La comunidad internacional continúa cerrando puertas a la dictadura venezolana luego de que días atrás la justicia, cooptada por el régimen chavista, insistió en impedir la candidatura presidencial de María Corina Machado, que el pasado 22 de octubre ganó de forma masiva y contundente las elecciones primarias de la oposición de cara a los comicios generales programados para el segundo trimestre del año entrante.

A las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea al Gobierno de Maduro para que cese su persecución a los sectores contradictores y cumpla el compromiso de no obstaculizar por ningún medio a Machado, se sumó ahora la propia Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Comité de Derechos Humanos del ente multilateral expresó su “profunda preocupación” por las denuncias en Venezuela de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, están restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de la oposición se presenten a cargos públicos.

La instancia, compuesta por 18 expertos independientes, lamentó “que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024”. Acto seguido instó al gobierno venezolano a “asegurar unas elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos”.

Este campanazo es clave, ya que debe llevar también a que la ONU revise si debe seguir adelante con su labor de administración de un fondo de inversión en programas sociales en Venezuela, que es financiado con recursos del gobierno chavista que se encuentran congelados hace tiempo en entidades financieras en el exterior.

La oposición venezolana ha denunciado que la insistencia del régimen en bloquear a Machado y reforzar la represión a todos los sectores críticos del chavismo, así como la posibilidad de que la dictadura capitalice a su favor las actividades del fondo que administra la ONU, deben llevar a que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, replantee si debe revocarse tanto ese mecanismo de inversión como el alivio a las exportaciones de petróleo, gas y oro que se activó hace escasas semanas.

Por el momento, como se advirtió en estas páginas días atrás, queda claro que el régimen dictatorial se está aprovechando de la buena fe y casi que la ingenuidad del gobierno Biden y la propia ONU, debido a que todo a lo que se había comprometido en la mesa de negociación con la oposición en Barbados, lo terminó incumpliendo de forma abierta y descarada.