La empresa venezolana que fabrica fertilizantes en Colombia, Monómeros, se convirtió en punto álgido de la política en Venezuela con cuestionamientos que profundizan las fracturas entre adversarios del presidente socialista Nicolás Maduro, y renuevan tensiones entre Caracas y Bogotá.
El control de Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), fue dado al líder opositor Juan Guaidó en 2019, cuando se autojuramentó en una plaza como presidente encargado del país con reconocimiento de medio centenar de gobiernos, incluido el de Colombia, en una frustrada ofensiva por sacar del poder a Maduro.
La oposición asumió también en Estados Unidos la administración de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Dos años después, autoridades de Colombia intervinieron Monómeros ante dificultades de flujo de caja, abriendo dudas alrededor de su futuro.
¿Está en quiebra?
"Nos robaron y nos secuestraron la empresa Monómeros y ahí está quebrada. ¡La quebraron!", dijo Maduro el viernes pasado en un acto televisado.
El 22 de septiembre, Monómeros solicitó acogerse a un programa de rescate de empresas creado en Colombia por la pandemia de covid-19.
Constituida en 1967 y controlada por el estado desde 2007, esta firma fabricante de fertilizantes e insumos de alimentos para animales, pide al gobierno colombiano tres meses para presentar un plan de renegociación de compromisos financieros y entregas.
"No es una quiebra", negó en un comunicado Monómeros, que reportó US$8,3 millones de beneficios en 2020. "Es simplemente un trámite rápido de negociación extrajudicial" con acreedores.
La petición llegó 16 días después de que la Superintendencia de Sociedades colombiana sometiera a Monómeros a "control", medida de supervisión por la que puede ordenar "correctivos" ante "situaciones críticas de orden jurídico, contable, administrativo y económico".
"Monómeros es y seguirá siendo propiedad de los venezolanos", reaccionó Guaidó, pero agradeció "la protección" de activos estatales bloqueados en el extranjero por las sanciones financieras encabezadas por Washington contra Maduro.
Ya Monómeros fue puesto bajo "control" en 2019. La supervisión "no desplaza a los accionistas", pero podrían llegar "medidas más drásticas como una liquidación" si no mejora la situación, explicó a la AFP Rafael Wilches, director de la especialización en Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Monómeros genera más de 1.600 empleos y surte a unos 800.000 agricultores en Colombia, dijo a la AFP un vocero de la firma. Domina, según gremios, 50% del mercado en su área en ese país.
¿Rompe a la oposición?
Directivos de Monómeros se ven salpicados por acusaciones de irregularidades, señalados de buscar la quiebra para rematar la firma. El sindicato de la compañía denunció un contrato, anulado después del escándalo, para traspasar 60% de las utilidades a una empresa privada panameña, así como pagos por "asesorías" que tildó de "innecesarias".
Guaidó planteó "reestructurar" la junta directiva de la empresa, pero no hay acuerdos entre los opositores.
Las diferencias son públicas: Primero Justicia (PJ), uno de los principales partidos opositores venezolanos, marcó distancia con Voluntad Popular (VP), la organización política de Guaidó y su mentor, Leopoldo López. "Anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios" relacionados con "activos en el exterior", dijo en un comunicado el 27 de septiembre.
Monómeros se manejó "con criterios absolutamente partidistas", criticó en una entrevista con una radio en Miami Julio Borges, del PJ, pese a ser el 'canciller' de Guaidó.
Había diferencias previas en la oposición en temas medulares como las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre, en las que la oposición romperá el boicot mantenido contra las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020, que califica de "fraudulentas". Unificar candidaturas ha sido difícil y aún hay voces que rechazan ir a las urnas.
¿Negociación?
Maduro instruyó a sus delegados en las negociaciones que emprende en México con la oposición que exigieran que Monómeros vuelva al control de la estatal Pequiven.
La representación del mandatario denunció una "operación de saqueo" que, según el oficialismo, incluye la intervención de Monómeros en Colombia y la posibilidad, esbozada en una carta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, de que se autorice la venta de acciones de Citgo en 2022 para responder a acreedores de Venezuela.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, anunció que el gobierno ejercería "acciones legales" para "rescatar" ambas empresas.
La Fiscalía abrió otra investigación penal contra Guaidó por este caso, la vigésimo sexta contra él.
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La expresidente
Por su parte, Carmen Elisa Hernández, expresidente de la junta directiva de Monómeros, aseguró que no recibió instrucciones del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ni del opositor Leopoldo López, sobre las decisiones que debía tomar durante su gestión de la compañía.
"Actué, decidí y recomendé siempre en función de mis criterios profesionales y pensando en lo mejor para la empresa. Mi relación con las entidades del gobierno interino, es decir, Asamblea Nacional, Contraloría, Procuraduría y Centro de Gobierno, se llevaron en el marco institucional y de rendición de cuentas, cada vez que fueron requeridas y solicitadas por dichos entes del Estado", aseveró.
Hernández señaló en un comunicado que considera "pertinente, correcta y apropiada" la decisión del Gobierno colombiano de "tomar el control de Monómeros para protegerla de las múltiples amenazas que la rodean y para garantizar las condiciones que le permitan operar en función de su propio desarrollo".
Así, explicó que en las oficinas de la empresa se ha cedido un "espacio para el funcionamiento de la Embajada de Venezuela en Colombia", lo que implica un "intercambio recurrente entre el exembajador Humberto Calderón Berti y los miembros de la administración de Monómeros".
Hernández también dijo que la politización de la empresa es "parcialmente cierta", si bien ha subrayado que la realidad de la compañía es mucho más compleja. "En la situación de crisis de hoy, concurren problemas históricos como la falta de mantenimiento, el cierre de las fuentes crediticias, el aumento desbordado del costo de las materias primas, y muchos otros, a lo que viene a sumarse el creciente deterioro reputacional de Monómeros, producto de las dificultades derivadas en su contexto corporativo y comercial por su relación con el régimen", ha sostenido.
Además, ha recalcado que su nombramiento en la directiva de Monómeros se fundamentó en sus credenciales personales y profesionales, que incluyen una trayectoria laboral de 14 años en Petróleos de Venezuela, experiencia como consultora general en Venezuela y otros países de América Latina y siete años como directora general de la Alcaldía de Baruta, entre otros trabajos.
Referente a la situación de la empresa, el representante César Lorduy (Cambio Radical), uno de los congresistas que más conoce del tema, dijo que “hoy está bajo vigilancia y control especial de la Superintendencia de Sociedades. Está en una situación donde la empresa se ha acogido al decreto 560, lo que llaman comúnmente proceso de insolvencia exprés. Y entre todas esas circunstancias está tratando de sobrevivir para garantizar la estabilidad de los empleados y la continuidad en la fabricación de los fertilizantes”.
Sostuvo que “Monómeros es una empresa constituida hace 53 años. Se constituyó en Barranquilla por muchas razones, entre otras, porque cuando se construyó entre las pocas ciudades que tenían gas natural en Colombia estaba la capital del Atlántico. Y, porque, además, para hacer operaciones tan grandes de carácter logístico se requiere tener un puerto y Monómeros tiene tres puertos en Barranquilla a la orilla del río. Terminaron siendo accionistas el gobierno colombiano, a través de Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial (IFI). Ese es el origen de Monómeros”.
Indica el parlamentario que “en 2005, el gobierno colombiano decidió vender su participación, es decir Ecopetrol y el IFI, y por efectos de derecho de preferencia esa participación la compró la empresa Pequiven, que es una empresa estatal venezolana, y en consecuencia terminó siendo una empresa de ese país”.
Respecto a los cambios en la empresa, Lorduy manifestó que “ha sido sujeta a muchos cambios, producto de esa situación política. Entre ellos el hecho de que Colombia solo reconoce como presidente de ese país a Juan Guaidó. Entonces él es el representante de esa empresa estatal venezolana llamada Pequiven y, como consecuencia, nomina a través de la Asamblea Legislativa los cargos directivos. Y de acuerdo con los últimos acontecimientos, esos mismos directivos, en lugar de trabajar para la empresa, estaban trabajando para que la empresa estuviera en situación de dificultad", comentó.