EL BANCO canadiense TD Bank, con sede en Estados Unidos, pagará una multa de US $3.000 millones con motivo de solucionar sus acusaciones por blanqueamiento de dinero procedente del narcotráfico. La entidad habría sido señalada de contribuir para la legalización de dineros de carteles de México, especialmente el de Sinaloa, y otros grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo en Colombia.

De acuerdo con los reportes emitidos por la justicia estadounidense, empleados del TD Bank habrían usado tarjetas emitidas por la entidad para procesar más de US $470 millones en depósitos en efectivo, configurando con ello una extensa red de lavado de activos que estuvo operativa desde 2018 hasta abril de 2024. En Colombia, las transacciones realizadas fueron principalmente para el retiro de efectivo en cajeros automáticos de múltiples entidades bancarias en Cúcuta y otras zonas del noroccidente del país.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, funcionarios de la Superintendencia Financiera explicaron cómo es el proceso de vigilancia y control para las entidades supervisadas por este ente, y cómo se evita justamente operaciones de este tipo que financian el terrorismo a través del lavado de activos.

El seguimiento

Según explican desde la Superfinanciera, las entidades que son monitoreadas por el ente de control están regidas bajo numerosas normativas, entre ellas el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Sarlaft. Este mecanismo permite un seguimiento en el cual se hace la identificación, la medición de riesgo e impacto, el control de estas amenazas, el monitoreo de los mismos y finalmente la remisión para aplicar las respectivas sanciones, si es requerido.

A través de este sistema, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF hace monitoreo de las operaciones que deben ser reportadas por las entidades colombianas para prevenir transacciones procedentes o destinadas para el lavado de activos o financiación del terrorismo. El Sarlaft, según indican desde la Superfinanciera, es una normativa aplicada con estándares internacionales.

En este sentido, las operaciones realizadas con tarjetas emitidas por clientes del TD Bank debían ser reportadas a las autoridades estadounidenses y canadienses. Ahora bien, en el caso de los retiros efectuados en Cúcuta y el noroccidente colombiano, los seguimientos y si estos reportes fueron realizados por las entidades bancarias a la UIAF, ante la alerta de los significativos montos y el incremento de operaciones relacionadas al TD Bank en estas zonas del país, sin embargo, no podían ser bloqueadas por el sistema financiero colombiano.

Ahora bien, en caso de presentarse operaciones de este estilo que no sean reportadas a la UIAF, la Superintendencia Financiera emite una circular mediante la cual exige la presentación de los reportes a la Unidad de Análisis e Información. En caso de que este ente siga alertando sobre irregularidades, ya sea por omisión de la entidad a la que se le hace la solicitud o por inconsistencia en sus operaciones, será la Superfinanciera la que, como órgano de control, aplique sus respectivas sanciones.

Superfinanciera

Por lo anterior, y atendiendo a las alertas y reportes emitidos por las entidades a las que pertenecían los cajeros usados para los retiros con tarjetas del TD Bank, parcialmente ninguna entidad colombiana ha sido sancionada por la Superfinanciera.

De acuerdo con las autoridades, diariamente en diferentes municipios de Colombia, y en general a lo largo de Latinoamérica, se reportan millonarias transacciones a través de cajeros en el territorio nacional con tarjetas expedidas en otros países, principalmente de Norteamérica y el este de Europa, que son remitidas a vigilancia por sospecha de relación al lavado de activos. No obstante, en el caso nacional los reportes se emiten de manera oportuna y se elevan las alertas necesarias a las entidades bancarias del origen de las transacciones sobre una posible relación al lavado de activos.

Sintetizando, según los balances de la Superfinanciera y tras la última evaluación al Sistema de Prevención de Lavado de Activos de Colombia en 2017, el país no reportó mayores novedades en relación a este problema y fue calificado como un sistema eficiente para la detección de estas actividades. La próxima rendición de cuentas en este rubro se hará en 2028.

¿Cómo se evitan las sanciones?

Dentro de las principales recomendaciones de las autoridades para evitar sanciones por fallas en el Sarlaft está la presentación total de informes, y especialmente las operaciones del día a día y operaciones sospechosas en el marco de la prevención del lavado de activos.

Otro punto vital es el monitoreo constante por parte del Oficial de Cumplimiento y la actualización constante de los sistemas que permita un seguimiento óptimo a las transacciones. Los organismos también recomiendan hacer la aplicación del Sarlaft de acuerdo a la actividad económica realizada, y con ello establecer las señales de alerta tempranas.

Finalmente, también piden a las entidades monitoreadas una articulación de sus políticas para la prevención del lavado de activos, con el que puedan fortalecer las gestiones con este fin y de paso, con el que presenten tanto a Superfinanciera como UIAF un grueso reporte en el que pueda defenderse en caso de señalamiento por vinculación a estas actividades.

Sanciones en Colombia por lavado de activos

De acuerdo con los diversos reportes emitidos tanto por la Superintendencia financiera como por la UIAF, numerosas entidades en el territorio nacional han tenido sanciones por fallas presentadas en el Sistema de Prevención para el Lavado de Activos. Uno de los casos más sonados fue en 2016 cuando el Banco Pichincha fue multado con más de $420 millones por irregularidades en su sistema de monitoreo y diversos incumplimientos en las metodologías aplicadas. Si bien la entidad apeló la decisión, en 2018 le fue ratificada.

Asimismo, de manera reciente la Superfinanciera también aplicó sanciones a decenas de compañías aseguradoras con motivos de fallas en las alertas tempranas en el Sarlaft y otras irregularidades en la aplicación de los mismos. Los montos no superaron los $400 millones, pero sirvieron como un aviso a estas entidades para reforzar las políticas de identificación temprana.

En abril de este año la Superintendencia informó que se realizaron incrementos significativos a las multas por estos incumplimientos y que las mismas superarán los $600 millones e incluso podrían superar la barrera de los $1.000 millones.

Actualmente, los principales incumplimientos por lo que se han presentado sanciones son la no designación de oficiales de seguimiento en fechas estipuladas, las ya mencionadas fallas en alertas del Sarlaft y la no aprobación de programas dentro de los lapsos establecidos por las autoridades.