*Las culpas no son de la Constitución
*Los riesgos de las reformas a pálpitos
Lamentablemente la política tiene mucho de emocional y no siempre las ideas corresponden a las realidades y el entorno en que pretenden implantarse. Era lo que el Libertador llamaba las “repúblicas aéreas”, con la importación de normativas extranjerizantes inadecuadas para las perspectivas nacionales.
Ello es precisamente lo que ha ocurrido con la reelección presidencial consecutiva. En un momento determinado el país, fruto de sus fibras emocionales y no del repaso pausado de su espíritu constitucional, se volcó para instaurar la reelección del presidente Álvaro Uribe, rompiendo las vértebras del tejido de la Carta y llevando al país a un viaje que se pretendía irreversible. De hecho, se quiso un tercer mandato secuencial, lo que habría significado entrar en la epidemia populista reelectoral hoy en curso en América Latina.
Desde el principio, una y otra vez, advertimos en estas columnas sobre el desaguisado y en modo alguno aceptamos que ninguna persona, supuestamente irreemplazable, prevaleciera sobre la institucionalidad o que ella se acomodara al capricho de las vivencias políticas en trámite. En principio, desde que se insinuó “el articulito”, nos opusimos rotundamente casi en solitario. Con posterioridad algunas voces disidentes levantaron la mano, pero la gran mayoría de colombianos hizo caso omiso a lo que, a no dudarlo, era poner al país sobre el despeñadero.
Así ocurrió, ciertamente, porque es prácticamente imposible generar una plataforma de garantías para quienes pretenden oponer su programa al presidente de turno con ánimo reeleccionista. A los efectos se dijo que en realidad se trataba de un período presidencial de ocho años, a mitad de los cuales simplemente se llamaba al pueblo para dar o no un voto de confianza sobre la segunda etapa de gobierno. Todo ello se comprobó que no eran más que embelecos y vaivenes jurídicos para disfrazar tendencias autoritarias que se dieron como una salida ante el desespero coyuntural por una guerrilla desbocada y que en realidad tuvo su talanquera con el desarrollo del Plan Colombia y no de la reelección presidencial.
La lección está, precisamente, en que la Constitución no puede verse por “articulitos” dispersos. Por el contrario, ella es un sistema orgánico que, por lo tanto, opera en su conjunto y que al tocar una de sus piezas afecta indefectiblemente a las demás. Se creyó, entonces, que con impedir el uso del avión presidencial para el proselitismo electoral y entregar unos dineros a la oposición todo quedaba sufragado. Las pocas miras de quienes así actuaron, de uno y otro lado, erosionaron el cuerpo institucional que, en consecuencia, perdió el vigor del aparato jurídico fraguado en centurias.
Como todo en Colombia, ahora se va de un extremo al otro. Se propone no solo prohibir todas las reelecciones, hasta la de los parlamentarios, lo que es absurdo, sino, en otro proyecto de ley, incorporar todas las elecciones (presidenciales, congresionales, de gobernadores y alcaldes) de un solo golpe, lo que, a su vez, significaría la creación de un régimen cuya naturaleza será la exclusión, el cierre de las compuertas y del libre juego democrático en las regiones y municipios. De suerte tal que entonces, aduciendo un supuesto equilibrio de poderes, se termina desequilibrando el cuerpo orgánico constitucional, tal y como viene señalado desde la elección popular de alcaldes y luego de gobernadores.
Celebramos, en todo caso, que el mismo Congreso que en su momento adoptó la reelección presidencial consecutiva, entre ahora por la vía de la sindéresis y elimine aquello que se demostró nocivo y perturbador al desenvolvimiento del poder público en Colombia.
Ciertamente el acto legislativo que acaba la reelección presidencial va tan solo en el segundo debate, pero no se observa posibilidad alguna de que ello finalmente no se apruebe, salvo porque sea tal la maraña jurídica en que se ha venido convirtiendo la reforma que termine por llevar al traste lo único que interesa.
No hay necesidad, de otra parte, de incluir fórmulas adicionales como que la dicha reelección presidencial no podría reinstituirse sino por vía de una asamblea nacional constituyente o de un referendo. Con decir constitucionalmente que está prohibida es suficiente.
En realidad, entre menos se toque la Carta más la cantidad de civilización jurídica. Los actos reformatorios de la misma deben ser extraordinarios, aunque en Colombia, por desgracia, se piense que las reformas son las que permiten su vigencia cuando, por el contrario, muchas de las deficiencias no se deben a la Constitución misma, sino a falencias o atajos en su aplicación. Esa debería ser la lección más importante de lo ocurrido con la reelección presidencial inmediata, lo que está por verse entre tantas ideas que aparecen y se desvanecen en medio de la fruición por los micrófonos y los reflectores.