Ante el congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 050 de 2023, la Contraloría General de la República advierte al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales, para que consideren la pronta implementación de las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de concesión.

Como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.

Se corre el riesgo de que para los once (11) Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial. 

La expedición del Decreto el 15 de enero de 2023, se hizo bajo la justificación de precaver eventuales riesgos inflacionarios, pero su estudio y soporte no ha sido justificado satisfactoriamente por el Gobierno Nacional, indica el ente de control. 

En cuanto a los efectos económicos de esta decisión del Gobierno Nacional, la Contraloría General de la República señala que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación. 

El ente de control manifiesta su preocupación de que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro (4) tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados.

Retrasos en proyecto de restauración del Canal del Dique

En Rueda de Prensa que concedió en Cartagena, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dio a conocer otros resultados obtenidos en los seguimientos que realiza en la Región Caribe la Contraloría delegada para el Sector de Infraestructura.

Se refirió así al contrato del proyecto de restauración del Canal del Dique, por valor de $ 4,43 billones. La construcción de obras debería iniciar el próximo 2 de diciembre de 2024, pero la Contraloría General considera altamente improbable el cumplimiento de esta fecha e indica, además, que es muy probable que tenga retrasos significativos en su inicio y terminación, y mayores costos, respecto de lo inicialmente previsto. 

El Contralor reitera al Ministerio de Transporte y a la ANI que considera este proyecto de importancia estratégica para la Nación, y señala la necesidad de avanzar con el mismo y evitar una terminación anticipada de este contrato, que obligaría a la ANI a pagar al concesionario hasta $ 350.000 millones, sin haber recibido a cambio las obras previstas.

Para el Contralor General es motivo de gran preocupación que luego de firmado este contrato, hayan surgido 7 Consultas Previas adicionales; que la ANLA, pese a concepto inicial en contrario, haya exigido ahora el trámite de una Licencia Ambiental para todo el proyecto y que la JEP, haya hecho obligatoria la implementación de un Protocolo de sondeo y recuperación de víctimas a lo largo del Canal del Dique. 

La Contraloría advirtió de estos riesgos adecuada y oportunamente, durante el seguimiento realizado a la Estructuración del proyecto y la ANI, en ejercicio de su plena autonomía, decidió proceder con la adjudicación de este contrato de concesión, aduciendo que dichos riesgos estaban contemplados en el contrato de concesión.

Concesión Autopistas del Caribe no inicia obras y presta riesgo de terminación anticipada

En cuanto al contrato de concesión de Autopistas de Caribe (Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena), por valor total $ 6,75 billones, la Contraloría General indica que este contrato de concesión vial de Iniciativa Privada ha debido pasar a la etapa de construcción desde abril de 2023, pero sigue sin iniciar obras y presenta un alto riesgo de terminación anticipada.

No se han logrado cumplir los plazos establecidos, debido a dificultades con el funcionamiento de dos (2) de las siete (7) Estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Lo anterior ha generado la activación de riesgos tarifarios con cargo a la Nación, debido a la oposición de las Comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales de peaje propuestas por el concesionario y la ANI, ante lo cual el Gobierno Nacional intervino suspendiendo temporalmente el cobro de peaje en Turbaco para los vehículos de las Categorías 1 y 2, y posponiendo la construcción de la nueva caseta de peaje prevista en Arroyo de Piedra.

Estos riesgos sociales ya materializados han generado compensaciones al concesionario cercanas a $ 153.000 millones y preocupa mucho a la Contraloría General que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el Concesionario y las Comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y, en consecuencia, podría entrar en causal de liquidación anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $ 400.000 millones, también sin haberse construido las obras previstas. 

El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra solicitó al Ministerio de Transporte y a la ANI que, conjuntamente con el concesionario y las comunidades, y en ejercicio de su plena autonomía decisoria, gestionen lo necesario y suficiente para encontrar una pronta y satisfactoria solución a esta problemática.