A marchas forzadas se trabaja en muchas gobernaciones y alcaldías con el fin de firmar los contratos para la prestación del servicio de alimentación para no menos de seis millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos.
Como se sabe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una de las estrategias de inversión social de mayor impacto y cobertura en Colombia desde hace ya varios gobiernos. Lamentablemente, también se ha convertido en un foco de corrupción y politiquería. A través de maniobras clientelistas y redes de “carteles de la contratación” se esquilman millonarias cifras al erario y, lo más grave aún, se priva a una gran cantidad de niños y adolescentes de menores recursos de recibir desayunos, refrigerios y almuerzos suficientes y equilibrados nutricionalmente.
Aunque en la última década se implementaron múltiples controles e instancias de vigilancia para evitar que el clientelismo y la corrupción se apoderen de los billonarios recursos del programa, aún persisten las anomalías. Ya sea por las trampas en los procesos licitatorios y de contratación del servicio o por las fallas de gestión y veeduría a la hora de proporcionar el soporte alimenticio.
Actualmente, hay más de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación a nivel nacional, las cuales tienen a su cargo la contratación y administración del PAE. Cada una de ellas es objeto de vigilancia permanente por parte de la Contraloría y Procuraduría generales, así como por la Agencia Alimentos para Aprender.
Aunque, como se dijo, hay un conjunto de medidas aplicándose para evitar irregularidades, estas continúan. De hecho, la Contraloría advirtió días atrás que durante 2024 hubo más de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por circunstancias como el inicio tardío del PAE con respecto al arranque del calendario escolar, problemas en el suministro y la calidad de los alimentos, suspensiones temporales de la atención, así como por la declaración de desierto en muchos procesos de licitación y retrasos en la prestación del servicio.
Las respectivas auditorías en 32 departamentos y 35 municipios llevaron a establecer 42 hallazgos fiscales por cerca de 8.000 millones de pesos. Es más, en los últimos cuatro años (2020-2024) la cifra bajo la lupa es de 52.000 millones. Entre las principales anomalías están los sobrecostos y las zonas con más alertas fueron la Pacífica, Llanos Orientales y Eje Cafetero.
Precisamente por ello, el ente de control fiscal, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación y la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, ya envió una comunicación a las 97 ETC con el fin de alertar a las gobernaciones y alcaldías para que realicen a tiempo todos los trámites jurídicos, presupuestales, financieros, precontractuales y contractuales necesarios para garantizar que el PAE estará funcionando sin problema cuando comiencen las clases, según los respectivos calendarios académicos.
Es urgente que las autoridades locales, rectorías, docentes, juntas de padres de familia e incluso las asociaciones campesinas y demás productores locales de alimentos colaboren en la veeduría de la cantidad, calidad y pertinencia en la entrega de las raciones a los alumnos. Esa vigilancia diaria debe estar acompañada de un sistema más eficaz de alerta temprana que se active inmediata y efectivamente ante cualquier queja. Solo así se blindará este programa de primer nivel y se avanzará a la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo con miras a que el PAE alcance en 2026 una cobertura universal, es decir que beneficie a no menos del 95% de los matriculados en establecimientos educativos oficiales.
Como se dijo, la cuantía en juego es muy alta, al punto que en esta administración ya se invirtieron 3,19 billones de pesos. Este 2024, de hecho, se destinaron 2 billones, la cifra más alta en la historia del programa. Los recursos totales, como se sabe, provienen del fisco nacional, presupuestos departamentales y locales, regalías, saldos de vigencias anteriores y una parte del Sistema General de Participaciones (SGP).
Por ahora, lo importante es que los departamentos, distritos y municipios certificados para prestar el servicio cumplan con los procesos contractuales y que el programa comience a funcionar desde el primer hasta el último día de clases. Incluso hay una figura ya en marcha para prestar el apoyo alimenticio en periodos de receso escolar, sobre todo para las familias más pobres, que requieren este beneficio de manera permanente.
El PAE, como bien lo definiera un gobernador años atrás, es la joya de la corona en inversión social directa. El Estado en acción directa y tangible. De allí que debe protegerse a toda costa de la corrupción y la ineficiencia, más aún en un país en donde el rendimiento académico es cada día más bajo, según se evidencia en las pruebas estandarizadas internacionales.