* Ojo a denuncias de entes de control
* Un millón de estudiantes, en riesgo
EL Programa de Alimentación Escolar (PAE) es considerado uno de los mecanismos de inversión social de mayor alcance en el país, al punto que está diseñado para que se suministren desayunos, refrigerios y almuerzos para 5.8 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos.
Sin embargo, como se sabe, lamentablemente estos billonarios contratos terminaron en los últimos años siendo botín de las redes de contratistas y de corrupción, a nivel departamental y municipal. No en pocas ocasiones el país se ha indignado ante hechos tan bajos como el robo de la alimentación a los niños y adolescentes o, peor aún, el suministro de comidas y bebidas en raciones pírricas, sin ningún balance nutricional e incluso en estado de descomposición.
El año pasado el Gobierno decidió aplicar una nueva tanda de medidas para blindar el PAE. No solo se creó en el ministerio de Educación la llamada Unidad de Alimentos para Aprender sino que, a través de la ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, se establecieron mecanismos puntuales para revocar contratos a quienes incurrieran en anomalías en el suministro alimenticio.
Sin embargo, parece que esta nueva normatividad no está dando los resultados esperados. Prueba de ello es el informe de la Contraloría General según el cual 11 entidades territoriales certificadas en el país no han dado inicio oportuno al PAE. Lo que significa que por lo menos un millón de estudiantes, dos meses después de iniciar clases presenciales, aun no están recibiendo la alimentación escolar. Pero no solo eso, en algunas instituciones educativas se han presentado alertas sobre la calidad de la comida, deficiencias en materia de infraestructura, falta de menaje y otras anomalías muy graves en cuanto a los tipos de raciones que deben ser entregadas a diario a los menores de edad. Incluso hay algunos casos referidos a intoxicación de alumnos por consumir alimentos contaminados o por manipulación antihigiénica.
También esta semana la Procuraduría General alertó sobre demoras en la prestación del PAE en Caquetá, Cauca, César, Córdoba, Magdalena y Sucre, así como en varias ciudades capitales. El ente de control disciplinario coincide con el de vigilancia fiscal en que se están afectando los derechos de más de un millón de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público también advierte que en seis entidades territoriales se declararon desiertos los procesos de contratación y que, en algunos casos, ya se iniciaron investigaciones disciplinarias a los mandatarios y demás funcionarios responsables.
Incluso se trae a colación que desde noviembre pasado se había urgido a los gobernadores y alcaldes que debían precaver todo el proceso contractual, logístico y de control en tiempo real para asegurarse de que este 2022, al volver a la presencialidad educativa a lo largo y ancho del país, tras más de un año y medio de crisis pandémica, todo debía estar listo en este aspecto.
Visto lo anterior corresponde al ministerio de Educación, así como a la mencionada Unidad, adoptar los correctivos del caso para que el PAE funcione de manera transparente y eficaz. No se puede dejar de lado que desde 2019 los recursos que se invierten en este programa han aumentado en más de un 40 por ciento y que, como ya se mencionó, se han creado instancias y expedido leyes (como la 2167 de 2021) para evitar que estos presupuestos sean objeto de los corruptos y los carruseles de contratación. También es importante que la Fiscalía revise lo denunciado esta semana por los entes de control, el Ministerio y la propia Unidad, para establecer si hay lugar a responsabilidades penales. Todo el aparato institucional debe movilizarse para prevenir cualquier irregularidad y, de paso, castigar con la máxima contundencia permitida a quienes quieren, en un actitud alevosa e indigna, adueñarse de los dineros destinados para alimentar a casi seis millones de estudiantes, la mayoría provenientes de hogares de bajos recursos, cuya alimentación diaria depende en gran parte de la que reciben en las instituciones educativas.
Como lo hemos dicho en otras ocasiones, garantizar que el PAE funcione de manera eficaz también depende de la labor que cumplan los docentes, cuerpos administrativos y los padres de familia. En la medida en que se tenga el ojo avizor, día tras día, comida tras comida, le quedará más difícil a los avivatos y corruptos hacer de las suyas.