Nada más gravoso en la administración pública que la toma de decisiones apresuradas y sin el suficiente estudio técnico sobre las consecuencias de tipo fiscal y funcional. Una prueba de ello es lo ocurrido con el alivio del 50% en la tarifa del Seguro Obligatorio de Atención a Terceros (SOAT) que el gobierno anunció a finales del año pasado.

En su momento, se justificó esa rebaja para los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje, motocarros, tricimotos, cuatriciclos, autos de negocio, buses y busetas urbanos, así como vehículos de servicio público intermunicipal, como una forma de disminuir el alto nivel de evasión de esta póliza de seguro, circunstancia que tiene un costo cuantioso para la Nación que termina pagando el valor de la atención médica y compensaciones a heridos y fallecidos en accidentes de tránsito.

Incluso se afirmó que ese alivio contribuiría a disminuir la siniestralidad vial, ya que tener el SOAT al día es requisito para realizar la revisión técnica-mecánica anual a todos los vehículos.

Casi un año después del anuncio de la medida el panorama no es el esperado. Las autoridades gubernamentales admiten que el porcentaje de evasión en el pago de esta póliza obligatoria no disminuyó en la proporción en que se esperaba, sobre todo en lo relativo a los motociclistas, el actor vial más involucrado en accidentes en las carreteras.

A ello se suma que, lamentablemente, los índices de siniestros en las carreteras este año están disparados. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre fallecieron 3.821 motociclistas.

A lo anterior hay que sumar que el índice de evasión de la revisión técnico-mecánica también continúa siendo muy alto.

Y como si fuera poco, cada día es mayor el debate en torno al costo fiscal del alivio del 50% en el valor de la tarifa del SOAT para los vehículos mencionados. Un estudio de la Contraloría sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud evidenció que al no lograr el aumento de asegurados con la póliza SOAT y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la Adres y los del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados, tal y como otros dineros de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado.