El Tribunal Administrativo del Atlántico emitió una orden para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), exigiendo la revisión y posible modificación de la fórmula tarifaria utilizada para calcular las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe. Esta medida surge en respuesta a una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, que denuncia el impacto desproporcionado de las tarifas en los ciudadanos de la región.
La acción popular, interpuesta en noviembre de 2022, busca defender los derechos de los ciudadanos frente a lo que se considera un incremento desmedido y perjudicial en las tarifas de electricidad. En su fallo, el Tribunal ha ordenado la convocatoria de una audiencia pública en Barranquilla dentro de los próximos diez días. Esta audiencia será clave para analizar el impacto económico y social de las resoluciones 010 de 2020 y 78 de 2021, que han sido objeto de críticas debido a su contribución al aumento de las tarifas.
El Tribunal también ha demandado una revisión exhaustiva de los componentes tarifarios que afectan a los usuarios, como las pérdidas y restricciones, y ha solicitado que se considere la posibilidad de modificar la fórmula actual para desligar el índice de precios al productor (IPP) y ajustarla al índice de precios al consumidor (IPC). Esta revisión es vista como un paso fundamental para asegurar que las tarifas sean justas y equitativas para los habitantes de la región Caribe, quienes han manifestado un creciente descontento debido al elevado costo de la energía eléctrica.
“Se hace justicia y se ordena”, afirmó Edwar Fernando Orozco, personero de Santa Marta y uno de los principales promotores de la acción popular. “Ya no estamos a la espera de una voluntad política de si se quiere o no. Ya hay una decisión judicial que obliga tanto a la CREG como al Gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para modificar la opción tarifaria”.
La decisión del Tribunal también ha puesto en marcha un proceso de diálogo que involucrará a autoridades locales y nacionales, empresas distribuidoras y representantes de los usuarios. Este proceso busca encontrar soluciones efectivas y garantizar una reducción en las tarifas eléctricas, aliviando así la carga económica sobre los ciudadanos de la región.
La orden del Tribunal marca un momento decisivo en la lucha por tarifas eléctricas más justas en la región Caribe, y sienta un precedente importante para futuras revisiones y reformas en la regulación de servicios públicos en Colombia.