* Agitadores utilizan a los campesinos
* El presidente Santos no pisa la cáscara
En tanto se negociaba la apertura económica no siempre se hicieron los estudios necesarios para establecer cuáles serían los sectores más afectados por la competencia desigual, ni cuáles los más vulnerables por cuenta de la pobreza o los problemas que en las regiones periféricas suscitan los cultivos ilícitos, sea por su extensión o por la paulatina eliminación de los mismos. En algunas zonas esa expansión ilegal determina que los campesinos por ganar un poco más abandonaran las siembras legales, hasta el extremo de cosechas perdidas por cuanto por la paga normal los trabajadores no se empleaban. Se dan casos de hacendados que no consiguieron en un momento dado recolectores de café y problemas por el estilo. La distorsión que desata el predominio de lo ilícito sobre lo legal es desastrosa. Fuera de ser un elemento perturbador que contribuye a extender la violencia. Diversos grupos que se mueven a la sombra de la ilegalidad hacen trepidar sus armas en cualquier momento. Y las víctimas de esa situación son los habitantes inermes de los campos, atrapados entre varios fuegos y la violencia. Obligados, en no pocos casos, a participar en marchas campesinas que de manera deliberada intentan confrontar la autoridad, con la idea de presionarla a que actúe contra los que la desafían. En ciertas ocasiones bloquean los caminos para constreñir al Gobierno a ceder y aceptar sus pretensiones. Son pequeños conatos de guerra de liberación que ponen a prueba los nervios del Gobierno y la capacidad de respuesta de la autoridad para restablecer el orden.
Esas protestas, como la del Catatumbo, obligan a distraer soldados de lugares estratégicos, a sabiendas de que en tiempos de negociaciones de paz, los subversivos intentan ampliar sus frentes de influencia, en tanto las autoridades están vigilantes, y a la espera de lo que ocurra en La Habana, lo que determina que se luche con menos entusiasmo, por cuanto trasciende en los medios que mañana podrían ser amnistiados los subversivos que ayer eran sus “enemigos”. Y, lo que es peor, se pretende judicializar a los soldados que están en los frentes de combate. Semejantes confusión de valores es una situación que tienen prevista los gobiernos que intentan sofocar un conflicto por la negociación sin haber ganado la guerra, pese a que se ha conseguido propinar golpes terribles a la subversión. Lo cierto es que la misma no es estática y se mantiene por sus ricos fondos y la situación de desesperanza en las zonas más apartadas. Con los beneficios de los negocios ilícitos tienen la capacidad de comprar armas y explosivos, lo mismo que el dinero de caja menor para reclutar milicianos, que se alistan por la fuerza o por la paga. Ese es uno de los factores que le da más dinámica a la guerra y la acción de los que desafían al Estado, no por asuntos de filosofía política o de doctrina, sino de “negocios”. Parece que los que están más ligados a esas actividades son los más reacios a dejar las armas.
No es fácil distinguir en esas protestas, como la del Catatumbo, a los rudos campesinos que trabajan de sol a sol en pequeñas parcelas, apenas para sobrevivir, de los agentes y amigos de la subversión, no obstante que muchos labriegos son víctimas de la violencia de los grupos armados y de la ruina económica, puesto que en zonas de guerra no prosperan los cultivos legales y ni siquiera se pueden recoger las cosechas o llevarlas al mercado. Están atrapados en sus tierras y en el atraso. Y los agitadores saben que, con las protestas sucesivas y hasta ahora aisladas de diversos sectores de la economía afectados por la competencia desigual o por efecto del peso revaluado, como las de los trasportadores, de los cafeteros, de los cacaoteros, de los carboneros, agobiados por la baja de los precios internacionales y el alza de los combustibles, de improviso pueden derivar en un paro general. Es verdad, que el Gobierno dispone de importantes recursos para negociar las protestas, hasta que se llega a un límite de no retorno, como lo ha explicado varias veces el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a los cafeteros, ya que los multimillonarios desembolsos no pueden ser en exclusiva para un sector de la economía.
La pretensión de forzar la creación de “repúblicas independientes” en la zona del Catatumbo, de ser aceptada, llevaría a que en otras regiones del país, principalmente, en las que han sido azotadas por la violencia, se reprodujeran las protestas, se solicitaran más zonas sin soberanía del Estado y se atomizara la geografía del país. Cáscara que el presidente Juan Manuel Santos, no está dispuesto a pisar. Y al respecto ha sido enfático: “por las vías de hecho intentan obligar al Estado a tomar decisiones administrativas con consecuencias jurídicas en todo el territorio, que es lo que se pretende con las zonas de reserva campesina, eso no va a suceder y no lo vamos a permitir”.