El incremento en el precio del gas de 36% adoptado en extremis por Avanti y que subirá para casi 4 millones de usuarios, principalmente a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y otras 5 regiones, es el último capítulo de lo que, desde hace 2 años y medio, comenzó a escribir el Gobierno con su política de transición energética.

El caso es que hoy el sector está al borde del colapso y de paso son ahora los usuarios que deberán pagar más tanto por el servicio de gas como por la luz que consumen tanto en sus hogares como en las empresas.

Con respecto al gas, con razón el exministro de Minas, Amylkar Acosta, daba serias advertencias en noviembre pasado, cuando dijo que la escasez de gas natural obligaría a importarlo para el consumo esencial (residencial, pequeño comercio y pequeñas industrias), lo que nunca había sucedido en los últimos 45 años. A estas alertas, el ministro de Minas Andrés Camacho atribuía la escasez el acaparamiento y la posible importación para reservarlo.

Y ahora las consecuencias no se han hecho esperar con el duro incremento del combustible a los usuarios, y que incluso puede ser más alto si no se toman los correctivos por parte del gobierno, para incrementar el abastecimiento y saldar las deudas en su totalidad.

Hoy, solo se conoce, otra vez, lo que dice el ministro Camacho, de que no se justifica el incremento de las tarifas. Pero claro, ese es el resultado injustificable de no pagar los compromisos estatales previos.

Por su parte, hay gas, pero el gobierno no lo deja extraer de los pozos, lo cual es una grave ironía. Como sucedió con la crisis de la salud, en que el Gobierno aplicó el desgaste con el ‘chu-chu-chú’, esa misma estrategia parecería estar aplicándose a las generadoras y comercializadoras de energía.

Desde hace casi dos años, no le están suministrando a esos dos actores claves del servicio, los recursos, primero para cubrir los subsidios a los estratos 1,2 y 3 (que prácticamente están financiando con sus propios dineros), y segundo para pagar la opción tarifaria por los costos que tuvieron que cubrir la no alza de las tarifas durante la época de la pandemia y que tuvieron que asumir los distribuidores. Hoy, la deuda para el cubrimiento de los subsidios es de casi $2,8 billones y por la opción tarifaria es alrededor de $5 billones.

Con estas cifras alarmantes, es comprensible que tanto las generadoras como comercializadoras digan que están al borde de la quiebra. Solo hasta ayer, y para apaciguar la decisión con los incrementos en los precios del gas, el ministro de Minas dijo que se había acordado pagar $800.000 millones hasta marzo de este año.

A todas estas, y en una reunión que tuvieron los gremios del sector energético y de servicios, y en donde se plantearon salidas a la grave situación energética, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, confirmó que la deuda que tiene el Gobierno nacional con las distribuidoras podría aumentar notablemente por los subsidios de energía eléctrica.

No en vano cada mes que pasa, el costo de mantener los subsidios de energía eléctrica en el país es de $300.000 millones.

Se entiende que con los siguientes pagos el Gobierno simplemente estaría tratando de mantenerse al día con la deuda del presente año, dejando pendiente lo que se debe de 2024, pero ya en abril la deuda va a subir a los $3 billones. Es decir que no hay ya tiempo para que se dilaten más las decisiones y, sobre todo, el gobierno debe ajustar sus decisiones, que faciliten una pronta salida a esta problemática.

Si esto no es así, se está llegando al riesgo de apagón financiero, y ese apagón financiero podría conducir a un apagón físico, porque las empresas ya no tienen el músculo para seguir financiando los subsidios y tampoco cumplir con los compromisos de compra de energía. ¡El palo no está para cucharas!