En un paso hacia la garantía de derechos consagrados en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, el Ministerio de Justicia asignó recursos por un valor de $271'500.000.
Esta inversión busca fortalecer el mecanismo independiente encargado de promover y supervisar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, cumpliendo así con el artículo 33 de la mencionada Convención.
La asignación de estos fondos se realiza a través de una resolución de artículo 33 que respalda la labor de la Alianza Coordinadora de Organizaciones Nacionales, un mecanismo independiente integrado por la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y organizaciones de personas con discapacidad.
Este grupo, constituido en julio de este año, tiene como objetivo principal supervisar y promover los derechos de las personas con discapacidad en el país.
El Ministerio de Justicia decidió destinar un presupuesto independiente para hacer operativo este mecanismo. En palabras oficiales, se destaca que esta asignación busca garantizar que el mecanismo independiente pueda cumplir eficientemente con la supervisión de los derechos consagrados en la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad.
El comunicado de prensa del Ministerio resalta la importancia de este respaldo financiero, señalando que "busca que el mecanismo independiente pueda cumplir eficientemente la supervisión de los derechos, consagrados en la Convención, de las personas con discapacidad en Colombia".
Además de la supervisión continua, se espera que este mecanismo independiente inicie la elaboración de un informe alternativo que será presentado ante el Comité de la Convención de la ONU en septiembre de 2024. Este informe buscará dar cuenta de la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el país.
En paralelo, la entrega de recursos por parte del Ministerio de Justicia es un paso importante para la Alianza Coordinadora de Organizaciones Nacionales, que se constituyó legalmente en septiembre de 2023 como una organización sin ánimo de lucro. Este grupo se encargará de realizar acciones concretas para promover, proteger y supervisar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
El dinero asignado será utilizado para diversos fines, incluyendo la contratación de personal especializado para recopilar y contrastar información sobre la discapacidad y las políticas estatales relacionadas. La Alianza se convertirá así en un puente entre la sociedad civil discapacitada y las instancias gubernamentales, asegurando una participación más equitativa en decisiones que afectan su inclusión y derechos.
Este paso, respaldado por el programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se presenta como un avance hacia la inclusión y justicia social que la población con discapacidad lleva años solicitando.
Aunque Colombia ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2013, las barreras físicas, actitudinales y comunicativas persisten, y la asignación de estos recursos representa un compromiso tangible para superar estos desafíos.