Las empresas mineras de América Latina deben superar una serie de obstáculos, que incluyen consideraciones ambientales y sociales, para asegurar tanto la viabilidad de largo plazo de su producción como el reemplazo adecuado de recursos mediante inversiones para el crecimiento. En un nuevo informe, Moody's Investors Service señala que la industria minera de la región está expuesta a riesgos ambientales y sociales que probablemente afectarán la calidad crediticia.

"En América Latina, los principales riesgos ambientales son la contaminación del suelo y el agua y las restricciones en el uso de tierras, la escasez de agua, los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, mientras que los riesgos sociales más prominentes están relacionados con la salud y la seguridad, el capital humano y la producción responsable", dice Barbara Mattos, senior vice president de Moody's. "La industria minera afronta riesgos sociales relacionados con sus operaciones, incluyendo conflictos laborales, desafíos en las relaciones con las comunidades locales y disputas sobre el uso de recursos naturales".

Preocupaciones

La industria minera brasileña ha sido severamente afectada por las consecuencias de desastres naturales y desastres causados por el hombre. Las preocupaciones en materia de seguridad se incrementaron después de los dos accidentes que provocaron la ruptura de una presa de la empresa Samarco en el estado de Minas Gerais en noviembre de 2015 y el colapso de una represa de la empresa Vale (calificación de Ba1 con perspectiva estable) en la ciudad de Brumadinho en enero de 2019. Una regulación más estricta para la gestión de presas de retención de residuos en el país, provocó una prohibición de presas de retención aguas arriba con estructuras existentes programadas para ser desmanteladas en los próximos años.

Moody's dice que las empresas mineras chilenas dedicadas a la extracción de cobre afrontan algunos desafíos estructurales que continuarán incrementando los costos por unidad de la industria a largo plazo, en particular el agotamiento de minas, la caída de las leyes del mineral y la baja productividad laboral. Los riesgos ambientales y sociales, tales como la escasez de agua y las dificultades en las relaciones laborales, añaden presiones a los costos de las empresas.

En Colombia

Las consideraciones ambientales y sociales aumentan los riesgos regulatorios en México. Los conflictos que surgen con comunidades cercanas en torno al acceso a tierras o a los recursos naturales presentan riesgos para las empresas mineras. Un intento del Gobierno federal a finales de 2018 para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años.

En Perú, los conflictos con las comunidades pueden aumentar los costos y retrasar las inversiones de las empresas mineras, así como sucede en Colombia con demoras en las licencias ambientales y el cambio de reglas para la explotación.

Bajo la ley peruana, las empresas mineras deben consultar con las comunidades antes de comenzar un proyecto y, en los últimos años, bloqueos y protestas sobre el impacto ambiental de las actividades mineras han suspendido o retrasado varios proyectos.