* La reforma al Reglamento del Congreso
** Ordenar debate y evitartorre de babel
Que el reglamento interno del Congreso es una norma anquilosada e incluso anacrónica no es ninguna novedad. Todo lo contrario, desde hace varios años se viene evidenciando que la llamada Ley 5 de 1992 y los posteriores ajustes hechos a lo largo de dos décadas ya presentan una especie de fatiga de metal y, por lo tanto, se requiere una reforma a fondo que permita al Parlamento tener unas reglas de juego más modernas y, sobre todo, claras.
Tras el estropicio en que terminó imbuido el viciado proyecto de reforma a la justicia, la urgencia de esas modificaciones se hizo más patente, a tal punto que tanto desde los partidos como las nuevas mesas directivas de Senado y Cámara se empezaron a delinear algunos de los cambios que podrían introducirse. Como era apenas obvio las primeras propuestas se dirigieron a reformular todo el mecanismo de las conciliaciones de los proyectos de ley y acto legislativo. También se mencionó la necesidad de reglar de manera taxativa las objeciones a las reformas constitucionales, pues existe allí un vacío normativo. Luego, a medida que el tema de la reforma se fue ampliando, empezaron a aparecer más planteamientos sobre cambios en la asignación de ponentes, fortalecimiento de comisiones accidentales, más “dientes” para las de Ética, de Derechos Humanos y de Acreditación o la creación de otras instancias para asuntos administrativos, de manejo presupuestal y contratación… Igual se está pidiendo que se eliminen ciertas prácticas de trámite legislativo que permiten una especie de ‘pupitrazo indirecto’ y otros vicios de forma y fondo que conllevan luego a que la Corte Constitucional declare inexequible lo aprobado. También se puso sobre el tapete que se ajuste la Ley de Bancadas para asegurar una mayor disciplina partidista. Hay quienes han hablando de echar para atrás el acto legislativo que permitió a los congresistas participar de debates y votaciones de reformas constitucionales así estén incursos en conflicto de intereses. Otros sectores consideran que lo prioritario debería ser promover una norma que obligue a que todas las votaciones de los parlamentarios sean públicas y nominales, incluso en procesos eleccionarios. Cambiar las reglas para asegurar la participación de las minorías y la oposición en los debates y directivas, hasta cómo dar cabida a las bancadas que se crean por cuenta de las disidencias partidistas, otros asuntos propuestos.
Y la cuestión no termina allí. Se han escuchado voces parlamentarias que piden aprovechar la reforma al Reglamento Interno para precisar lo relativo al principio de especialización de las comisiones en Senado y Cámara, bajo la tesis de que las Primeras están sobrecargadas de trabajo por la cantidad de actos legislativos, algunos de los cuales por tratar temas económicos, energéticos o de comunicaciones, deberían ser analizados por otras células congresionales…
Lo primero que debe advertirse es que muchos de los temas que se están poniendo sobre la mesa no necesariamente pueden ser normatizados a través del Reglamento Interno del Congreso. Es más, algunos requieren de modificar otras leyes e incluso cambiar la Constitución. De igual manera, en aquellos asuntos que sí queden cobijados por el ámbito de aplicación de la llamada “Ley Quinta” debe tenerse el cuidado para que el ánimo reformista no desemboque en una especie de “torre de babel” de incisos y parágrafos incoherentes, contradictorios y poco prácticos.
Tanto el Senado como la Cámara indicaron que instalarán comisiones accidentales para aterrizar la reforma al Reglamento congresional. Es un buen comienzo para ir ordenando la discusión y limitándola a su propio marco normativo. Igual los partidos políticos deberían presentar propuestas unificadas de posibles modificaciones, en lugar de dejar que sus parlamentarios lo hagan de forma aislada y, en algunos casos, inconsulta. El Gobierno también debería terciar en el asunto a través del Ministro del Interior. Por ejemplo, hay que reglar lo relativo a las citaciones de los altos funcionarios a debates en comisiones y plenarias, pues hay allí un cortocircuito entre Legislativo y Ejecutivo.
Bienvenido, pues, el debate en torno de cómo modernizar y hacer más transparente y ágil el funcionamiento del Congreso. Pero es necesario introducirle orden y lógica al análisis, para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.