La masificación de la Inteligencia Artificial (IA) ha tomado tal rapidez que las legislaciones que se adoptan en torno a la regulación de sus aplicaciones en cualquier campo quedan obsoletas al muy poco tiempo en que son expedidas.

En muchos países hay una carrera contra el reloj para poder establecer leyes, decretos y demás medidas normativas para ordenar y viabilizar el uso de la inteligencia regenerativa digital en todos los campos, que van desde lo educativo e interacción social pasando por lo laboral e incluso sobre aspectos legales, militares, de propiedad intelectual y hasta de seguridad.

En Colombia la principal apuesta es un documento Conpes que está en construcción entre el Departamento Nacional de Planeación, varios ministerios y la consejería presidencial para la Transformación Digital.

Ese documento de política pública debería estar listo hacia agosto próximo y será pieza principal dentro de la implementación de la Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023-2026. Es decir, que el Conpes no arranca de cero, sino que se basa en la iniciativa mencionada, tal y como la Hoja de Ruta lanzada por el Ministerio de Ciencias, así como el plan “Colombia PotencIA Digital” de la cartera de las TIC.

No pocos expertos han advertido que la construcción del Conpes es un asunto muy delicado y por ello se requiere de varias precauciones al respecto. En primer lugar, que la formulación de esa política no se vaya a contaminar con el clima de polarización e ideologización que ha afectado muchas iniciativas del actual gobierno.

En segundo lugar, es imperativo que la legislación que se vaya a derivar de ese Conpes tenga marcos normativos amplios que permitan ir adecuando la regulación a la rapidez de los desarrollos de esta tecnología. Es decir, que el foco no solo debe ponerse en los cuellos de botella actuales, sino prever mecanismos flexibles para enfrentar futuros desafíos.

En ese orden de ideas, es vital que se tomen de referencia los estudios y recomendaciones que se han emitido desde las instancias de agencias de la ONU, sobre todo en cuanto a mecanismos de gobernanza, uso racional de tecnologías, modelos de detección temprana de riesgos, sobre todo para los menores de edad…

En el Congreso, igualmente, avanzan cinco proyectos de ley al respecto, razón por la cual es necesario unificar las iniciativas, construir un articulado integral, coherente y funcional. En modo alguno, puede dejarse avanzar una reglamentación que termine siendo una ‘colcha de retazos’.