*El peligroso reciclaje de la parapolítica

 

 

La sana lógica indica que aquellos procesos o mecanismos que funcionan bien, no deben reformarse. Y eso es precisamente lo que advertimos desde el mismo momento en que se conoció el contenido del proyecto del Gobierno para modificar a fondo el funcionamiento de la rama judicial.

 

Si bien siempre hemos insistido en que el sistema de administración de justicia requiere una reingeniería, también advertimos que la misma debía aplicarse sobre los procedimientos e instancias que evidencian falencias y no sobre aquellos que por encima de todas las dificultades se han convertido en símbolos del imperio de la ley.

En ese orden de ideas, era a todas luces inconveniente y disfuncional la propuesta de retirarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad exclusiva de investigar, juzgar, acusar y condenar a los congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos funcionarios aforados. De acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo radicó en el Congreso, las etapas de investigación y la acusación serían asumidas por la Fiscalía General de la Nación y el control de garantías estaría en cabeza del Tribunal Superior de Bogotá, mientras que el juzgamiento en doble instancia tendría lugar ante la Sala Penal de la Corte, que para tales efectos se dividirá en dos secciones.

Era obvio que debilitar la capacidad del máximo tribunal de la justicia ordinaria para conocer de los procesos penales contra los más altos funcionarios del Estado era equivocado. De un lado, porque desconocía que el fuero de que gozan éstos actúa como un mecanismo de doble vía: primero, opera como una garantía para la ciudadanía sobre la transparencia que debe regir la actuación de quienes desempeñan funciones de primer nivel y, segundo, se convierte en una preeminencia para los propios imputados al tener la oportunidad de ser investigados y juzgados por la máxima jerarquía de la justicia ordinaria.

Es imposible desconocer que la Corte se erigió en los últimos años como el motor de investigaciones tan complejas como las de la parapolítica, que dejó al descubierto la alianza siniestra que decenas de parlamentarios, dirigentes políticos y altos cargos sostuvieron con los grupos de autodefensa y otros factores delincuenciales. De no ser por la majestad del alto tribunal y la forma institucional en que resistió los distintos ataques que se le lanzaron para tratar de amilanarla y bloquear el destape de esta peligrosa caja de Pandora, el Estado colombiano habría terminado cooptado por la ilegalidad al más alto nivel.

Afortunadamente la coherencia de los argumentos a favor de mantener la facultad exclusiva de la Corte para procesar a los funcionarios aforados terminó imperando, y desde el mismo seno de la Mesa de Unidad Nacional reunida en la Casa de Nariño se decidió corregir la propuesta inicial y en la ponencia del proyecto de reforma judicial no habrá cambios de jurisdicción en el sistema de juzgamiento de los congresistas. Las modificaciones se harán en el interior del alto tribunal con el fin de viabilizar en mejor forma lo relativo a la segunda instancia, mecanismo en el que ya la propia Corte había avanzado.

Ojalá tanto en las comisiones primeras como en las plenarias de Senado y Cámara no surjan de nuevo intentos de lesionar la competencia del máximo tribunal de la justicia ordinaria. La opinión pública entendería esas actitudes como abiertamente revanchistas. Es claro que la tarea de depuración de la política aún está a medio camino, y prueba de ello es que hay decenas de procesos contra parlamentarios y altos funcionarios aún pendientes de fallo en la Corte así como múltiples investigaciones en etapas preliminares. A ello se suma, que las denuncias sobre las anomalías en el actual proceso electoral evidencian que las alianzas espurias entre candidatos, mafias y grupos ilegales persisten. Mal se podría debilitar  la justicia cuando se habla de un peligroso fenómeno de reciclaje de la parapolítica y otras formas de corrupción.