* La República del Sur
** Paz negociada a corto plazo
La reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia en torno de los hechos de violencia que agobian la región del Putumayo, por su trascendencia constituye una oportuna admonición a la sociedad colombiana y las autoridades sobre el derrumbe de la legitimidad y la caída del imperio de la ley en esos territorios.
El pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema se da en ocasión de la investigación realizada contra un representante a la Cámara de ese Departamento, que dio lugar a que el alto tribunal conociera las tribulaciones y padecimientos que sufren los pobladores de estas abandonadas tierras del sur del país. Los magistrados conocieron de las perturbaciones que han significado la desmovilización de grupos armados, dado que aparecen otras bandas organizadas que llenan el vacío dejado por los que se entregan y rivalizan en acciones armadas y terroristas contra la población civil.
En vista de semejante estado de cosas que es similar al de otras regiones del sur del país donde los violentos se imponen por la fuerza y mantienen virtualmente secuestradas poblaciones enteras de civiles que deben someterse a sus absurdos códigos, exigencias y obedecer ciegamente a quienes por la violencia se imponen en contra de los principios democráticos, los derechos humanos y el natural pacífico de los ciudadanos. Numerosos informes académicos especializados nacionales e internacionales mencionan los peligros que encierra la falta de autoridad del Estado en esas zonas del sur del país, en las que desde hace mucho tiempo se han dado intrigas y planes políticos descabellados donde se plantea la posibilidad de crear la República del Sur, proyecto que en numerosas oportunidades y documentos ha sido favorecido por las Farc, e incluso en algunas repúblicas vecinas han estado explorando la posibilidad de que si se hiciera inviable la gobernabilidad en Colombia y se perdiera el control militar de la zona, podría estar amenazada por una eventual segregación. Estas hipótesis rara vez hacen carrera cuando un país defiende con ardor su soberanía nacional pero se tornan en posibilidades reales cuando territorios tan extensos que incluyen el 70 por ciento de la periferia del país siguen sumidos en la anarquía, las depredaciones y el continuo desafío de los alzados en armas. Colombia ha hecho grandes esfuerzos e inversiones en distintos gobiernos para impedir que ese delirio separatista de la República del Sur tenga acogida entre la población. Según expertos geopolíticos el mayor problema que se afronta allí es que durante más de medio siglo la autoridad se ha ejercido a medias y no existe una verdadera soberanía nacional. En tales condiciones, agregan los geopolíticos, la inmensa riqueza que alberga la naturaleza en hidrocarburos, oro y minerales estratégicos, resulta tentadora para los aventureros dispuestos a favorecer cualquier locura con tal de apoderarse de esa riqueza. Lo que ya ha pasado en países de África, en donde facciones políticas, incluso grupos armados de izquierda recibieron apoyo de financistas sin escrúpulos de países occidentales a cambio de lucrarse de sus preciados tesoros.
No es ese exactamente el caso de Colombia donde tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo en cuanto a lucha contra la subversión, que no ha conseguido su objetivo de alcanzar la victoria militar y abatir el enemigo que como dice el general MacArthur es el objetivo militar supremo. Las guerras se ganan o se pierden y no se puede vivir en la zozobra de la ambigüedad de dar un paso adelante y dos atrás en el combate contra los que a sangre y fuego atacan el sistema democrático. Precisamente por los peligros que encierra la violencia a la riqueza de nuestro país cobra fuerza la negociación diplomática con plazo fijo que plantea el presidente Juan Manuel Santos y si por esa vía diplomática no se consigue pactar la convivencia, el país debería movilizarse en unión monolítica para derrotar para siempre a los alzados en armas. El llamado que hace la Corte Suprema de Justicia a todas las autoridades de Colombia amerita que el Partido Conservador y las fuerzas afines en el Congreso hagan un debate sobre la expansión de la violencia en el sur del país.