* Una ciudad sin hoja de ruta sólida
* Crónica de una caída anunciada
Una vez más Bogotá, la capital del país, la urbe que genera más del 20% del Producto Interno Bruto, la más poblada, la que más recursos mueve en negocios, infraestructura e inversión pública y privada así como la ciudad que tiene la institucionalidad más sólida a nivel territorial, no cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) moderno y actualizado.
Lo más grave es que la capital lleva casi dos décadas en la misma situación, pues el último Plan aprobado efectivamente por el Concejo Distrital y que rigió fue el de la administración Garzón en 2004. Desde entonces, no se contado con la que es, sin duda, la norma más importante en materia de planificación a largo plazo, uso del suelo, infraestructura urbanística, evolución de la oferta de servicios públicos, movilidad, política social, cualificación de nichos industriales, comerciales, de vivienda y protección ambiental… En fin, con el instrumento legal que viabiliza el desenvolvimiento estructural y ordenado de la urbe y, por ende, enmarca la gestión de las alcaldías de turno, sirviendo de marco a sus respectivos Planes de Desarrollo.
Como se sabe, en los gobiernos Moreno, Petro y Peñalosa los intentos por aprobar el POT en el Concejo o expedirlo por decreto fracasaron en medio de una accidentada cadena de polémicas políticas y jurídicas, llevando a la sinrazón institucional que el vigente desde 2004 tuviera que extenderse pese a su anacronismo tras casi dos décadas.
Al llegar la administración de Claudia López se prometió que, ahora sí, el Distrito tendría esta hoja de ruta permanente. Sin embargo, el proyecto de POT presentado en septiembre del año pasado al Cabildo terminó hundiéndose a comienzos de diciembre, en medio de un inédito alud de 66 recusaciones y 92 impedimentos.
Aunque desde varios sectores se advirtió a la Alcaldía que no se habían agotado los 90 días de plazo legal que tenía el Concejo para aprobar el POT, ya que al menos 48 se fueron en el trámite de las recusaciones e impedimentos, la Administración Distrital hizo caso omiso a esas alertas y procedió a expedir la norma mediante el decreto 555 a finales de diciembre.
Como era previsible ese procedimiento fue demandado de inmediato y, finalmente, pasó lo que se presagiaba por parte de muchos juristas: el juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, al resolver una causa interpuesta por Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de la administración Peñalosa, excandidato a la Alcaldía y senador electo, profirió una medida cautelar suspendiendo de manera provisional el decreto distrital.
Citando normas legales y jurisprudencia de las altas cortes, el juzgado fue enfático en advertir que los 90 días de plazo máximo que tenía el Concejo para aprobar o negar el POT no se cumplieron ni agotaron a comienzos de diciembre, ya que durante los 48 que se invirtieron en el trámite obligatorio e insoslayable de los impedimentos y recusaciones, ese término legal de tres meses quedaba suspendido y solo se reanudaba una vez estos recursos fueran resueltos. Así las cosas, la Alcaldesa no tenía competencia para expedir el POT por decreto, ya que esta facultad solo se activa cuando cesa la del Concejo Distrital, lo que en este caso específico no se consolidó pues solo debatió el proyecto por un término efectivo de 42 días.
Tras este fallo se generó una dura polémica. El Palacio Liévano anunció que apelará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que el plazo de los 90 días sí se cumplió y, por lo tanto, procedía la expedición del POT por decreto. El demandante y no pocos juristas recalcaron que la medida cautelar está acorde a Derecho y que fue la Alcaldía la que procedió ilegalmente así como de manera arbitraria e imperativa a decretar un Plan de Ordenamiento que no fue consensuado, que generó división en el Cabildo y que, incluso después de entrar en vigencia en diciembre pasado, no ha tenido reglamentación efectiva y sí peros de fondo por parte de múltiples sectores.
Más allá de cómo termine este nuevo pulso jurídico en el Tribunal Administrativo, lo cierto es que Bogotá, una vez más, no tiene POT vigente, al menos uno moderno, viable y acorde con las realidades de una urbe de casi 10 millones de habitantes. Es una situación tan ilógica como desinstitucionalizadora, más aún en momentos en que el mismo Concejo le aprobó a la Alcaldía el más alto cupo de endeudamiento de la historia. Son 11,7 billones de pesos, cuya inversión debería estar sujeta a una hoja de ruta de largo plazo, estructural y con un norte claro.