TERMINA EL 2024 y por segundo año consecutivo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no produjo −como lo anunció− las primeras sanciones propias en los más de siete años que lleva de entrar en vigor contra la cúpula de la extinta guerrilla de las Farc y otros altos mandos por graves delitos que cometieron en el conflicto armado. Algunos consideran que esto se justifica dados los procesos tan complejos que adelanta, como secuestro y reclutamiento de menores; sin embargo, otros piensan que se ha tardado demasiado y que no debe seguir dando largas.

A mediados de diciembre del 2023, el entonces presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, dijo a El Tiempo que “tenemos la aspiración de tener la primera sentencia en el primer semestre, ojalá en el primer trimestre del año entrante, esa es nuestra aspiración”.

Ante la JEP se sometieron 9.906 exintegrantes de las Farc producto del Acuerdo de Paz, a lo que están obligados para responder por los graves delitos que se cometieron en el conflicto armado, aunque la sanción a que haya lugar la recibirán solo los máximos responsables, es decir, los que estuvieron en el secretariado y los comandantes.

También se han sometido por su voluntad ante esta Jurisdicción de justicia transicional, 4.321 integrantes de la Fuerza Pública que habrían incurrido en delitos en el conflicto y 184 civiles en calidad de terceros también comprometidos.

La JEP abrió 11 macrocasos en los que dividió la investigación de las conductas criminales más graves como secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores de edad y crímenes contra grupos étnicos.

Resultado de ello, en este tiempo de labores ha producido 5 resoluciones de conclusión (que equivale a la acusación en la justicia ordinaria) contra los responsables y 157 imputaciones, entre otros resultados.

La primera resolución de conclusión de la JEP fue en noviembre de 2022 en el caso 01 contra los exintegrantes del secretariado de las Farc-EP por secuestros. También por esos días hizo lo propio contra 12 uniformados del Batallón La Popa por ‘falsos positivos’.

La más reciente decisión fue el pasado 13 de noviembre, cuando la JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y otros crímenes asociados.

Las resoluciones de conclusión ahora están en manos del Tribunal de Paz que debe aplicar las primeras sanciones entre 5 y 8 años, que como se sabe no implica ir a la cárcel, sino restricciones a la movilidad y que el responsable desarrolle labores de reparación, como trabajo social en una zona afectada por el conflicto.

¿Qué piensan por las demoras?

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de conocedores acerca del tiempo que se ha tomado la JEP para aplicar las primeras sanciones.

David Murillo, docente e investigador de la Universidad Libre, dijo que “la JEP tenía una labor temporal establecida a 15 años, sin embargo, las metodologías que han aplicado y la complejidad del conflicto armado que hemos tenido, han llevado a ciertos retrasos. Sumado a eso han llevado a que identifiquen nexos de antiguos paramilitares que se comportaban como agentes del Estado, y terminan con ello ampliando su competencia”.

Añadió que “sin duda ha habido unos retrasos, ha habido unas promesas, pero éstas pueden justificarse desde la complejidad del conflicto, y pues lastimosamente esto muchas veces no se comprende y envilece un poco la imagen que la sociedad tiene respecto de la JEP”.

A su turno, el brigadier general de la Policía (r) Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 12 años hasta que el Ejército logró rescatarlo, dijo que “pienso que en este año tampoco porque es que estábamos esperando las víctimas que ocasionaron las Farc que cada uno de los integrantes confesara la verdad, pero hasta el momento no hay ningún relato de cuáles crímenes cometió cada uno de ellos, sino que todo lo quieren coger es como grupo”.

Mientras que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dijo que “la Justicia Especial para la Paz es un tribunal que infortunadamente no ha dado los resultados que todo el país estaba esperando. La burocracia que tiene esta JEP es la más alta de nuestro país y ya llevan tantos años y todavía no hemos visto ni tampoco se ha decidido lo que ellos han prometido”.

Enfatizó que “creo que es el momento en que se establezcan unas sanciones ejemplarizantes en contra, no solamente del secretariado, sino de todas aquellas personas que estén involucradas en este conflicto”.

Añadió que la JEP podría perder credibilidad en sus decisiones si las sigue dilatando. “Cuando uno habla de un Tribunal de estos como la JEP que lleva tantos años, repito, y con tanta burocracia que tiene y tantos recursos económicos que le cuestan al país, y no colocan sanciones, pues claro que empieza la gente a desmotivarse y a generar poca credibilidad en la JEP”.

Por su parte, Eduardo Pizarro Leongómez, académico y expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que “mientras que el Tribunal de Justicia y Paz tan cuestionado dictó su primera sentencia el 29 de junio de 2010 contra dos jefes paramilitares, Edward Cobos y Úber Banquez, por crímenes cometidos contra la comunidad de Mampuján (Bolívar), o sea, cinco años después de entrar en funcionamiento, la JEP que entró en vigor en marzo de 2017, no ha dictado su primera sentencia”.

Agregó que la “parálisis de la JEP en el terreno de la justicia tiene, a mi modo de ver, dos raíces”: por una parte, “la dura presión de las Farc contra este organismo. Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) ha calificado” a la JEP como “‘lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista’”.

Por otro lado, dijo que el “enorme riesgo actual de la JEP de avanzar en las condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes tales como los llamados falsos positivos, generando la sensación de un desequilibrio punitivo favorable a las Farc y desfavorable a las instituciones militares”.

Se estrecha el tiempo

El director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, dijo que “desde hace un buen tiempo se viene esperando con mucha expectativa lo que deben ser las primeras decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz en contra de la cúpula de las Farc, y de hecho también frente a sus colaboradores”.

Indicó que “cada vez más pareciera estrecharse el tiempo a efectos de dar a conocer esas sanciones. Sin embargo, resulta clave lo que han venido diciendo los anteriores presidentes de la Jurisdicción Especial, en la medida en que se viene trabajando por ese propósito y que en lo que hace a los macrocasos vienen también estructurando tesis que seguramente van a determinar esas primeras sanciones”.

Añadió que “es muy importante también en este momento y de cara a las mismas defender la independencia de la JEP, que se ha advertido críticas que vienen fundamentalmente de esas personas que ahorita deberán afrontar esas sanciones. De manera tal que coetáneo a seguir pidiendo la rapidez en las mismas, tiene un elemento adicional que es fundamental y es proteger a la JEP y lo que hace a los magistrados y de su estructura para que no se vaya a afectar su sistema de funcionamiento, como pretenden los exintegrantes de las Farc y, como de hecho, también de manera inconsecuente lo ha planteado el actual Gobierno”.