*Un proyecto de decreto muy controvertido
*Minambiente debe responder a Procuraduría
Uno de los flancos más preocupantes en la política económica del actual Gobierno ha sido, precisamente, el minero-energético. Los bandazos en este campo han generado gran incertidumbre en el sector, al punto que la inversión ha disminuido preocupantemente. Si bien hay coincidencia en torno a que el país debe avanzar en la transición energética, más aún en el marco del combate al cambio climático, es evidente que Colombia tiene una de las matrices hidroeléctricas más grandes del continente, al tiempo que poco a poco va ganando terreno el parque de generación eólica, solar y de hidrógeno. A ello se suma que es ínfimo el porcentaje de gases contaminantes que emite nuestra nación, sobre todo en comparación con las grandes potencias.
Ese argumento se ha reiterado muchas veces en el último año para advertir sobre la inconveniencia de la estrategia gubernamental para marchitar de forma acelerada la exploración y explotación de gas, petróleo y carbón, que es la principal fuente de divisas, impuestos y regalías en el país (más de 3.000 millones de dólares de ingresos para la Nación el año pasado). También son la base de las exportaciones, como lo evidencia el último reporte del DANE al respecto, según el cual, de los más de 3.986 millones de dólares por ventas externas en junio pasado, los productos relacionados con combustibles y minería representaron el 50,3% del total, seguidos, de lejos, por manufacturas (22,7%), agropecuarios, alimentos y bebidas (20,8%) y otros sectores (6,3%).
Visto todo ello, se entiende el alto grado de preocupación en el país por las posturas polémicas de la anterior titular de la cartera de Minas y Energía, al tiempo que justifican las alertas prendidas en relación al proyecto de reforma al Código Minero que el Gobierno anunció para esta segunda legislatura. De hecho, este Diario publicó días atrás un informe en el que varios voceros del sector advirtieron que todavía no se les había convocado para consensuar el alcance de esa modificación normativa que, por obvias razones, tendrá muchas implicaciones en este rubro socioeconómico de primer nivel.
Pero no es el único campanazo escuchado en las últimas semanas. Ayer la Procuraduría General presentó sus observaciones al borrador del decreto mediante el cual el Gobierno busca reglamentar la declaratoria y delimitación de las reservas naturales temporales. Según el Ministerio Público, esa iniciativa legal pretende establecer nuevas prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras en el país. Es más, se advierte que su aplicación podría generar en la práctica una situación de veto o parálisis respecto a las actividades de exploración y explotación de estos recursos naturales no renovables.
La Procuraduría también señala que, aunque el proyecto de decreto va dirigido a establecer medidas de carácter temporal, el articulado otorga la competencia a la autoridad ambiental para tomar decisiones definitivas en materia de la continuidad de las actividades de explotación minera, incluso llegando al cierre permanente de estas operaciones extractivas.
Tras ello, el ente de control disciplinario recalca la necesidad de analizar desde diferentes sectores las consecuencias sociales, económicas y jurídicas que se podrían derivar de la eventual expedición del proyecto. Incluso se alerta que el Gobierno Nacional no tiene la competencia absoluta frente a la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación, por lo que cualquier toma de decisión debe contar con la debida participación de la ciudadanía, un principio ratificado por Colombia en el Acuerdo de Escazú.
Es imperativo, entonces, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dé una respuesta amplia y suficiente a lo advertido por la Procuraduría. Abstenerse llevaría no solo a poner en peligro la seguridad jurídica, inversiones, dinámica productiva y empleos generados por la minería legal y autorizada, sino que muy seguramente desembocará en que tan pronto como sea emitida la cuestionada norma será objeto de demandas ante el Consejo de Estado, con el consecuente pedido de medidas cautelares para que se suspenda su aplicación hasta el que máximo tribunal del contencioso-administrativo tome una decisión de fondo.
Por lo tanto, en relación con todo lo anterior, lo más aconsejable es que las observaciones a los alcances del proyectado decreto sean analizadas de forma objetiva y ponderada. Ya que el Gobierno ha experimentado que varias normas y directrices que ha puesto en vigencia de forma intempestiva o caprichosa terminan siendo suspendidas o se caen definitivamente una vez son examinadas por los altos tribunales y cortes. Sería ilógico que volviera a incurrir en el mismo error.