El incremento de la deuda externa del país tiene con los ojos bien abiertos a las firmas calificadoras, que en varias oportunidades han señalado que una condición necesaria para mantener la nota del país es la disminución de los indicadores de obligaciones pendientes.

Para los analistas del Credicorp Capital “mientras el Ministro de Hacienda presume que los indicadores de deuda empezarán a disminuir en el 2020, pero surgen dudas por las recientes propuestas y compromisos adquiridos”.

Según el Gobierno, la deuda pública se empezaría a disminuir en 2020, lo cual es un factor crucial para la sostenibilidad de las cuentas fiscales en el largo plazo y para la preservación de la calificación soberana.

“Dicho esto, señalamos que el gobierno ha decido reconocer el cumplimiento de algunas obligaciones y programas sociales a través de emisiones de TES en pesos, lo cual no estaría reflejado en el déficit fiscal, pero representa presiones sobre el endeudamiento”, sostienen los economistas del Credicorp.

Indican que “así, dependiendo de la decisión final del gobierno y sus resultados, no podemos descartar que Fitch recorte la calificación soberana de BBB a BBB- antes de terminar el año o en el primer semestre de 2020, después de haber revisado el outlook de estable a negativo en los últimos meses”.

Debates

Además, cabe mencionar que actualmente hay un tenso debate en torno a la posibilidad de vender activos no estratégicos por diversas razones: i) los ingresos provenientes de la venta de estos activos deberían ser usados para inversión, y no para gasto corriente; ii) se ha anunciado que la adquisición de estos bienes podría darse por parte de otras entidades públicas que no hacen parte del Gobierno Central; y iii) la posibilidad que los ingresos se contabilicen "por encima de la línea", lo que ha causado ruido y fuertes discusiones públicas.

Si bien no se han tomado decisiones finales, ya que los resultados fiscales en 2019 han sido mejores de lo previsto y la venta de activos aún no ha sido necesaria, todos estos factores deben ser objeto de seguimiento en lo que respecta a las perspectivas de las cuentas fiscales, los indicadores de deuda, y de la calificación soberana.

“En cualquier caso, seguimos creyendo que el Ministerio de Hacienda tomará las medidas necesarias para mantener la tendencia a la baja en el déficit fiscal en los próximos años (como ha sido el caso durante las dos últimas décadas, las cuales se han caracterizado por tener grandes desafíos en materia fiscal), por lo que en nuestro escenario base seguimos asumiendo que Colombia preservará el estatus de Grado de Inversión. De hecho, consideramos que el debate fiscal es un factor importante que puede contribuir a mejorar las prácticas y las decisiones en el largo plazo”, aseguran los analistas.

La deuda

A junio de 2019, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US$134.972 millones (41,6% del PIB), con incremento de US$3.025 millones (2,3%) respecto a diciembre de 2018. El 84% de este saldo corresponde a créditos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y a títulos de deuda.

El aumento del saldo en lo corrido del año se explica por el mayor endeudamiento de largo y de corto plazo en US$1.972 millones (1,8%) y US$1.053 millones (5,2%) respectivamente.

Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 54% del total y la del sector privado el 46%. El 14% de la deuda externa total corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

En junio de 2019, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó un monto de US$73.211 millones, mayor en US$212 millones (0,3%) respecto a diciembre de 2018. Dicho saldo equivale al 22,6% del PIB estimado para 2019.

El aumento del saldo fue explicado por el mayor endeudamiento de largo plazo, US$405 millones (0,6%), parcialmente compensado por la reducción del saldo de corto plazo, US$193 millones (25.2%).

Del saldo de la deuda contratada a mediano y largo plazo, el 71% está en cabeza del gobierno central, seguido por las entidades descentralizadas nacionales que responden por el 20% y el restante 9% corresponde a obligaciones de otros deudores.