*Un mal proyecto reelectoral
*La descentralización merece más
La unificación de períodos de alcaldes y gobernadores, así como la posibilidad de la reelección, son un estropicio contra la oxigenación democrática. De lo que se trata, con ese proyecto, es cerrar las compuertas de alternativas nuevas, o de oposición, y manejar el presupuesto con propósitos electorales. Es decir, cerrar antes que abrir, manejando los intersticios de la corrupción.
No está bien que eso ocurra, precisamente porque de lo que se trata, en un nuevo país, es de equilibrar los recambios políticos con la veteranía, evitando coyundas de todo tipo. Y esa es la lucha de tantos años, desde que, gracias a Álvaro Gómez Hurtado, se adoptó la elección popular de alcaldes, en 1988. El objetivo, justamente, era la apropiación de los problemas y las soluciones por parte de la comunidad y que, en la mayor medida posible, ello se independizara de los conciliábulos y las componendas que suponía la designación de gobernadores y alcaldes por decreto, generando un vértice en el que todo se definía de antemano, sin escrutinio público y el sano filtro popular.
Con el cambio se logró que el alcalde tuviera que responder directamente ante sus asociados y que los funcionarios, además, no fueran las figuras lejanas y de paso que solían ser. De hecho, un alcalde era nombrado para varios municipios que visitaba los fines de semana. Y los gobernadores, por su parte, más que las propias circunstancias y vicisitudes departamentales, respondían al senador de turno y en la mayoría de los casos lo hacían solo ante el Presidente de la República. En ningún lado, por lo tanto, aparecía la comunidad.
La elección popular de alcaldes y gobernadores hizo que, al contrario, los presupuestos regionales y municipales tuvieran mayor rigor en las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, frente a las situaciones previas, donde escasamente se debatían en reuniones esporádicas. Y con ello vinieron también las modificaciones del situado fiscal, vigorizando la descentralización con los traslados presupuestarios así como con las regalías petroleras.
Desde luego, muchos departamentos y municipios no tuvieron la disciplina para manejar los recursos renovados, pero aquello no es óbice, ni debe serlo, para retornar a mecanismos centralizadores. Lo que interesa, particularmente, es que las comunidades municipales y regionales puedan señalar de manera eficaz y efectiva su futuro, sin la intermediación de otros agentes. Para esto, ciertamente, debería mejorarse la institucionalidad de las personerías y contralorías, evitando la intermediación política, que es su pecado original, y enfocando el presupuesto hacia los anhelos comunitarios.
Con el proyecto que pretende unificar los períodos de Presidente, congresistas, gobernadores y alcaldes, de concejales y diputados, lo que se va a lograr, por el contrario, es generar las condiciones propias para que en los municipios y regiones no se mueva una hoja sin la intermediación de la clase política. Y si a ello se añade la reelección de los funcionarios se habrá completado el nefando círculo en que todo se dispondrá desde el Ministerio de Hacienda y el Congreso. Absurdo, por descontado, irrumpir con la prohibición de la reelección presidencial, como debe ser y lo repetimos una y mil veces desde hace años en estas columnas, y de otro lado autorizar las reelecciones regionales para generar feudos impenetrables.
En los Estados Unidos se acaba de demostrar, en las elecciones de esta semana, los beneficios de renovar la política regional y congresional, en lo que se llama la mitaca. Es decir, que la política, en general, se va acompasando con el ritmo de los tiempos y que ellos deben lograr expresión electoral, de modo que permanentemente se tengan en cuenta las realidades circundantes. Hacer lo contrario, llevar a que, por ejemplo, en Estados Unidos se hicieran todas las elecciones en un solo momento, sería un despropósito. Evidentemente, siendo el ejercicio político un acto esencial de orientación pública, a cada tanto ello debe ser contrastado en las urnas para escuchar y formalizar el dictamen popular.
El mejoramiento de la descentralización, en Colombia, debe darse, al contrario, por otros lados. En primer lugar, circunstancias más claras para los planes de ordenamiento territorial y, de otro lado, el equilibrio entre el Plan de Desarrollo Nacional y los regionales, de forma que cada instancia sepa a qué esfuerzos atenerse. En ello, también, el enfoque ambiental debe preponderar. Y no es cambiando el día de elecciones como eso se logra. Esto es tanto como vender el sofá.