El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseveró este miércoles que serán los bancos los que pagarán un impuesto sobre las créditos hipotecarios, contradiciendo al Tribunal Supremo que el martes decidió, tras semanas de polémica, que lo hiciera el cliente.

A través de una modificación de la ley, el gobierno garantizará que "nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca", anunció el socialista Sánchez en rueda de prensa.

En el encuentro con los periodistas convocado rápidamente por el gobierno ante el gran revuelo generado en España por la decisión del Supremo, Sánchez indicó que su gabinete aprobará el jueves la reforma de la ley que regula los actos patrimoniales.

El martes, tras varias semanas de controversias y con el país expectante, el máximo tribunal del país falló, al término de una sesión extraordinaria, que son los clientes y no los bancos quienes deben pagar este impuesto sobre los créditos hipotecarios.

El propio Supremo habría fallado lo contrario el 18 de octubre, pero suspendió un día más tarde su decisión para reexaminarla tras fuertes caídas de los bancos en la bolsa de Madrid.

"El gobierno respeta como ha respetado siempre la labor y la independencia del Poder Judicial", pero "no podemos dejar de lamentar la situación generada" por el cambio de postura del Supremo, dijo Sánchez.

"Esta situación no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni sobre todo y especialmente para los ciudadanos", señaló, pidiendo a la justicia de hacer una "autocrítica".

El giro del Supremo generó una ola de indignación en España.

"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", expresó en Twitter el martes el líder del partido de izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, llamando a "una gran movilización cívica" y a manifestarse el sábado frente al Supremo.

La asociación de consumidores (OCU) condenó la gestión del asunto por parte de la justicia, lamentando una decisión que "perjudica a millones de consumidores"

De su lado, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dijo a periodistas que la institución acepta las críticas, pero afirmó que todo el asunto tiene su origen en la "falta de claridad de la ley" y que corresponde al Congreso legislar "para clarificar de forma definitiva" quién paga el impuesto.