Parlamentarios consultados por EL NUEVO SIGLO señalaron que la ponencia aún no está definida. Miembros de partidos independientes manifestaron que se deben hacer cambios

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Las comisiones terceras conjuntas están citadas la próxima semana para iniciar la discusión de la reforma tributaria, que busca ratificar disposiciones contenidas en la ley de financiamiento del año pasado, que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma.

Como informó EL NUEVO SIGLO, el pasado miércoles los coordinadores y ponentes tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En el encuentro se analizaron 47 artículos del proyecto y congresistas de los partidos Liberal, Cambio Radical y de La U manifestaron la necesidad de hacer modificaciones a la norma.

El representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, señaló que a algunos de los artículos revisados se les hicieron modificaciones sobre las fechas.

“Ayer nos reunimos los ponentes y los coordinadores para darle tramite al proyecto de ley de reforma tributaria. Hicimos un análisis de los artículos que se modificaron en el Plan de Desarrollo y que hacían parte de la ley declarada inexequible, que son cerca de 12 artículos. Hicimos un análisis de los artículos cuyas fechas ya se cumplieron y que por lo tanto no hacen parte del proyecto presentado precisamente porque feneció su vigencia jurídica, que son cinco artículos. Hicimos también un análisis de 30 artículos que haciendo parte del proyecto inicial se modificaron respecto de que algunas fechas ya cambiaron. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio habíamos dicho que terminaba en tres años.  Como ya pasó uno, entonces se le dio alcance para decir que faltan dos años. Lo mismo la renta presuntiva. Lo mismo una cantidad de otros temas. Visto así, se revisaron 47 artículos”, expresó.

Precisiones en redacción

Y añadió: “El resto del articulado es exactamente igual al texto de la ley de financiamiento y no tendría modificaciones. Algunos ponentes hablaron de hacer algunas precisiones en redacción, pero la gran idea es que se debe modificar el proyecto de la menor forma posible. Por supuesto, que nadie podrá impedir que los congresistas y los diferentes partidos hagan sus proposiciones en aras de mejorar la iniciativa que finalmente termine siendo ley de la República”.

De acuerdo con el parlamentario antioqueño, se diseñó “una especie de cronograma en el que nos vamos a reunir los ponentes y coordinadores hasta que podamos ponernos de acuerdo y hagamos una ponencia para primer debate. Vamos a estar informándoles a las comisiones conjuntas terceras los avances que vamos dando para que entendiendo la premura del tiempo demos el suficiente debate y la ley pueda estar vigente antes de que se acabe el año”.

Contra el tiempo

Sobre la ponencia afirmó que “la próxima semana tenemos comisiones conjuntas. ¿Cuándo tenemos la ponencia? No sabría decirle. Todos sabemos que se necesita con la mayor urgencia posible. Yo pensaría que antes de que se acabe este mes debería estar aprobado el proyecto en primer debate, pero eso es una apreciación personal”.

Pérez afirmó que ve “un ambiente propositivo. Los congresistas debemos entender que este es un proyecto que no es solamente para el Gobierno sino para el país, para el crecimiento económico, el recaudo, atraer la inversión, darle mayor seguridad jurídica al país, perseguir la elusión y la evasión a través de la transformación de la DIAN, que está dando muy buenos resultados, darle impulso a la formalización laboral a través del régimen simple. Veo un ambiente positivo en la medida en que los congresistas han entendido que este es un proyecto que necesita el país”.

En ese sentido, también se expresó el senador uribista Ciro Ramírez, quien manifestó que, aunque miembros de partidos como Liberal y La U quieren hacer cambios “son conscientes de aprobar el proyecto para darle seguridad jurídica a la economía, darles tranquilidad a los inversionistas. Hay la consciencia general de que debe aprobarse”.

El representante por Atlántico, Armando Zabaraín, del Partido Conservador, señaló que los coordinadores y ponentes analizarán a partir de la próxima semana las proposiciones para incluir en el articulado. En relación sobre la reunión del miércoles, manifestó que “el señor Ministro de Hacienda hizo su presentación. Presentó 47 artículos, de los cuales cinco son para eliminar, y los demás son para hacerles unas modificaciones. Nos dedicamos a evaluarlos, estuvimos de acuerdo en las modificaciones que se presentaron. Estamos ahora en el tema de evaluar proposiciones. Estamos mirando el sentido que tienen y eso seguiremos trabajando”.

“Vamos con calma a revisar para presentar una ponencia en la que estemos de acuerdo”, remarcó.

Inquietudes

Por su parte, el representante por Santander Víctor Ortiz, del Partido Liberal, señaló en relación con la posibilidad de modificaciones que “se va a hacer un análisis, se van a escuchar algunos sectores y el próximo miércoles están citadas las comisiones conjuntas de Cámara y Senado y se empezaría a analizar.  Los partidos, tanto el Partido Liberal, Cambio Radical y algunos de La U también manifiestan que se debe analizar artículo por artículo”.

Sobre los artículos, manifestó que “hay varios que generan inquietudes. Se va a mirar algunas derogatorias que han causado perjuicios. Hay que mirar cada artículo por sector qué beneficios ha traído para el país”.

“La posición del Partido Liberal es que se va a mirar la ley nuevamente. No se va a votar como lo ha planteado el gobierno de no hacer discusión sino aprobar tal como está. Tenemos que cumplir el papel como legisladores de analizar esta nueva ley para ver qué beneficios tiene y lo que no sirva pues se retira”, subrayó.  

El proyecto de reforma tributaria debe quedar listo en diciembre antes que los legisladores se marchen de vacaciones. La iniciativa presentada, a finales del mes pasado, por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene 110 artículos, y explicó que algunos de los artículos fueron suprimidos porque perdieron su vigencia, pero enfatizó en la similitud del texto que no pasó el examen de la Corte.