El que al comienzo de esta semana se hayan presentado cinco masacres que dejaron no menos de dieciocho personas muertas en Casanare, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Antioquia, de acuerdo a las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), es un hecho de absoluta gravedad.

Así las cosas, en lo corrido de este año ya se han registrado 86 casos de matanzas (de tres víctimas en adelante). Esto significa, entonces, que ya se acerca a 280 el número de personas asesinadas en menos de once meses.

A este ritmo fatal es muy posible que el país termine superando lo ocurrido el año pasado, cuando la misma organización no gubernamental dio cuenta de 94 masacres, con 300 víctimas.

Las hipótesis en torno a los móviles y autores materiales e intelectuales de estas masacres son múltiples. En algunos casos se señala a retaliaciones y ‘ajustes de cuentas’ entre grupos criminales. En otros homicidios múltiples se investiga si hay detrás actividades de extorsión, secuestro o robos. De igual manera, no se descarta que en algunas ocasiones se trate de acciones contra personas inocentes por parte de grupos guerrilleros y bandas criminales de alto espectro, problemas de tierras, denuncias ante las autoridades, deudas…

Cada día queda más claro que la estrategia de seguridad y orden público del actual gobierno tiene muchos vacíos, lo que se evidencia no solo en el incremento de los asesinatos colectivos, sino en el aumento de la incidencia de varios delitos más de alto impacto, especialmente homicidios, hurtos, extorsión, secuestro, narcotráfico, minería criminal y casos de desplazamiento y confinamiento forzado de población en distintas zonas del país.

En días pasados se trajo a colación en estas páginas la contradicción que se presentaba entre los reportes del Ministerio de Defensa, según los cuales los índices de seguridad y orden público han subido en todo el territorio, y el escenario crítico que advierten gobernadores, alcaldes, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras instancias sobre el incremento de la violencia a nivel urbano y rural.

Es imperativo hacer una revisión de lo que está pasando en los territorios. Resulta innegable que hay un pico en el accionar de la delincuencia común y organizada, que no se puede ocultar detrás de las frías estadísticas oficiales. Los mandatarios departamentales y municipales son el principal termómetro al respecto, así como la cantidad alarmante de noticias que a diario se reportan sobre violencia en capitales, ciudades intermedias y municipios de distinto tamaño.