Un año de la Ley Estatutaria
Prueba ácida al nuevo modelo
El sistema de atención en salud en Colombia arrastra una serie de fallas estructurales que cada uno de los últimos gobiernos ha tratado de solucionar parcialmente. Algunos de esos ajustes han dado resultados positivos, otros tuvieron un efecto regular y los restantes simple y llanamente fueron inocuos. Es evidente, como en varias ocasiones hemos reiterado desde estas páginas, que sin la aplicación de una reforma a fondo del sistema es prácticamente imposible arreglar todo aquello que funciona mal. Incluso, se ha reiterado que esa reingeniería debe abarcar no sólo el modelo institucional público y privado de gestores y prestadores, sino especialmente su esquema de financiación y sostenibilidad a largo plazo. Sería por demás ingenuo negar que la gran mayoría de las deficiencias en la atención pronta y eficaz del servicio a los usuarios no tiene que ver con los niveles de cobertura, que en Colombia se puede decir que son aceptables frente a los estándares internacionales, sino que su causa principal es la visión de costo-beneficio que se tomó el sistema en términos económicos y no de la calidad de vida de los pacientes.
Por estos días ese marco circunstancial de análisis se ha vuelto a poner sobre el tapete, no sólo porque se hizo un corte de cuentas del primer año de vigencia y aplicación de la reforma estatutaria de salud, sino porque el Gobierno lanzó la llamada “Política Integral de Atención en Salud” (PAIS), cuyo objetivo primordial es centrar la acción en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo, y no en las clínicas, hospitales y EPS.
Frente a lo primero, la ley estatutaria que elevó la salud a la categoría de derecho fundamental, los balances son agridulces. Es claro que las disposiciones para controlar y regular el precio de los medicamentes han tenido resultados positivos, así como las disposiciones para evitar el llamado ‘paseo de la muerte’, pues cada día son menos los casos de enfermos a los que se les niega la atención en los servicios de urgencias. Sin embargo, la situación financiera de las EPS continúa siendo preocupante, no sólo porque en los últimos meses tuvieron que ser liquidadas dos de las más grandes, como Saludcoop y Caprecom, sino porque la red de prestación de los servicios, es decir los hospitales y las clínicas, tanto públicas como privadas, continúan advirtiendo que se les adeudan más de cinco billones de pesos y no son pocos los centros asistenciales al borde de la quiebra. Ello pese a que del presupuesto nacional han salido cuantiosos recursos para mantener a flote el sistema. También hay quejas en torno a la demora en la reglamentación de varios de los postulados de la Ley estatutaria o de las dificultades para la aplicación de los decretos y regulaciones ya dictadas.
En cuanto a PAIS, el Ministerio del ramo explicó que la nueva política tiene un componente estratégico, que determina las prioridades del sector salud en el largo plazo; y un componente operativo, que consiste en el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), que se constituye en el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados. En palabras más sencillas, se pretende facilitar y agilizar el acceso de los usuarios al sistema, con menos tramitomanía, más disponibilidad de personal calificado y especialista y mayor énfasis en la medicina familiar y comunitaria, lo que reduciría entonces la sobredemanda de los servicios de urgencias, al aplicarse un enfoque más dirigido a la prevención y detección temprana de problemas de salud y su tratamiento.
En la formulación teórica esa nueva estrategia suena muy bien, pero las largas filas de pacientes colapsando los servicios de urgencias, la persistencia de la tutelitis como fórmula para presionar la aprobación de procedimientos y entrega de medicamentos, así como las restricciones de servicios en clínicas y hospitales por las graves deficiencias presupuestales, lanzan una sombra de duda sobre la eficacia real de este nuevo modelo de atención.
Como se dijo al comienzo, el sistema de atención en salud en Colombia arrastra fallas estructurales que deben ser corregidas de forma integral y profunda. Los avances normativos en los últimos años no han sido pocos y aunque se ha adelantado en materia de aplicación real y efectiva, aún quedan muchas falencias. Habrá que esperar a ver qué pasa con este nuevo modelo y si sus objetivos no terminan estrellándose con las deficiencias financieras del sistema. Ese será su verdadera prueba ácida.