Después de varias semanas de discusiones y reuniones entre congresistas, ponentes y coordinadores con el Ministerio de Hacienda, en cabeza de José Antonio Ocampo, se presentó la ponencia de reforma tributaria para segundo debate.

El documento llega con varios ajustes y modificaciones que se fueron estudiando a lo largo de las discusiones en los últimos días.          

Sin embargo, hay otros puntos que permanecieron y siguen generando controversia, y seguramente enardecerán el debate en plenarias de Senado y Cámara. La discusión podría durar varios días, en caso de que se decida votar artículo por artículo, como algunos congresistas han propuesto.

De hecho, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, envió una carta al presidente del Congreso, Roy Barreras, para que se prolongue por una semana la discusión del proyecto de Ley.

“En aras de salvaguardar los principios constitucionales que deben permear debates de tal envergadura como los que se materializan en la reforma tributaria pretendida, respetuosamente le solicito que entre radicación de la ponencia mayoritaria y el inicio de la discusión en plenaria se otorgue un plazo razonable de una semana”, sostuvo el senador Uribe.

“Como ponente he podido estudiar la reforma tributaria, pero los senadores de otras comisiones no han tenido la misma oportunidad. Usted pretende que voten sin leer. Absurdo. La próxima semana se puede votar sin problema. No hay afán”, agregó.

Diferencia de cálculos

De otra parte, la representante a la Cámara por el Partido de La U, Saray Robayo Bechara, dijo que el trabajo con el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda y su equipo asesor, ha fluido y permitido alcanzar consensos en varios puntos en los que se habían mostrado inflexibles. Pero le sigue preocupando la diferencia en los cálculos que podría existir entre el Gobierno nacional y los gremios, que están advirtiendo sobre el impacto que las medidas previstas para el sector de hidrocarburos y  la minería generarían en la economía y autonomía energética del país.

La congresista dijo que el Gobierno dio un paso importante, al avalar la proposición de su autoría sobre zonas francas portuarias, donde pudo demostrar que los puertos son el eslabón más importante de la cadena logística para millones de colombianos que pueden, a través de sus exportaciones e importaciones, seguir participando en los mercados globalizados.

Robayo igualmente aseguró que seguirá dando el debate para que los evasores que vayan pagando sus deudas no tengan que ser perseguidos con la cárcel y la DIAN intensifique su gestión para recaudar los dineros que hoy adeudan miles de colombianos. “La libertad solo puede ser restringida de manera excepcional” y ahora lo que se necesita es recuperar los recursos que adeudan los evasores y no llenar las cárceles.

Cabe recordar que entre los cambios significativos está el artículo que habla de cárcel para evasores. El proyecto de ley dice que la primera vez que se evada una obligación, se pagará normalmente. La segunda reincidencia incurrirá en multa y para la tercera pagará cárcel.

Sector de hidrocarburos

Los impuestos a los hidrocarburos sin duda han sido los que más han generado controversia entre los gremios y las diferentes bancadas, ya que muchos de ellos argumentan que afectarían la economía del país, teniendo en cuenta los ingresos fiscales por cuenta de este sector.  En la propuesta inicial de la reforma tributaria se pretendía tener un impuesto del 10% a las exportaciones extraordinarias de petróleo, carbón y oro.

Actualmente la ponencia para segundo debate dice que el petróleo y el carbón tendrán una sobretasa de renta según sus precios internacionales. El porcentaje será del 5%,10% y 15% para las petroleras. Mientras que las carboníferas tendrán una sobretasa del 10%. Además, las regalías no podrán ser deducibles de imporrenta.  

En cuanto a las diferentes modificaciones, el senador Juan Carlos Garcés dijo a EL NUEVO SIGLO que “logramos realizar ajustes que moderan las cargas a colombianos y sectores privados. Quiero destacar la inclusión de las zonas francas portuarias como sector estratégico para el país, por lo cual sin importar el servicio que ofrezcan tendrán impuesto de renta del 20%”.

Agregó que “luego de varias conversaciones acordamos mantener el funcionamiento de las zonas económicas sociales y especiales, como es la ZESE de Buenaventura para generar empleo local. Y otra gran noticia es que regresen los profesionales independientes al régimen simple si ganan hasta 500 millones de pesos. Realmente hemos trabajado duro para llegar a estos consensos, y como estos existen más”.

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Preocupaciones

Asimismo, el senador sostuvo que "en el Partido de La U hemos escuchado a todos los colombianos. Sabemos que persisten preocupaciones, entre ellos mantener las condiciones para las clínicas que están en zonas francas porque ofrecen unos servicios de salud clave para la población. También vemos con preocupación las nuevas cargas para el sector hidrocarburos porque compartimos que quienes más ganancias tienen paguen más, pero reconocemos que no podemos excedernos, y responsablemente debemos revisar sus implicaciones en la economía de los hogares”.

De otro lado, fue enfático en decir que “el proyecto llega a la plenaria luego de un estudio y debate serio del Gobierno nacional con los ponentes y coordinadores. Más allá de quitar o adicionar, hay que seguir alcanzando consensos en temas clave como zonas francas de salud, moderación en cargas al sector hidrocarburos y la tasa efectiva mínima de tributación porque genera efectos no positivos en familias colombianas en un momento crítico en nuestra economía”.

A su vez, el representante Óscar Darío Pérez, ponente del proyecto de ley, dijo a este Medio, en el recinto del Congreso, que “uno de los cambios representativos de la reforma se refiere a la omisión de activos o aumento de pasivos”.

Agregó que “el monto se baja de $5.000 millones a $1.000 millones. Quien incurra en esta conducta podrá ser denunciado penalmente. En este caso, si paga la multa y es la primera vez que incurre en evasión se extingue la acción penal. Si es reincidencia o tercera vez, se hace efectiva la acción penal”.

“El segundo cambio es que las panaderías que vendan menos de 10.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) al año, no serán responsables del impuesto de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados”. Este impuesto empieza a funcionar a partir del 1 julio de 2023, es decir, la industria tendrá los primeros seis meses para prepararse y hacer alimentos más saludables y así no pagar el impuesto.

Las regalías

Otro cambio es el esquema de las regalías. Pérez sostuvo que “las regalías en especies se van a tomar a costo de producción y no a costo de venta; esto hace que el costo de las regalías sea menor y por lo tanto el impacto sea menor en el impuesto. De igual forma la industria extractiva va a pagar enormes sumas de dinero, tanto petróleo, gas y carbón, como la minería. Este, en definitiva, es un sector muy golpeado por la reforma”.

Por otro lado, el congresista destacó el cambio que se hizo en el régimen simple. Los profesionales independientes van a poder hacer parte del régimen simple, recordemos que habían sido excluidos. Esto siempre y cuando sus salarios no superen los ingresos de $500 millones.

Las iglesias

El de los impuestos a las iglesias fue otro tema que mencionó el congresista. “Las iglesias pagarían impuestos sobre las utilidades que den, siempre y cuando estas no se reinviertan en actividades de orden social en la misma iglesia. Además, los bancos de alimentos tendrán los mismos beneficios tributarios que tienen hoy en sus donaciones. A su vez, los alimentos que sean gravados, así sean ultraprocesados, en el caso de donaciones no pagarían impuesto”.

De otro lado, explicó que le preocupa en específico el tema de hidrocarburos, las zonas francas, así como el impuesto al patrimonio.

Mayor desempleo

El senador Miguel Uribe, ponente de la reforma, le dijo a EL NUEVO SIGLO que "la reforma tributaria va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación, especialmente va a aumentar el precio de los alimentos en un momento donde hay hambre y cuando el costo de vida cada vez es mayor. Pondrá en riesgo más de dos millones de puestos de trabajo”.

“Pondrá en riesgo especialmente el sector minero energético, que representa la sostenibilidad fiscal del país y la única fuente de ingresos para garantizar una transacción energética”, agregó.