* Gasto público desbordado y desfinanciado
* En riesgo cumplimiento de la Regla Fiscal
Fuerte y claro. Así es el campanazo dado al Gobierno por el Comité Autónomo de Regla Fiscal, urgiendo ajustar el gasto público, pues varias de las proyecciones hechas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2034 contienen supuestos macroeconómicos riesgosos.
Si bien ese Comité -que es un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda e integrado por cinco expertos- reconoce algunos avances en la política económica, como los ajustes al precio de la gasolina que han permitido reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (al final del año sería de 18,5 billones de pesos), también prende varias alarmas.
Por ejemplo, alerta que el Marco Fiscal prevé para el próximo año un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno. Esto pese a que en los últimos dos años se aprobaron igual número de reformas tributarias que aumentaron los ingresos de la Nación en cerca de 4% del PIB a 2024.
También se advierte sobre un incremento de 1,2% del PIB en el gasto primario para este y el próximo año, lo que no solo aumenta las presiones fiscales, sino que revierte los ajustes alcanzados después de la pandemia. Se pone así en riesgo la posibilidad de cumplir el Plan Financiero fijado a comienzos de 2023 y el objetivo de estabilizar la deuda gubernamental.
Más preocupante aún resulta que el Comité de la Regla Fiscal señala que cumplir las metas de reducción de déficit para el próximo trienio depende incluso de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, como los recursos de arbitramento de litigios.
Ese diagnóstico lleva a concluir que en 2024 habría un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, debido al desbalance entre gastos e ingresos estructurales. Tampoco se alcanzarían las metas gubernamentales de reducción progresiva del déficit fiscal y de la deuda neta.
Como si todo lo anterior fuera poco, el Comité sostiene que el Marco Fiscal plantea ingresos adicionales que podrían resultar inciertos, por ejemplo, los derivados eventualmente de una mejor gestión de la DIAN. También resulta evidente que no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos, como menores precios o producción de petróleo, mayor desaceleración económica, depreciación del peso o inflación persistentemente más alta.
Es más, en un hecho que resulta paradójico, el Marco Fiscal proyectado por el Ejecutivo tampoco incluye los probables gastos adicionales que resultarían de las reformas que presentó al Congreso, como la pensional o la de salud, que en una estimación de corto plazo podrían representar un gasto anual por encima del 0,7% del PIB.
Finalmente, el Comité de Regla Fiscal señala que si bien el Ministerio de Hacienda ha sido “exitoso” en la colocación de deuda, los precios a los cuales se negocia en el mercado secundario evidencian una percepción de riesgo por parte de quienes financian a la Nación así como la preocupación por el lento avance de la consolidación fiscal y de la reducción de deuda a niveles más potables.
Como se ve, el campanazo tiene muchas implicaciones. El gasto público se está desbordando, los ingresos caen y por esa vía se dificulta la capacidad para realizar un ajuste fiscal racional y duradero.
Tras ese diagnóstico es claro que se requiere un ajuste en la senda macroeconómica. La decisión del Gobierno de recortar en diez billones de pesos el monto del ya aprobado proyecto de adición presupuestal fue sintomática de que los ingresos por recaudo tributario y otros conceptos no son los esperados. También es innegable que el fenómeno del Niño amenaza con frenar la desescalada inflacionaria en el segundo semestre, en tanto que el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) y otros indicadores seccionales evidencian que la desaceleración productiva está empezando a profundizarse, a tal punto que el PIB no llegaría a 2% este año.
Es urgente, por tanto, que el Gobierno entienda que no puede seguir aumentando el gasto. La Regla Fiscal es un reaseguro de la ortodoxia y estabilidad económica colombianas. No se puede arriesgar, como tampoco desconocer un escenario micro y macroeconómico cada vez más adverso, y menos aún seguir mandando mensajes que alejan la inversión, desaceleran la dinámica productiva y paralizan el clima de negocios. No solo vamos rumbo a un hueco fiscal de mayores proporciones (muy por encima del 4,3%), sino que las calificadoras de riesgo podrían aplicar otra rebaja de nota, en tanto se aleja la posibilidad de que el país recupere el grado de inversión a corto o mediano plazos. La pregunta es ¿hará caso el Ejecutivo a este campanazo?