LA ADVERTENCIA que el exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo en un conversatorio durante la Convención Bancaria en Cartagena, al asegurar que “la visión de Colombia ha tenido cambios y se ha apagado”, fue premonitoria de lo que sucedería dos horas después del pasado jueves.

A ‘regañadientes’, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció el bloqueo de manera parcial y temporal en todas las entidades del Estado de algunas partidas presupuestales que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación y que a la fecha aún no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

La cartera informó, que esta decisión se adoptó “en espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024, y se puedan liberar paulatinamente estas apropiaciones”.

Esa decisión confirmaba que la vela que mantenía encendida la economía colombiana se estaba apagando y que el Gobierno no tenía otra alternativa que dar marcha atrás en sus anuncios optimistas sobre el manejo fiscal.

Incluso desde hace un año, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana habían advertido, cuando se presentó el anterior Marco Fiscal de Mediano Plazo, que el Gobierno se vería abocado a suspender algunos de los gastos dentro del Presupuesto General debido a las dudas que suscitaban algunas fuentes de ingreso. Todo lo anterior en medio de una economía estancada y que durante el primer trimestre del año creció un 0,7 %.

Cuadrar antes

Con razón, Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo a EL NUEVO SIGLO, que dentro de la ruta que se seguiría ahora, viene el hecho de que en ese consejo de ministros se decida sobre cuál es el monto real del déficit que en materia fiscal se presenta, para con ello aplazar los gastos. Nosotros como analistas consideramos que ese déficit como mínimo es de $25 billones y estaría sustentado bajo las siguientes premisas: primero, el Presupuesto General de la Nación del año 2024 se realizó con supuestos que no se dieron. Uno de los primeros supuestos que no se dieron fue que se supuso un crecimiento del 1,2 % y solamente se dio un crecimiento del 0,6 % o sea la mitad”.

Señala que “ese porcentaje básicamente deja un rezago de recursos tributarios para el estado de $9 billones. Igualmente, hay una segunda situación que está justificando este déficit y es que el presupuesto de rentas del año 2024 se estimó con una partida que se llama litigios tributarios, que nada corresponde a una renta legal vigente, sino que es una renta a manera de activo contingente, en el cual todo queda en las manos de una de una rama del poder público con un mecanismo de conciliaciones para lograr acuerdos de pago y con lo que se pretendían $12 billones. Pero el gobierno y el Congreso no le ha dado trámite al respecto. Eso no se da entonces $9 billones más $12 billones, dan $21 billones. El otro punto indefectible es que hubo un fallo reiterado de la Corte Constitucional acerca de la no deducibilidad de regalías. Eso arroja una cifra de $3,6 billones lo que arroja un total de $25 billones”.

¿Y cómo será?

Ante esta situación, ya el viernes, el ministro Bonilla dijo en la cumbre de Asobancaria, que el recorte de gastos del presupuesto sería de $20 billones, pero no dijo cómo sería esa media ni qué sectores serían los que sufrirían ese impacto.

Precisamente, el Gobierno convocó para mañana un consejo de ministros, y se espera que allí definan las cuentas, antes de las que deben anunciar el próximo 15 con el plan del Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se fijan las proyecciones macroeconómicas y de gasto oficial, para cerciorarse de que la reducción, además de ir en la dirección correcta, es suficiente.

Ante este inconveniente, el analista Amorocho sostuvo a este Diario, que “ojalá no se recorte la inversión porque el país está esperando que se haga inversión pública para recuperar la economía en infraestructura, sobre todo en vías y en vías terciarias que se requieren tanto para que haya movilidad de productos y los alimentos y sigan contribuyendo al buen al buen rendimiento del índice de precios al consumidor”.

Puntualizó que “esta decisión debe estar definida antes, porque si la decisión sale el día 13 o 14 de junio cuando vaya a presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo el Gobierno nacional, ya se tendría un dato del déficit fiscal depurado. Si esta operación se hace antes, indiscutiblemente sería muy positivo porque vamos a tener cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo más creíbles y desde luego las calificadoras de riesgo estarían mucho más tranquilas. Eso beneficiaría el mercado de deuda para el país en las entidades internacionales, porque se disminuiría el riesgo país”.

Transparencia fiscal

Por su parte, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sostuvo a este Diario, que una de las causas del problema fiscal es porque “a finales de abril de este año debieron haberse recaudado $105 billones para cumplir la meta de recaudo de 2024; sin embargo, solo se recaudaron $85 billones una diferencia de $20 billones que es justamente lo que anunció el ministro de Hacienda que iban a ser los recortes. Ahora esos recortes son necesarios y es lo fiscalmente responsable, especialmente si se quiere dar cumplimiento a la regla fiscal. Cabe recordar que él no cumplimiento de la Regla Fiscal enviaría una muy mala señal sobre el manejo de las finanzas públicas del país y por ende eso se traduciría en menos inversión, más devaluación y mayores tasas de interés y por lo tanto menos inversión privada”.

Señaló el experto que “los problemas del gasto son mucho más estructurales, primero hay que buscar una fórmula para cambiar el Sistema General de Participaciones porque hoy en día si por ejemplo el gobierno recauda $50 billones adicionales, al cabo de cuatro años tiene que girar $20 billones a las entidades territoriales es decir si realmente cualquier gobierno quiere buscar $30 billones de gasto adicional, en realidad tendría que recurrir a salir a recaudar $50 billones”.

Manifestó Pardo que “necesitamos urgentemente mayor transparencia en el uso de recursos sus públicos, porque finalmente el Gobierno está girando plata a las entidades y estas entidades giran esos fondos y ahí se pierde la trazabilidad del uso de los recursos de los fondos extra presupuestales, como bien lo ilustra lo que está pasando con el fondo de Atención de Emergencias de la Unidad Nacional de Gestión de riesgos y desastres”.

Gastos desbordados

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar, dijo a este Medio, que “esta es una expresión de la profunda crisis fiscal que está viviendo el país, que apenas está saliendo a flote en toda su gravedad. Esta medida lo que muestra es que mientras los gastos están desbordados al alza, los recaudos están desplomados a la baja. Y en ese sentido es una medida prudente, que terminará seguramente ya no con una transitoria suspensión de las apropiaciones, sino necesariamente con una reducción del volumen de gastos autorizado para este año”.

Metas ambiciosas

En tanto que el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo a este Periódico que “me parece que es una decisión sensata y responsable. Proponer un bloqueo parcial y temporal es muy importante en un momento en donde estamos absolutamente conscientes de que los ingresos tributarios no se están cumpliendo ni se van a cumplir por decisiones que no fueron acertadas en su momento, como por ejemplo haber incluido un rubro como arbitramento de litigios, que claramente no tenía sustento legal ni se iba a lograr”.

El economista señaló que los ingresos tributarios tampoco se están “dando por una profunda desaceleración en el crecimiento, que está derivado de no haber motivado un plan de reactivación hace rato. Y no se están generando tampoco esos ingresos derivado, entre otras, de haber incorporado unas metas demasiado ambiciosas dado el nivel de crecimiento de la economía y haber tenido un presupuesto de la nación que era muy alto para la capacidad del país en este momento de generación de ingreso”.