Con la aprobación mayoritaria de los 126 artículos que componen la iniciativa pasó a segundo debate ayer el proyecto de ley sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2022.

Tras radicar la ponencia el martes pasado, ayer las comisiones económicas conjuntas (terceras y cuartas de Senado y Cámara) discutieron y dieron vía libre en primer debate a la iniciativa que busca aprobar el presupuesto por un valor total de $350,4 billones. Ahora será analizado por las plenarias.

A lo largo del debate, se avalaron primero 110 artículos sin proposición en bloque, de los 126 contemplados en la ponencia mayoritaria. Posteriormente, se aprobó un paquete de 11 artículos (2, 42, 51, 55, 68, 74, 104, 107, 109, 118 y 124) y después uno de tres como venían en la ponencia (70, 78 y 108). Por último, las comisiones avalaron por mayoría de parlamentarios los artículos 125 y 126.

La discusión se centró en la importancia del gasto social, el traslado exprés de afiliados de fondos privados de pensiones a Colpensiones y la modificación al inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales.

Al respecto del primer punto, en la ponencia positiva, presentada por el senador liberal, Mario Alberto Castaño, se expuso que “en este PGN se va a aumentar la inversión en inclusión social, buscando llegar a 25 millones de colombianos. El sector educación nuevamente liderará el mayor gasto. Así mismo, la apuesta en salud hace parte de este grupo de programas sociales”.

De igual forma, explicó que este presupuesto tiene tres grandes apuestas: “La social, en la cual se garantiza el programa de Ingreso Solidario, con un costo de $7 billones. Y también la de detener la pobreza extrema que ha dejado la pandemia. En el aspecto económico se quiere impulsar la generación de empleo, haciendo énfasis en las mujeres y en los jóvenes. Y desde el ámbito fiscal hay un compromiso de parte de este presupuesto de fomentar la austeridad y la eficiencia en el gasto. Y muy importante, tener una reducción del déficit para recuperar la calificación crediticia del país”.    

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Traslado de pensiones

Entre los 126 artículos aprobados está el 104 que permitiría, durante el 2022, el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (fondos privados de pensiones), a cargo de las Administradoras de Fondo de Pensiones, al Régimen de Prima Media (que es administrado por Colpensiones).

Ello se permitiría siempre y cuando sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.

Con esta norma se calcula que 32 mil afiliados de los fondos privados podrán trasladarse a Colpensiones. Según el Ministerio de Hacienda el impacto fiscal por ese traslado extraordinario será de $3.8 billones de pesos.

La norma generó un debate de alto vuelo entre expertos porque se considera que el castigo a las finanzas oficiales sería billonario.

Ley de Garantías

Otro de los artículos que recibió un visto bueno fue el de la Ley de Garantías que debe empezar a regir a mediados de noviembre y que restringe la posibilidad de contratación pública, nombramientos de cargos oficiales, inauguraciones de obras y otras actividades que puedan llegar a ser utilizadas con fines proselitistas.

Ayer, desde los Estados Unidos, el presidente Iván Duque se mostró de acuerdo con la modificación que se plantea a la norma. “Si ya no existe la figura de reelección presidencial, se debería acabar con esa normativa”, afirmó.

El Gobierno ha insistido en que es necesario suspender la aplicación de la Ley de Garantías ya que esas restricciones que impone a la contratación pública pueden afectar el proceso de reactivación social y económica del país, sobre todo ahora que el impacto de la pandemia ha bajado sustancialmente.

Frente al artículo 125, que reza que “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del Artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que esta reforma tiene un propósito superior, que es el empleo, para generar así ingresos y oportunidades para los colombianos.

“Tampoco estamos desmontando la Ley de Garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”, explicó.

Sin embargo, para varios parlamentarios de la oposición derogar esas prohibiciones daría pie a que el presupuesto público pueda ser utilizado con fines electorales de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales.

El senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, al referirse a la modificación de la Ley de Garantías, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”.

Contrapunteo

En el arranque del debate, el senador Yesid García, de la Alianza Verde, leyó la ratificación de su partido de votar negativo este proyecto.

“Quiero referir la falta de transparencia en la discusión del tema del presupuesto. No puede ser posible que teniendo las mayorías en el Congreso, la coalición del Gobierno se niegue el debate, se restringa el debate, se eluda el debate. ¿En qué otra cosa se puede pensar de un informe de regionalización que se presentó ayer a las 5 de la tarde? ¿Quién puede estudiar seriamente para proponer modificaciones acordes con la realidad de las regiones? Nadie. Aquí vamos camino a un pupitrazo”, precisó.

Otro congresista que anunció voto negativo fue Wilson Arias, del Polo Democrático. “El Presidente habla de economía boyante y el Ministro de Hacienda hablando de austeridad en materia presupuestal. ¿Quién los entiende?”, sostuvo.

“El presupuesto destinado a Defensa y Policía equivale a 124 veces el presupuesto del sector ciencia, 83 veces el sector paz, 74 veces el sector cultura, 63 veces el sector deporte, 45 veces el sector ambiente, 37 veces el sector comercio, 17 veces el sector agricultura y 8 veces el sector vivienda”, añadió.

Asimismo, el representante Eliécer Salazar, de La U, resaltó que “las cifras desmienten a los que dijeron que el presupuesto estaba afectando la inversión social. Eso no es cierto. Por ejemplo, al sector agricultura se subió $111 mil millones de pesos y lo llevamos a un presupuesto final de $1.7 billones. Otro rubro muy importante es el de deporte, al que le aumentamos $150 mil millones de pesos y pasó de $603 mil millones a $753 mil millones de pesos”.

Distribución

Desde el Gobierno se destacó cómo, por segundo año consecutivo, el presupuesto de inversión pública es el “más alto de la historia”. Frente al año anterior se incrementó 6,2% a $62,2 billones, mientras que el de funcionamiento sería de $210 billones y el de deuda $78 billones.

Los rubros por sectores se distribuirán de la siguiente forma: educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).

El Ministro de Hacienda hizo énfasis en los incrementos para inclusión social y reconciliación, un ajuste del 39,9% frente al de 2021; educación se incrementa un 16,2%; y salud y protección social un 21,6%. También se incrementará el sector de infraestructura de transporte, en 13,5% con relación al de 2021.