Para este año parece que se cumplirá con la regla fiscal, pero ante el incremento del gasto y los compromisos del Gobierno parece que en 2020 ya hay un descuadre importante

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Los alivios sociales que el Gobierno ha ofrecido a los colombianos y que actualmente están incluidos en el proyecto de la Ley de Crecimiento Económico que cursa en el Congreso, va a afectar el déficit fiscal y de paso podría hacer que las calificadoras de deuda soberana del país cambien de concepto.

Este es el riesgo que tiene actualmente el Gobierno. Para este año la meta de déficit fiscal del 2,4%, y que fue ampliada a 2,7% por la Comisión de la regla fiscal, no tendrá ninguna complicación.

Los efectos de la reforma serían para 2020 y 2021, con lo que cambiarían las perspectivas de las calificaciones de la deuda y con ello encarecerían los intereses por las obligaciones tanto privadas como públicas.

Para 2020 Colombia tiene que cumplir con la regla fiscal de 2,2% en sus cuentas.

La Nación arrastra un déficit en sus cuentas cercano a $14 billones. Cuando se adoptó la Ley de Financiamiento, se consideró que con ello el Gobierno recaudaría alrededor de $19 billones, pero a su paso por el Congreso, la reforma se fue debilitando hasta quedar en un recaudo de $7 billones.

El impacto

Sin embargo, ahora que el Gobierno ofreció los cuatro puntos sociales a los colombianos, es decir una rebaja en el pago de la salud de los pensionados de 12% a 8% inicialmente y luego al 4%, la devolución del 100% del IVA al 30% de la población más vulnerable, el no pago de IVA durante tres días al año, y la ayuda a las empresas para que contraten jóvenes, este costo cercano a los $4 billones, tendría que sumarse al descuadre fiscal.

Con anterioridad a estas medidas, ya alguna de las calificadoras habían advertido sobre el hueco fiscal a mediano y largo plazo.

Por ejemplo, la firma Fitch dijo que Colombia probablemente deberá efectuar algún ajuste adicional en sus ingresos o en sus gastos para cumplir con su meta de déficit fiscal de 2020, debido a que los supuestos macroeconómicos son muy optimistas.

La agencia calificadora de riesgos resaltó lo que consideró un favorable desempeño de la cuarta economía de América Latina en la primera mitad del año, cuando registró una expansión de 3%.

“Si bien son positivos, los datos macroeconómicos y fiscales del primer semestre de 2019, no alteran nuestra visión de los riesgos que enfrenta Colombia para lograr sus objetivos fiscales a mediano plazo y estabilizar la dinámica de la deuda pública, factores que contribuyen a la perspectiva negativa en la calificación de Colombia”, indicó un reporte de Fitch.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las tres firmas calificadoras del país, se ha manifestado sobre el impacto fiscal que puede tener los cuatro alivios sociales que el Gobierno decidió incluir en la Ley de Crecimiento Económico.

Concesiones

Según Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana,  “estas son concesiones bien pequeñas para seguir justificando $9 billones en recortes tributarios a las empresas y personas de más altos recursos del país”, sumado a que, en su concepto, los días sin IVA generarían un “enredo” tributario para el país.

En parte coincidió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, que añadió que “los estudios disponibles sobre el efecto de días sin IVA muestran un impacto más bien limitado y mucho de sustitución de compras hacia los días con exenciones”.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda señalan que el primer bajonazo le implicaría al Estado asumir un costo fiscal de unos $400.000 millones, en tanto que la rebaja hasta el 4% supondría que la Nación pague $900.000 millones cada año por asumir este porcentaje adicional.

Además, como cada año hay más pensionados y va aumentando el salario mínimo, el Gobierno calcula que anualmente esta renta le aumentaría aproximadamente en $100.000 millones. No es gratuito que el director de Fedesarrollo afirmara que esta medida “ha sido reclamada hace mucho tiempo”, pero “tiene un costo fiscal que puede ser importante”.

El directivo planteó que si el país tiene un espacio adicional para gastar en este frente, “el foco debería estar en el 75% de los adultos mayores que hoy no tienen acceso a una pensión contributiva, por ejemplo aumentando sustancialmente la cobertura de los más vulnerables a través del programa Colombia Mayor”.

Las metas

Sin duda la calificadora Ficht dice que la meta fiscal de Colombia para 2020 estaría en riesgo por disminución de ingresos. Señala en un informe que “la persistencia de un bajo crecimiento podría afectar el desempeño fiscal y el apoyo a políticas macroeconómicas prudentes”.

Por su parte la calificadora Moody´s dice que de todos modos cumplir con la meta fiscal luego de 2019 será todo un reto.

Indican que “las modificaciones frecuentes a las metas fiscales reducen la credibilidad de la regla fiscal. Cada vez que se han revisado las metas, el Gobierno ha utilizado en su totalidad el espacio concedido por la revisión. Esto implica que haya dependido de eventos excepcionales para alcanzar sus metas fiscales”.

Ante este panorama sostienen que “hacia adelante no esperamos que los ingresos del Gobierno se incrementen tanto como esperan las autoridades, ya que nuestras proyecciones de PIB son inferiores y los ingresos deberían reducirse como consecuencia de la disminución en los impuestos”.

Asimismo sostienen que “los menores ingresos de los esperados y mayores costos provenientes de la migración venezolana dificultarán el cumplimiento de las metas fiscales en 2020 y 2021”.

“Considerando nuestras menores proyecciones de crecimiento, anticipamos que la reducción del déficit fiscal estimada para 2020 y 2021 no será tan significativa como lo anticipado por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal.

Esperamos que la deuda del Gobierno se estabilice en alrededor del 48,5% del PIB entre 2019 y 2020, con un PIB del 3,3% en 2019”. Dicen que el gobierno cumpliría con la meta fiscal de 2019, pero su cumplimiento hacia adelante parece retador.

Señalan que “incluso, cuando este número se ubica dentro de la distribución de las economías emergentes y de mediano ingreso, hacia adelante el panorama luce más retador, partiendo del hecho de que los ingresos como porcentaje del PIB, dados los recortes tributarios impuestos por la Ley de financiamiento, tenderían a disminuir en vez de incrementarse. Esta situación dejaría a Colombia más rezagada dentro de su escenario de economías comparables”.