El Consejo de Estado ha admitido una demanda que podría resultar en la pérdida de investidura de Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes. La acción, impulsada por el ciudadano Santiago García, sostiene que el congresista no se declaró impedido en el debate de la reforma laboral, a pesar de un posible conflicto de intereses relacionado con financiamiento privado al partido Alianza Verde, del cual es miembro.
Según García, el conflicto de intereses radica en que el partido Alianza Verde, al cual pertenece Salamanca, habría recibido aportes económicos de empresas privadas que presuntamente beneficiaron su posición como congresista. “El presidente de la Cámara no está por encima de la ley, y debe entender que sobre él están puestos los ojos de miles de colombianos que, como yo, defenderemos la democracia, la legalidad y la división de poderes”, expresó García en un comunicado público.
El Consejo de Estado ha asignado el caso a la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura N.º 21, encargada de analizar los argumentos y pruebas que las partes presenten. Tanto Salamanca como el Ministerio Público disponen de un plazo de cinco días para sustentar su defensa, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
Por su parte, Salamanca se pronunció en sus redes sociales, reafirmando su respeto por el proceso judicial y asegurando que probará la legalidad de sus actuaciones. “El Consejo de Estado es la única instancia para conocer sobre la pérdida de mi investidura de Congresista. Como Presidente de la Cámara, respeto su labor en este proceso. Me defenderé en derecho y demostraré mi correcto actuar”, manifestó el congresista.
El @consejodeestado es la única instancia para conocer sobre la pérdida de mi investidura de Congresista. Como Presidente de la @camaracolombia, respeto su labor en este proceso. Me defenderé en derecho y demostraré mi correcto actuar. https://t.co/aUOkuefLsH
— Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) October 25, 2024
De manera adicional, el Consejo de Estado informó que evaluará una medida cautelar solicitada por García para limitar la actuación de Salamanca mientras se resuelve la demanda. Este caso podría sentar un precedente en cuanto a la aplicación del régimen de conflictos de interés en el Congreso, en especial en los casos donde los partidos políticos reciben financiamiento privado que podría comprometer la imparcialidad de sus representantes en debates cruciales como el de la reforma laboral.