El 2025 representará para las regiones un importante cúmulo de retos y oportunidades que definirán el futuro de las mismas para por lo menos los próximos seis años, siendo el espectro económico el que mayor repercusión tendrá de manera inmediata.

Tras la aprobación del Sistema General de Participaciones, que permitirá un mayor manejo de los recursos por parte de las diferentes administraciones municipales, se espera ver mayor independencia de alcaldías y municipios sin verse en la obligación de pasar por el filtro presidencial o del Gobierno.

No obstante, las dudas sembradas desde el cierre del año pasado e inicios de este, ante los recortes presupuestales que impactan en iniciativas del Gobierno y en los presupuestos, dejan un escenario de mayor complejidad para el cumplimiento de las funciones y los objetivos trazados en los diferentes departamentos y municipios del país.

Crisis fiscal

Y es que, como se anunció de manera oportuna por parte del Gobierno Nacional, más allá de contar con el presupuesto más alto en la historia para este nuevo año, los 511 billones de pesos de los que dispondrá la administración Petro no serán suficientes para cumplir con las necesidades que tienen las regiones en el país en diferentes espectros sociales.

En este sentido, resulta clave para los alcaldes y gobernadores tener una línea austera, pero eficiente, para asegurar el bienestar de los habitantes. Con el recorte de programas sociales como Mi Casa Ya, Renta Joven o Colombia Sin Hambre, la búsqueda de alternativas para suplir estos beneficios, al menos de manera parcial, se ha convertido en un rompecabezas para los dirigentes.

Además, estos deben dar continuidad a los programas de conectividad en las regiones, el acceso a la educación, la erradicación del hambre, la pobreza y la pobreza extrema, y el crecimiento económico, a pesar de contar con menores recursos para estos fines.

La Ley de Competencias

Ahora bien, esta crisis fiscal llega luego de que el Congreso diera la luz verde al proyecto del Sistema General de Participaciones con la premisa de descentralizar los problemas de las regiones y atender desde los mismos puntos de conflicto, garantizando así una mayor autonomía regional que permita el manejo de los recursos e instituciones para diferentes rubros sociales y atendiendo a las necesidades específicas de cada municipio y/o gobernación.

En este sentido, el proyecto aún se encuentra en desarrollo. Más allá de haber sido aprobado desde su teoría, la aplicación y sus formas aún deben tener una aprobación, entrando en juego la Ley de Competencias. En esta, el Gobierno deberá determinar cómo se repartirán los recursos de las regiones y las competencias de las entidades a la hora de la gestión de los mismos, siendo clave la conciliación para la designación.

Y es que, si bien departamentos y municipios verán beneficios del SGP, en la Ley de Participaciones deben quedar claros los montos de inversión, atendiendo a los mecanismos de compensación, especialmente en municipios de categorías 5 o 6, quienes deben considerar sus ingresos para con ello poder adoptar el nuevo modelo de financiación, gestión y gasto tras la aprobación, en caso que llegue a darse, de la Ley de Competencias y con ello se complemente la reforma al SGP.

En este sentido, los gobernadores y alcaldes tendrán que realizar propuestas realistas de en esta reforma, así como tener una supervisión clara a la propuesta del Gobierno a la hora de la repartición de funciones en la normativa de competencias para los diferentes entes.

Referendo por las regiones

De otro lado, pero muy de la mano con la solicitud de autonomía fiscal, tenemos el referendo por las regiones, promovido, entre otros, por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La iniciativa busca que haya una modificación al artículo 298 de la Constitución, para permitirles a los departamentos la potestad de recaudar y gestionar impuestos como la renta y el patrimonio, función que cumple en la actualidad el Gobierno Central desde la capital.

En este, quienes respaldan la medida buscarán luchar por que el dinero recaudado a través de estos dos rubros se quede propiamente en quienes hacen las recaudaciones y puedan contar con este dinero para con ello realizar las inversiones necesarias con miras a un crecimiento descentralizado y sin una dependencia extrema de la capital.

No obstante, el principal opositor de la medida es el presidente Gustavo Petro, quien señala: “El referendo del gobernador de Antioquia (Rendón) amplía, como nunca antes las brechas regionales. Solo Bogotá y Medellín se beneficiarían, absorbiendo las actuales rentas que reciben los demás municipios de Colombia. Rompe el actual contrato social de Colombia y destruye el concepto de Estado social de derecho, porque provoca desigualdad”.

La medida se encuentra en proceso de verificación, tarea que adelanta la Registraduría Nacional con los más de 3 millones de firmas recolectadas. De ver la luz verde, el Congreso deberá emitir un acto legislativo en el que llame a las urnas a los colombianos para que sean estos quienes decidan sobre la modificación de la Constitución y con ello la aprobación del ajuste.

Campañas electorales

En relación con las elecciones, el tercer reto se enfoca en garantizar las campañas electorales y el proceso de contienda presidencial para 2026. Entrado este nuevo año, a partir de junio comienza oficialmente la temporada electoral, a pesar de que muchos ya hacen campaña, por lo que deben existir garantías para el desarrollo de este proceso.

Con la expansión de algunos grupos armados en diversas regiones del país, las amenazas a candidatos presidenciales también se han extendido, llegando incluso a los anuncios de prohibición para actos públicos en campaña. Es allí donde departamentos y municipios deben coordinar esfuerzos para la existencia de garantías en medio de este proceso.

Seguridad

Ligada al punto anterior está la materia de seguridad. Si bien el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y algunas capitales han reportado una reducción significativa en delitos que atenten contra la seguridad de los colombianos, este sigue siendo un flagelo presente, especialmente en regiones apartadas o con amplia presencia de grupos armados ilegales o bandas criminales.

Cauca, Valle del Cauca, Santander, la zona suroccidental del país, además de algunos municipios de Antioquia, se han visto afectados por diversos crímenes, entre ellos el hurto, secuestros o los homicidios. Es allí donde se deben focalizar los esfuerzos para garantizar el bienestar de las comunidades, en acciones conjuntas entre los diversos actores políticos, gubernamentales y civiles.

Paz Total

Finalmente queda el marco de la Paz Total. Este punto debe ligarse a las estrategias de implementación de los acuerdos de paz del Gobierno Nacional con la guerrilla y los diálogos que se llevan a cabo con diversos actores armados, como las disidencias de las Farc, grupos disidentes del Eln y propiamente el Ejército de Liberación Nacional, entre otros.

En este se deben redoblar esfuerzos para la protección de los firmantes de la paz y las comunidades que han acogido programas para la reinserción de excombatientes; las regiones deben seguir realizando la inversión necesaria en esta materia; además de que desde la JEP debe haber una sanción inmediata a los excombatientes, pues tras ocho años de la firma, aún no se han hecho anuncios oficiales por parte de la Jurisdicción.