Pese a las medidas de contingencia instauradas por el Gobierno y distintas compañías áreas, más de 150 mil pasajeros siguen esperando a que se les solucione su situación y puedan viajar a sus destinos.
Esto se debe al cierre de las aerolíneas Ultra Air y Viva, en la que se han presentado represamientos en las terminales aéreas.
Ayer, la Procuraduría General de la Nación pidió una mayor coordinación entre la Aeronáutica Civil, el Ministerio y la Superintendencia de Transporte para brindar una mejor información a los pasajeros que están llegando a los aeropuertos del país a solicitar información sobre sus vuelos, tras la suspensión de operaciones de las aerolíneas.
La observación fue realizada por el Ministerio Público en el Puesto de Mando Unificado instalado para atender la emergencia en el transporte aéreo durante esta Semana Santa, al verificar que muchos usuarios, especialmente adultos mayores, están llegando muy desorientados a las terminales aéreas a solicitar información, y la demora en su atención está generando una gran congestión.
De acuerdo con cifras compartidas en el PMU, hasta el momento se recibieron más de 60 mil quejas de pasajeros que tenían tiquetes de Ultra Air, de los cuales 3.043 recibieron algún tipo de protección o apoyo, así como se realizaron 176 vuelos con destino a San Andrés Islas sin costo.
Asimismo, se conoció que el Gobierno por medio de la Superintendencia de Transporte va a instaurar demandas contra los presidentes tanto de Viva Air como de Ultra Air, debido a las irregularidades que se presentaron antes y durante el anuncio del cese de operaciones.
Ya la semana pasada comenzaron a conocerse las primeras medidas que dictó la SuperTransporte.
De acuerdo a la orden administrativa contenida en la Resolución N. 948 del 22 de marzo de 2023, la entidad emitió un requerimiento a la low cost exigiendo la implementación inmediata de todas las medidas de protección para los usuarios que se presentaron en el plan de contingencia.
Como primera medida, la Supertransporte exigió a la administración de Ultra Air el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten; así mismo su reubicación en vuelos de otras aerolíneas (Avianca, Latam y Wingo ya se ofrecieron para dar solución) en las rutas operadas por Ultra Air.
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Incluso, la directriz de la entidad ordena a la low cost que se contraten vuelos especiales con otras aerolíneas y operadores no regulares, y la contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.
Además, le ordena la puesta en marcha de un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia, y se les insta a mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.
Sin embargo, la medida que más llama la atención es la solicitud elevada a la Superintendencia de Sociedades (mediante oficio N 20233000006819) que inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air “de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006”.
El cese de operaciones de la aerolínea Ultra Air se presenta a escasas justo con la temporada Semana Santa, en el que quedaron sin atender 17 rutas nacionales, de las cuales 11 conectan al centro del país con la región de la costa Caribe.
Cabe recordar que el miércoles pasado se conoció que la operación de Ultra Air, la aerolínea de bajo costo, habría llegado a su fin. En la página web de la compañía se dejaron de vender tiquetes para todas las rutas.
La low cost contaba con seis aviones, pero luego se conoció que perdería tres, a petición de los arrendadores. Y su situación financiera se complicó debido a que no les llegó un desembolso por un crédito solicitado a una entidad bancaria, derivado del anuncio de la también low cost JetSmart de desestimar la carta de intención para una posible integración con Ultra Air. Esto obligó a su administración a dejar sus aviones en tierra.
Además, también se encontraba buscando un respaldo del Fondo Nacional de Garantías por hasta US$22 millones, que no pudo concretar dada su crítica situación financiera.