* Congreso analiza grave denuncia de Fiscalía
* Acervo probatorio es cada vez más sólido
La posibilidad de que Pedro Castillo continúe como presidente de Perú es cada día más complicada. El mandatario de izquierda, que a duras penas ha podido superar dos procesos de destitución por parte del Congreso, ahora fue denunciado por la Fiscalía General que lo acusa de dirigir una organización criminal de tráfico de influencias y apropiación de recursos públicos mediante el amaño de la contratación oficial.
Los cargos son muy graves. Según la denuncia constitucional que presentó la fiscal general Patricia Benavides ante el Congreso, al Jefe de Estado se le sindica como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder. El documento judicial señala que se encontraron indicios sólidos de la “presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".
La denuncia, que también sindica a los exministros de Vivienda así como de Transporte y Comunicaciones, empezó a ser estudiada ayer por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene un plazo de diez días para analizar el acervo probatorio y, en caso de encontrarlo procedente, dar paso a un antejuicio político-judicial contra Castillo, que podría durar de dos a tres meses, con el riesgo de que, al final, pueda ser suspendido del cargo mientras se adelanta el proceso formal, lo que podría significar que no termine su periodo a mediados de 2026.
Aunque Castillo, que lleva apenas 15 meses en el poder, rechazó la imputación -la primera que la Fiscalía peruana hace en la historia contra un mandatario en ejercicio- e incluso acusó a la entidad de ser parte de una especie de “golpe de estado”, lo cierto es que el poder judicial ya tiene avanzados sendos procesos sobre corrupción en la contratación oficial e incluso lavado de activos, que involucrarían no solo al mandatario sino a su esposa, cuñados, sobrinos, otros familiares así como altos funcionarios estatales. De hecho, ya varios están imputados y presos.
De acuerdo al ordenamiento constitucional, el Congreso es la única instancia que puede decidir sobre este tipo de denuncias. Para ello, una vez el pleno analice el expediente, debe votar la posibilidad de suspender a Castillo, para lo cual se necesitaría el respaldo de 66 de los 130 integrantes de la instancia legislativa.
Los analistas políticos sostienen que la permanencia del Presidente en su cargo está en vilo, no solo porque la Fiscalía tiene una causa probable muy consolidada desde el punto de vista probatorio, sino porque la coalición parlamentaria que lo apoya no tiene la fuerza para bloquear un posible llamado a antejuicio y la respectiva votación para separarlo del cargo. De hecho, el bloque gobiernista ya sufrió la baja, meses atrás, del partido Perú Libre, colectividad que avaló su candidatura el año pasado y a la cual, incluso, renunció en julio pasado. Así las cosas, las bancadas de derecha, centro y una facción de izquierda encabezan la oposición.
Perú, lamentablemente, está acostumbrado al procesamiento de sus presidentes. Alberto Fujimori purga una larga condena por delitos de lesa humanidad, en tanto Alejandro Toledo está con casa por cárcel en Estados Unidos y pendiente de ser extraditado a su país sindicado en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Alan García prefirió quitarse la vida antes que ser arrestado por el mismo caso de coimas. Ollanta Humala también estuvo proceso por dineros ilegales en su campaña y gobierno. Igualmente, Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a renunciar por el caso de la multinacional brasileña y Martín Vizcarra, que lo reemplazó, fue destituido por el Congreso debido a contratación anómala cuando fue gobernador… Ahora Castillo está a punto de engrosar esa lista.
Esta inestabilidad política peruana no había, pese a todo, afectado duramente el impulso económico inca en las dos últimas décadas. Sin embargo, hoy por hoy la pandemia, el coletazo inflacionario y la crisis constante en el gobierno Castillo tienen a esa nación sumida en la incertidumbre, con la población polarizada, la inversión extranjera frenada, los índices de pobreza e inseguridad al alza así como la sensación generalizada de que el país perdió el rumbo y es necesario un timonazo a todo nivel.