Una nueva demanda contra la reforma tributaria (denominada por el Gobierno como Ley de Crecimiento) fue radicada ante la Corte Constitucional.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, presentó la demanda contra el artículo 92 de la norma que establece una tarifa general de renta para las personas jurídicas, lo que considera “afecta la pequeña y mediana empresa colombiana”.

“La demanda consiste en que la Constitución ordena en su artículo 363 que los impuestos deben ser progresivos. Esto quiere decir que las tasas deben ser diferenciales aumentando hacia arriba. Eso sucede en los impuestos prediales, en las retenciones en la fuente. Y también en el mundo entero, en Francia, Alemania, Sudáfrica existe la progresividad en las tasas del impuesto de renta”, dijo.

De acuerdo con el congresista, en Colombia de “una manera abusiva y arbitraria ningún congreso, a pesar de que nosotros hemos hecho propuestas, ha querido legislar para que haya progresividad entre las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Es decir, que las pequeñas y medianas paguen tasas menores”.

“Esta demanda apunta a que la Corte Constitucional le ordene al Congreso legislar para que esa progresividad se establezca”, subrayó.

Como se dijo son cuatro las demandas que se han radicado contra la Ley de Crecimiento Económico, la primera de las cuales es del abogado Andrés De Zubiría, quien asegura que vulnera los principios de equidad, progresividad, eficiencia y no retroactividad, dado a que daría más beneficios a las empresas y no a los trabajadores o dueños de pequeñas empresas.

Esta demanda se suma a otras que fueron radicadas desde mediados de enero. La primera fue presentada abogado Andrés De Zubiría, quien asegura que vulnera los principios de equidad, progresividad, eficiencia y no retroactividad, dado a que daría más beneficios a las empresas y no a los trabajadores o dueños de pequeñas empresas. Otra interpuesta por Eduardo Correa Valencia asegura que debe declararse inexequible el artículo 142 de la ley. Lo que se busca con la medida es garantizar que la pensión mantenga su poder adquisitivo.