* Recuperar el principio de autoridad
* Una estrategia que no da espera
Por supuesto que el próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá debe poner su mira sobre la seguridad ciudadana. Es la mínima exigencia en una metrópoli que perdió el norte en la materia desde que, a cuenta de las secuelas de la pandemia y las cuarentenas, se permitió el más protervo vandalismo, camuflado en la llamada protesta social, y se llegó a una distorsión de la autoridad hasta el desmayo en que hoy se encuentra.
En términos generales, los alcaldes de las principales ciudades del país no tuvieron entonces solidaridad institucional alguna con los dictámenes del presidente de la República para sofocar la anarquía y recuperar el orden público. En Bogotá se dio una conducta dubitativa, por decir lo menos, y bajo esa condición fueron arrasados sectores de la capital, incluso dejando por meses al garete y en manos de la denominada “primera línea” a los bogotanos en lugares cruciales, como es fácil recordarlo en zonas de Kennedy, que aún no se recuperan en su integridad. Asimismo, los monumentos históricos fueron devastados, sin la readecuación pertinente y el retorno a los sitios ordenados por las normativas distritales, expedidas a través de las décadas, dando así curso a una permanente situación de ilegalidad. Basta ver, frente a ello, cómo las máximas autoridades del país se cuelgan la Orden de Isabel la Católica, otorgada por la monarquía española en reciente visita muy publicitada y solemne a la Península, pero paradójica y hasta cínicamente en Bogotá se toma las de Villadiego, evitando que la estatua de la reina y Cristóbal Colón vuelvan a su lugar tradicional. Y todavía mucho peor, claro está, constatar como desde entonces se suceden a diario las noticias de muertes, atracos, robos y todo aquello que ha venido erosionando el principio de autoridad de manera lesiva y preocupante.
En tanto, resulta a todas luces incoherente que, mientras la ciudad vive una realidad de semejantes características, el debate central consista en retrotraer, por ejemplo, las condiciones del Metro. Desde luego que cualquier incumplimiento por parte de los contratistas debe ser sancionado acorde con las cláusulas pertinentes, lo cual, si este fuera el caso, no implica en modo alguno volver a abrir las discusiones sobre el diseño y demás. Todo eso no hace más que distraer los requerimientos del aquí y el ahora que pasan, necesariamente, tanto por la recuperación del principio de autoridad, como por su desarrollo y aplicación en todos los sectores de la ciudad.
Para esto se necesita, ante todo, tener la idea clara de que cualquier política social verdadera arranca por la seguridad ciudadana, porque sin ella se disuelven los lazos de solidaridad en los que se fundamenta toda sociedad y a cambio se da rienda suelta a la violencia y la ley de la selva. Una ley, verbi gracia, que es muy útil a expresiones tan bárbaras como las del “Tren de Aragua”, que nunca se habían visto en Bogotá. Y por tanto de ahí en adelante se vuelven comunes todo tipo de delitos, volviendo a la metrópoli un enclave delincuencial.
A decir verdad, aun antes de pandemia, Bogotá necesitaba una evaluación de su sistema de seguridad. Hoy, por descontado, es urgente que ello se haga de la mejor manera posible, con la información y la experticia adecuada, y bajo los cánones de un cuerpo policial moderno y ajustado a las exigencias de una urbe que se mantiene en plena expansión. No en vano Bogotá es, aún más en la actualidad, el motor de la economía nacional, el centro educativo del país, la zona que aporta un voluminoso caudal a la tributación nacional, tiene el mayor PIB nominal y per cápita de la nación, es la ciudad de mayor afluencia turística, el epicentro de los servicios y la innovación, en suma, una conurbación de más de once millones habitantes, con su región metropolitana en pleno auge y ebullición, lo cual la ha venido destacando en la cuarta o quinta posición entre la principales metrópolis latinoamericanas.
Pero si bien conserva estas características, entre otras adicionales de igual importancia, en materia de seguridad pareciera, no solo haberse quedado entrampada, sino que existe la sensación de un dramático vacío al respecto. Por descontado, la ciudad tiene que aproximarse a los promedios mundiales aconsejables de policías por número de habitantes, en lo que es deficitaria. Pero todavía en mayor medida debería adoptar una estrategia eficaz de más alcance que los CAI o cuadrantes, que más bien parece una estructura diseñada para otras épocas o cuando menos necesita complementarse decididamente.
Desde luego, muchos son los otros frentes que habrá de atenderse, con tantos retos citadinos a la vista. Sin embargo, ello no será posible si no se entiende, en primer lugar, que se debe recuperar el principio de autoridad. No como una amenaza, sino como la autoridad efectiva y serena, que debe gobernar todo organismo social.