La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de Perú ha rechazado este jueves tramitar la propuesta de acusación constitucional contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y otros ocho exministros por el presunto delito de homicidio calificado por la muerte de manifestantes durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La acusación, presentada por la exfiscal general Patricia Benavides en la que señalaba que la protección de la vida de los ciudadanos es uno de los aspectos fundamentales de la función presidencial, ha sido rechazada con 14 votos en contra y cuatro a favor, según ha informado la emisora de radio RPP.
Esta decisión tiene lugar después de que la ONG Amnistía Internacional (AI) señalara durante la jornada que la muerte de unas 50 personas durante las protestas antigubernamentales registradas podrían salpicar no solo a la presidenta del país, Dina Boluarte, sino también a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en lo que consideran es "uno de los episodios más graves de violaciones masivas de Derechos Humanos" en la historia reciente de la nación andina.
Por otro lado, la SAC ha aprobado con 17 votos a favor y dos en contra el informe de calificación de denuncia constitucional presentada por el fiscal Juan Carlos Villena Campana en contra de Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el marco del caso 'Rolex', tras haber recibido en calidad de "préstamo" lujosos relojes por parte del presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se habría beneficiado con partidas presupuestales adicionales para la región.