Evaluar contratos de su pareja con Urrá pidió Ricardo Roa a Ecopetrol | El Nuevo Siglo
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, solicitó a la petrolera evaluar su situación./ArchivoENS
Martes, 27 de Agosto de 2024
Redacción Economía

LUEGO DE acusaciones sobre la situación de su pareja sentimental, Julián Caicedo Cano, con vínculos con la empresaria Marisol Segura Díaz, propietaria de Energéticos, que participó en contratos en la hidroeléctrica de Urrá, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pidió a la compañía que evalúe ese hecho.

Ayer volvió a surgir este hecho, según un informe de El Tiempo. Al parecer, la empresaria también es dueña de una vivienda donde funciona la empresa de Julián Caicedo Cano.

Se conoció que luego de que, en una reunión de ministros, tras su regreso de París, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al parecer alertado al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades, pidió investigar los hechos, sobre todo en lo relacionado con la adjudicación de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá.

Según el investigador Jorge González, estos contratos, que suman alrededor de $1,4 billones, parecen estar siendo asignados sin criterios técnicos, y a dedo, hechos revelados por la cadena radial La W.

González también mencionó que los contratos estarían siendo entregados a diez empresas, de las cuales dos están ubicadas en Villapinzón, Cundinamarca.

Empresas

Además del monto de las ventas, se encontraron que varias empresas involucradas tienen en común a una ejecutiva que ya había sido mencionada en un informe solicitado por la junta directiva de Ecopetrol a la empresa Control Risks. Ese informe trataba sobre las actividades privadas del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Según la investigación, entre las compañías involucradas se encuentran Generarco, dirigida por Mauricio Sanguino Kuri, socio de Danilo Romero, quien es cercano a Gustavo Petro. Otra empresa destacada es Energéticos, propiedad de Marisol Segura Díaz.

Además, figura Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), cuyo equipo gestor está compuesto por personas vinculadas a Nicolás Petro y Day Vásquez.

La W puntualizó que Segura es dueña de la casa en Estados Unidos donde operaba WindSun Energy LLC, empresa de Julián Caicedo, novio de Ricardo Roa; y Tatiana Vargas, hija de Santiago Vargas, el mayor financiador de Colombia Humana.

Es decir, es una empresa creada en noviembre de 2023, en la que Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa Barragán, es uno de los socios. También está involucrada Tatiana Vargas Gómez, cuyo padre, Santiago Vargas Ramos, ha sido donante de la Colombia Humana.

También se conoció que Santiago Vargas ha tenido negocios en sectores como plástico, zonas francas y construcción. Es dueño de Negocios Varvill y Actividades de Capital.

Entre 2022 y 2023, donó $1.500 millones a Colombia Humana, aunque, según La Silla Vacía, su contabilidad no muestra cómo pudo haber donado esa cantidad. Al mismo tiempo que financiaba a Colombia Humana, las empresas de Vargas empezaron a expandirse hacia los negocios de energías renovables y petroleros.

Indagaciones

“La señora Marisol Segura Díaz y su entonces esposo, Alberto Hugo Pinedo, ya habían sido indagados por un supuesto conflicto de intereses, en 2012, por aparecer simultáneamente en Energéticos S.A. E.S.P. (la ahora clienta de Urrá) y en Dicel SA.E.S.P. con sede en Palmira (Valle) y participación accionaria de la alcaldía”, reveló El Tiempo.

En entrevista con W radio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que detrás de los contratos con la Central Hidroeléctrica Urrá (Córdoba), que superan los $1,4 billones, hay una pelea de poderes políticos e intereses particulares. El beneficio del billonario negocio se lo llevan diez empresas, de las cuales tres están relacionadas con amigos y personas cercanas al círculo íntimo del presidente Gustavo Petro.

Además, según cuenta la Revista Semana, el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, también estaría moviendo influencias políticas para manejar la contratación.

Bonilla aseguró que tiene especial énfasis en tres empresas radicadas en Villapinzón (Cundinamarca) y que se ganaron varios de los contratos. Por ahora, la cartera investiga los hechos.