*Legitimidad y paz

*Fidelidad a la democracia

Según los estudiosos, entre las propuestas más importantes de Hegel, se destaca que  maneja a fondo el tema de la libertad y la responsabilidad, junto con el sentido histórico que debe asumir el hombre, en el entendido que en su concepción del Estado, debe prevalecer ante todo  el interés general y el específico, para que se constituya en baluarte tanto de la defensa activa del derecho y de la libertad individual, como para  ordenar la sociedad. Esos factores  no se pueden ver como elementos dispersos, ni antagónicos, sino como un todo con una finalidad que deben cumplir en el tiempo las sucesivas generaciones. Por tanto, una de las preguntas que tiene que hacerse la  sociedad y la cual  debe encontrar respuesta en el estamento político es: ¿Qué clase de Estado queremos?  Es lamentable que no todos los legisladores que ha tenido Colombia y que se han destacado por su influjo en nuestras instituciones se preguntaron qué clase de Estado querían, ni cuál era el que acaso barruntaba la población de su tiempo y si tenía alguna posibilidad realista de llevarlo a la práctica El entonces coronel Simón Bolívar, en su momento lo hizo, pocos le comprendieron, como Camilo Torres, que entendió la grandeza y bondad de sus principios contrarrevolucionarios. Bolívar  plantea el tema con la elocuencia y vigor que caracteriza su estilo: “Los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes; filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios, y de cosas, el orden social se resintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal, que bien pronto se vio realizada”.

Y Rudolph von Ihering afirma que todo derecho ha sido forjado en la lucha, tanto en cuanto a las sociedades, como en lo que se refiere a la defensa del Estado. Para el famoso jurista: “La finalidad del derecho es la paz, el medio para ello es la lucha. En tanto que el derecho tenga que estar preparado contra el ataque por parte de la injusticia -y esto durará mientras exista el mundo- no le será ahorrado la lucha. La vida del derecho es lucha, una lucha de los pueblos, del poder del Estado, de los estamentos o clases, de los individuos”. No dice Ihering que el Estado debe renunciar a sus principios y entregarse sin lucha acotado por la contracultura. Sostiene lo contrario y afirma que la más noble finalidad del derecho es la paz, por lo tanto el Estado tiene la finalidad de crear las condiciones para el orden y la convivencia de la persona, como portadora de derechos y valores. En Colombia el estremecedor asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 se constituye en uno de los más ominosos   ataques terroristas que sacude a la sociedad, que no prosperó para derrumbar al Gobierno por cuenta de la acción valerosa de las Fuerzas Armadas, que debieron cumplir de manera abnegada y eficaz, arriesgando sus vidas, la tarea de rescatar a los magistrados secuestrados y recuperar el templo de la justicia colombiana. Los militares no tenían alternativa; era su deber, defender con las armas de la legitimidad la sociedad.

Esa defensa de la democracia y de la legitimidad de la reacción por proteger el Palacio de Justicia por parte de nuestros soldados  es un deber de los funcionarios del Estado y de cuantos asuman la defensa del mismo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en cualesquier otra instancia. Los funcionarios del Estado no pueden acudir a las instancias internacionales a pedir que condenen al Estado, ni declararse culpables de hechos que aun con el paso de los años no se han esclarecido del todo, pero de los cuales se conoce lo esencial como para poder distinguir entre atacantes y defensores, entre los que defendieron la legalidad y los que irrumpieron para desquiciar el sistema e intentar ahogar en sangre la democracia.

La contracultura que exalta a los  revolucionarios, que proclama la impunidad en todas las ocasiones y en todos los casos en los que actúan sus agentes, no puede prosperar a tal punto que el Estado renuncia a luchar por sus derechos y a la legítima defensa, para que sorprenda condenando  de antemano a sus hombres, a los soldados y defensores del orden. Resulta que ahora por arte de la confusión reinante y el peso en el medio intelectual y político de la contracultura, se debe condenar a la sociedad dado que los agresores fueron amnistiados. Semejante claudicación mental e ideológica provocará  una cadena de demandas contra Colombia, que ha dado muestras delirantes de extravagancia  y debilidad.