*Colombianos raizales denuncian fallo

*San Andrés reclama más acción

El  hecho histórico incontrovertible del compromiso de El Nuevo Siglo en la defensa activa de los intereses de Colombia y nuestra soberanía nacional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, como de nuestros derechos soberanos  en el mar, se constituye en valioso  precedente nacionalista. Fuimos los únicos en la prensa nacional que en ese momento sostuvimos públicamente que Colombia no podía limitarse a defender el statu quo, en el litigio que planteaba el Gobierno de Nicaragua contra nuestra soberanía, sino que debíamos ir mas lejos y presentarnos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde debíamos plantear que aceptábamos la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, en consecuencia las cosas debían volver a la situación inicial de antes del compromiso solemne entre las dos naciones,  a la situación anterior; y Nicaragua en dicho caso tendría que devolver las costas que históricamente eran nuestras hasta que en 1928 se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas. Esa iniciativa a favor del país debía contar, como es apenas elemental, con un  gran apoyo nacional, como de la comprensión de los Estados amigos nuestros. Y  la nota que con fundamento inequívoco envió el Gobierno colombiano rechazando la demanda de Nicaragua y la jurisdicción misma de La Haya, por tratarse de un caso anterior a la fundación de ese Tribunal que trastornaría el régimen de respeto a las fronteras y los acuerdos de países que se hicieron antes de la existencia de esa instancia internacional, se habría fortalecido con ese argumento de devolución de nuestras costas. Se trataba de devolver las cosas en derecho, es decir: como estaban antes del Tratado que denunciaba Nicaragua. Y, posteriormente, cuando la Corte le dio curso a la demanda de Nicaragua, lo que a la gran mayoría de internacionalistas nativos les pareció inconducente y peligroso, como contrario el orden internacional. A partir de ese momento prevalece la mentalidad continental y jurídica de defensa del Tratado, asunto en el cual nuestros litigantes y los que se contrataron del exterior, entre los mejores que se pudieron atraer, se dedicaron a la defensa  de lo nuestro en derecho. Cuando se debía insistir más en defender la situación real de los isleños, la indefensión y los peligros de  una minoría bajo la presión de un país en expansión como Nicaragua con más de 5 millones de habitantes. Se actuó en  la convicción moral e intelectual de que teníamos la razón histórica, el pleno ejercicio de la soberanía y que en el Tribunal de Justicia de La Haya prevalecería el respeto por nuestras fronteras y derechos, en el entendido que los pactos son para cumplirse. Por el fallo adverso de La Haya del 19 de noviembre de 2012 pierde Colombia más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar. La Corte de La Haya con dicho fallo en vez de solucionar el litigio enrareció la situación que creó nuevos problemas con terceros países, dejando en situación dramática y vulnerable a cerca de 100 mil colombianos raizales, que soportan enormes dificultades para pescar y sobrevivir dignamente en esa región,  bajo la presión abusiva de vieja data de Nicaragua. Un grupo de representantes del pueblo colombiano del Archipiélago de San Andrés acaba de manifestar su rechazo al injusto fallo a la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay. El fallo de la Corte recuerda el documento que se entregó en la ONU por los particulares, que durante siglos, es decir, desde la existencia del Imperio Español en América del que formamos parte durante 300 años, sus habitantes vivieron allí y se ganaron la vida de padres a hijos. Ellos controvierten el hecho de que la Corte de La Haya tratara el asunto de Estado a Estado, lo que es absurdo, pues esa es la clave del asunto y no se trataba de un caso de res nullius. Otras cosa distinta es que como corresponde a una comunidad colombiana sienten su protesta en la ONU, mientras el Gobierno decide qué hacer. Lo que es determinación exclusiva del Gobierno colombiano, que puede contratar cuantos consultores considere le den luz al caso. Siendo una decisión que debe obedecer en esencia al criterio geopolítico de Colombia, que va más lejos que los tratados y fallos adversos. Más en cuanto hemos demostrado en diversos escritos que el fallo de La Haya por monstruoso y desconocer las realidades es inaplicable, puesto que no se puede condenar a una minoría de colombianos que viven allí a morirse de hambre y no poder conseguir libremente el sustento en un mar que de siempre ha sido suyo. Semejante situación, que contraría los preceptos de la ONU, se constituye en un atentado vulgar, una terrible afrenta contra Colombia y los derechos humanos.