economía colombiana, de la inversión extranjera y del consumo, son algunos de los indicadores que demuestran que la Ley de Financiamiento ha sido útil para el país.

Así lo señaló el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, quien manifestó que confía en el sentido patriótico del Congreso de la República para la aprobación del proyecto.

“La Ley de Financiamiento ha sido un instrumento valioso para atraer inversión, y la primera estrategia para lograr la internacionalización 2.0 es atraer más inversión extranjera directa de eficiencia. Es decir, que sean capitales que generen la competitividad suficiente para usar a Colombia con un hub de exportaciones. El país necesita la Ley de Financiamiento, necesita ese proyecto para poder seguir el camino de la reactivación económica”, dijo el Ministro.

Por su parte el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, dijo que “es importante que este año en el Congreso de la República se apruebe el mismo texto de la Ley de Financiamiento discutido el año pasado. Esto daría continuidad a la política fiscal y animaría el sano proceso de recuperación que se viene presentando”.

 

Demandas contra la Ley

• Demanda al régimen Simple

Los demandantes dicen que las normas acusadas deben ser declaradas inconstitucionales teniendo en cuenta que al disponer de impuestos del orden territorial se integran a un tributo del orden nacional.

• Demanda contra el impuesto de renta

Los demandantes señalan que hubo errores en el proceso legislativo de formación de algunas disposiciones, vulneración del principio democrático, principio de representación popular y principio de unidad de materia.

• Demanda contra el ICA

Ataca el artículo 66, que regula el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. La demanda explica que se vulnera la autonomía territorial en vista de que el tributo nacional “absorbe” a uno local (ICA).

• Demanda de gastos desfinanciados del presupuesto

El inciso primero del artículo 115 fue demandado por contrariar la unidad de materia. La norma dispone que la restricción en el crecimiento de los gastos de personal a que se refiere el artículo 92 de la Ley 617 del 2000 no será aplicable a varias entidades.

• Demandan exenciones tributarias, IVA y otros

Se demandan las normas relacionadas con la exención tributaria del impuesto sobre las ventas a los alcoholes carburantes de origen extranjero. En relación con el IVA, una de las demandas sostiene que se vulnera la igualdad entre personas naturales”.

• Demanda consumo de bienes inmuebles

Se demandan el artículo 21 y el parágrafo del artículo 23, los cuales regulan el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles y los aportes obligatorios al sistema general de pensiones, respectivamente. 

• Demanda al impuesto al patrimonio

¿Cómo puede haber libre iniciativa privada si el Estado arrebata a los ciudadanos el capital con el cual podrían crear empresa? Así plantea el debate la demanda admitida contra los artículos 27, 36, 37 y 38 de esta ley, por el presunto desconocimiento del derecho a la libre empresa y la iniciativa privada.