NO ES claro el futuro energético del país. Pese a que el discurso del Gobierno está centrado en la transformación del sector dejando el uso del petróleo, el carbón y el gas para bajar la dependencia, no es ostensible el panorama actual.

En el medio aparecen los deseos del presidente Gustavo Petro de intervenir las tarifas, transformar la Comisión de Regulación y frenar la gestión de las grandes empresas del sector.

A la par surge la incertidumbre y el temor de los inversionistas que quieren dejar proyectos que van en línea con los objetivos de energías limpias, como la eólica, pero que se cansan de la falta de gestión y de trámites para emprender y desarrollar sus negocios.

Previo a ello, cabe destacar los aspectos que generan confusión y desconfianza en el sector:

1. Las subastas de energía

El pasado 15 de febrero se realizó la subasta de Asignación de Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad en Colombia (para el periodo 2027-2028) con una asignación total de 4.489 MW (megavatios), de los cuales 4.441MW representan a las plantas solares y 48 MW para térmicos con tecnología de biomasa, biogás y repotenciación de una planta existente.

Al respecto, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) considera que la baja asignación de energía firme en esta subasta −que es la que garantiza que se pueda atender a todos los usuarios del país− menoscaba la firmeza y disponibilidad confiable del suministro para atender los requerimientos energéticos de los colombianos en el futuro y afecta los objetivos de la transición energética justa.

Al respecto, la Contraloría General de la República expresó algunas preocupaciones como que en la subasta de energía en firme del pasado 15 de febrero se asignaron esos 4.489 megavatios y nadie garantiza que no pase lo que ha sucedido con subastas anteriores, que se han adjudicado como 6.000 o 7.000 megavatios, pero no ha entrado ni el 60% de lo adjudicado.

2. Se aleja la inversión

Las decisiones que tomaron las multinacionales Enel y Celsia con dejar proyectos eólicos en la costa norte, que son los indicados para adelantar la transformación energética del país, han generado incertidumbre en los mercados sobre todo entre los inversionistas que esperaban con optimismo que se abrieran más oportunidades.

El presidente de Celsia, Ricardo Sierra, confirmó que, ante diferentes particularidades, la empresa está pensando en vender sus proyectos eólicos en La Guajira. Sierra explicó que para llevarlos a buen término se debe contratar el equipamiento con casi cuatro años, debido a los espacios de producción que tienen los diferentes productores del sector, espacios que a su vez calificó como complejos.

A esta decisión se suma la que tomó en mayo pasado Enel Colombia, que suspenderá indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi (205 MW) en La Guajira.

Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, recalcó que “los proyectos tienen que ser sostenibles no solo desde el punto de vista social, sino también económico y su éxito depende del trabajo conjunto entre empresas, instituciones y comunidades. Continuaremos dialogando con las comunidades y grupos de interés para abordar las implicaciones de esta decisión”.

3. Nivel de los embalses

Colombia se enfrenta a una preocupación creciente en relación con la gestión de sus recursos hídricos y el suministro de energía, debido al fenómeno de El Niño. Desde diciembre de 2023 hasta el 18 de febrero de 2024, el nivel de los embalses del país ha caído drásticamente de 70,2% a 57,80%, lo que representa una reducción de 12,4 puntos porcentuales.

Diego Mesa, exministro de Minas y Energía, expresó su inquietud sobre esta situación, señalando que el descenso acelerado en el nivel de los embalses es motivo de preocupación, especialmente porque está “muy por debajo de los promedios históricos para esta fecha”. La situación es aún más alarmante teniendo en cuenta que analistas como Julio César Vera, presidente de Xua Energy, predicen que en los próximos días el nivel podría disminuir hasta un 50%.

4. La CREG y ley de servicios públicos

Luego de que el Consejo de Estado decretara la suspensión temporal del decreto del 16 de febrero de 2023 con el que el presidente Gustavo Petro buscaba reasumir algunas de las funciones de carácter regulatorio de Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la situación de esta entidad prácticamente quedó sin soluciones.

Sin embargo, el mandatario cambió de estrategia y ahora pretende mediante un proyecto de ley de servicios, abrogarse las decisiones claves para el sector.

El borrador conocido, de 140 artículos y 85 páginas, le da al presidente de la República la capacidad de regular los servicios públicos de forma directa.

Las modificaciones que hace sobre las leyes 142 y 143 de 1994 le darían al mandatario la posibilidad de regular directamente sobre los servicios públicos. En este sentido, en el artículo 40 de este borrador se añade a la ley 142 que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley, o delegarla en las comisiones de regulación”.

5. Las protestas en la Costa Caribe

Ante la situación de las tarifas de energía en la costa Caribe, esta semana la bancada Caribe del Congreso, alzó su voz en el Congreso por el presunto abandono de la CREG.

La congresista Ángela Vergara publicó en su cuenta de Instagram: “En el inicio de sesiones 2024, desde el Congreso, la bancada de la costa Caribe alzó la voz por nuestra gente. La costa Caribe en general padece las injusticias económicas de las empresas de energía que iniciaron como un remedio, y ahora son peor que la enfermedad. Pero también la alzamos por el abandono de la CREG que no se ha sumado como debe ser a esta gran cruzada del Caribe”.

6. La opción tarifaria

La opción tarifaria fue un mecanismo que permitió en la pandemia de covid-19 que se congelaran las tarifas eléctricas para que no hubiera afectaciones por el alza de precios, después de que la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis) alertó en una carta que la medida les representaba una pérdida de $ 4,9 billones que esperaban recuperar con cobros diferidos.

El exministro Minas y Energía de Duque, Diego Mesa, sostuvo que la medida fue creada por la Ley 143 de 1994 y que su aplicación en pandemia por las comercializadoras fue voluntaria. Aseguró, además, que al final del periodo presidencial se pagó la totalidad de las deudas por concepto de subsidios causados en 2020 y 2021 por $ 8,4 billones.

Sin embargo, el ministro de Minas, Andrés Camacho, afirmó que la norma “en ninguna parte establece la opción tarifaria a la que se hace mención” y que fue Duque quien obligó a las comercializadoras a ponerla en práctica. Aclaró que la administración anterior pagó los subsidios de electricidad, pero dejó una deuda con el mecanismo tarifario de $ 5 billones.

7. Emergencia Guajira

Con la decisión de la Corte Constitucional al declarar inexequible el Decreto 1085 de 2023, que estableció el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, casi todos los proyectos que debía desarrollar el Gobierno quedaron en el limbo.

Entre ellos figuraban abordar los elementos fundamentales de la crisis en el departamento, principalmente en la falta de servicios públicos como agua, luz y energía.

La decisión de la Corte Constitucional tiene efectos diferidos por un año en lo que respecta a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la escasez de agua y electricidad. Además, se exhorta al Gobierno nacional y al Congreso de la República a adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que afecta a la región y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la zona.