SARA VÉLEZ aseguró que el presupuesto de 2025 tiene estipulado subsidios por 82.000 millones de pesos, lo que asegura que haya cubrimiento hasta septiembre de este año.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo arranca el panorama para el sector gasífero en 2025?

SARA VÉLEZ: El panorama es preocupante con respecto a dos aspectos importantes, el primero es la expedición de presupuesto general de este año, y nos llama mucho la atención que se está cubriendo la totalidad del presupuesto necesario para los subsidios al consumo de GLP (Gas Licuado de Petróleo). Recordemos que en el país hay seis departamentos donde se les otorga el subsidio, y en realidad eso funciona como que la empresa es la que hace el descuento y le cobra al Ministerio de Minas y Energía para que le reembolsen el valor correspondiente a esos subsidios, y lo que vemos en el presupuesto para 2025 es que solo tienen apropiado para subsidios $82.000 millones, y cada mes le está costando al ministerio alrededor de $8.400 millones, entonces solo está cubierto hasta septiembre, si no se incluye el déficit de 2024.

Ese año fue muy difícil respecto al pago de subsidios, el ministerio se atrasó mucho, estábamos en déficit alrededor de seis meses de pagos, lo que hace que las empresas tengan un retraso en la caja bien importante. La segunda preocupación tiene que ver con los reglamentos técnicos. Hay uno que expide el Ministerio de Minas en el que se establece, cuáles son los parámetros que se deben cumplir en los envases de cilindros, es decir, cómo deben ser sus características técnicas para que sea segura su manipulación ‒ese reglamento está vencido desde mayo de 2024‒, y lo que vimos en la agenda regulatoria del ministerio es que no lo van a expedir hasta diciembre de 2025.

ENS: ¿En qué consiste la alerta que lanzó el sector energético en torno a que el Gobierno no ha girado los subsidios y eso podría encarecer la tarifa?

SV: Para esto hay que entender cómo funcionan los subsidios. La empresa hace un descuento al usuario final, a usuarios de estratos 1 y 2 por el 50 y 40%, respectivamente. Y lo que hace la empresa es que cuando se acaba el mes hace una cuenta de cobro al Ministerio de Minas y Energía que valida, que en efecto, se hayan entregado esos subsidios y, posteriormente, le gira a la empresa los recursos.

¿Cuál es el problema de que se demore tanto? Que en la medida en que el Gobierno se demore en hacer los pagos, las empresas van a tener que buscar una financiación en otro lado porque eso sigue siendo parte de sus costos, no es que no cueste eso el servicio, sino que es un descuento que se hace por ley. Entonces para poder mitigar el impacto en el flujo de caja, muchas empresas lo que hacen es que se financian, a través de un crédito u otro vehículo financiero, pero esto genera intereses y esto sube los costos de operación y ese financiamiento causa un costo mayor para los usuarios.

ENS: ¿La crisis fiscal del Gobierno nacional puede afectar el compromiso de asumir el costo de la opción tarifaria?

SV: La opción tarifaria funciona, en nuestro caso, en algunos municipios que son atendidos por GLP por redes. Esa opción tarifaria en realidad en el sector de gas combustible, es decir tanto gas natural como GLP, no es tan alta como la energía eléctrica, que es bastante más alta, y eso también es una deuda que tienen los usuarios con las empresas. Lo que se ha visto es como la inflación ha crecido tanto en los últimos años, los impactos en las tarifas han sido muy altas e incrementar lo que se descuenta de la opción tarifaria en este momento generaría un costo más alto del servicio. Entonces, lo que ha dicho el Gobierno nacional es que va a reconocer esos saldos pendientes a las empresas por efecto de la opción tarifaria, entonces en la medida que no se reconozcan esos saldos, que igualmente deben ser pagados por los usuarios, entonces generaría otro impacto a los usuarios vía tarifaria.

ENS: Con un país importando gas, ¿cuándo los usuarios sentirán el sobrecosto que esto implica?

SV: En cuanto a gas natural lo que vemos es que como el Ministerio de Minas y Energía sacó recientemente el Decreto 1467 con el que se flexibiliza un poco más las condiciones para los contratos del producto importado. A partir de esta normativa esperamos que se empiecen a registrar los contratos en el mercado. Hice una consulta esta semana y aún no se ven registrados los contratos de la planta de regasificación al mercado diferente de la generación térmica, no sabría decir cuánto se incrementaría la factura, pero lo que sí es cierto es que en la medida que tengamos una mayor participación de un producto, que es un poco más costoso como el producto importado la tarifa, eventualmente, va a incrementar el precio.

En cuanto a GLP, venimos importando gas hace muchos años, tenemos un impacto tarifario, claramente, estamos hablando que en cuestión de dos años el cilindro ha tenido un incremento de aproximadamente 14.000 pesos.

ENS: En materia de desarrollo de proyectos de exploración y explotación, ¿cómo pinta el 2025?

SV: La verdad estamos muy a la expectativa de qué vaya a pasar con lo que se ha venido anunciando, sobre todo en los proyectos offshore, recordemos que es una política del Gobierno que no hay nuevos contratos de exploración y explotación, sinceramente no creo que esta política y esta posición vaya a cambiar durante este mandato. Entonces la expectativa que tendríamos es cómo van evolucionando los contratos que ya están en exploración y cuáles pueden ser los resultados de explotación. Y con respecto al gas offshore lo que vemos o lo que se ha anunciado de parte de los operadores es en realidad ese gas no va a entrar en el mercado, sino hasta el 2029 o 2031.

ENS: ¿Cuál es la principal petición que le hacen al Gobierno, al que le quedan menos de 20 meses en el mandato?

SV: Lo más importante es asegurar el abastecimiento y ojalá asegurarlo a menores costos. La importación de gas natural, como GLP, es cada vez mayor y tener productos importados hace que las tarifas sean más altas. Y la regulación tanto técnica, como la regulación económica por la CREG está un poco atrasada sobre todo para GLP, no tenemos una regulación nueva desde 2011 y el mercado ha cambiado en todos estos años.

ENS: ¿La polémica sobre la importación de gas desde Venezuela quedó atrás al no haber posibilidades de hacerlo?

SV: Posibilidades, yo creo que siempre hay. Sin embargo, uno sí tiene que ser muy realista en que esas posibilidades implican dos cosas muy importantes. La primera es tiempo y la segunda es presupuesto porque toca hacer unas adecuaciones en el sistema de transporte y en el tratamiento del gas para que cumpla con la normatividad colombiana y no vaya a afectar nuestras tuberías. En realidad, técnicamente, podría ser posible, pero requiere de unos esfuerzos importantes sin dejar de lado, por supuesto, las restricciones que hay por las multas que hay de Estados Unidos hacia Venezuela, que podría tener unos impactos importantes en temas políticos y financieros.