Las negociaciones de paz se deben manejar con suma discreción y altura política ya que  está en juego la posibilidad de conseguir, por la vía diplomática, que los milicianos de las Farc dejen las armas y acepten respetar y obedecer a las leyes de Colombia. Al Estado le compete defender la integridad nacional, así como la honra y bienes de todos los nacionales y habitantes de nuestro territorio. La negociación que pretende el gobierno abarca a los terroristas que siguen promoviendo atentados con bombas y granadas en diversas zonas del territorio colombiano, que es como negociar con un revólver apuntando en  la sien. La negociación se hace con los actuales jefes del secretariado que han sobrevivido a los bombardeos aunque  no se trata de los jefes históricos de ese grupo armado, sino de nuevo jerarcas que no tienen el mismo dominio de los frentes. Como algunos de ellos han vivido por largos años en el exterior, se desconoce su influjo real y jerarquía en las decisiones de fondo de la organización. Así como se reconoce que los voceros que están negociando en La Habana, por ambos bandos están sujetos a la refrendación de sus compromiso por sus jefes; los del gobierno no pueden ir más allá del mandato limitado oficial sujeto a las leyes, así como los subversivos deben consultar con sus jerarcas los diversos compromisos y acuerdos.

Las anteriores negociaciones de paz  avanzaron cuando no existía la reelección presidencial en nuestro ordenamiento jurídico. Al aparecer, con  la reelección en el firmamento político nacional las cosas se  han complicado. Se gobierna para tomar las grandes decisiones que reclama un país sin estar fijos los ojos en el espejo retrovisor ni las encuestas, como,  también, se puede gobernar bajo la obsesión de la idea fija de perpetuarse en el poder. El gabinete puede trabajar para resolver los problemas inmediatos que aquejan al pueblo colombiano o intentar paliativos para adormecer la opinión y concentrar recursos con miras electorales para encauzarlos como, el ganado, a una reelección. En casos como éstos los funcionarios tienden a dividirse entre los que trabajan para cumplir los grandes compromisos de Estado que enfrentan y los que apuestan a la reelección y tienden a convertirse inconscientemente en jefes de debate para halagar con ese pretexto al gobernante de turno. Eso ha sido estudiado por constitucionalistas y sociólogos, es un fenómeno que se da en las distintas latitudes donde impera la reelección. El asunto se torna más complejo cuando no existen los frenos que se dan en un sistema federal donde se limita el poder presidencial en las regiones y existen leyes aprobadas por los Senados estatales que actúan como una armadura frente a los abusos del poder  presidencial.

Por modestia no vamos a intervenir en un debate que por su naturaleza es responsabilidad de la cúpula del poder, como es el caso del juicio del ex presidente Andrés Pastrana sobre el proceso de paz que adelanta el Presidente Juan Manuel Santos, ni, dado el caso, sobre las apreciaciones que en el tema ha manifestado el ex presidente Álvaro Uribe. Al consagrar en la Constitución la reelección, la tendencia a que se ligue el asunto de la negociación en La Habana con la eventualidad de un nuevo mandato para el  jefe del  Estado es de presumir. Si bien, como toda jugada política, tiene en contrario que de no alcanzarla o  firmar una paz que semeje una capitulación, tendría el efecto electoral fatal. Así tiene  un costo político inmenso perder una guerra en el campo de batalla, y  sería aún más grave perderla por negociar mal.

La circunstancia de estar negociando con terroristas de segunda línea, eliminados los jefes naturales de las Farc, sin que aparezcan en La Habana los que manejan las finanzas de esa agrupación, cuyos fondos les permiten sostener la guerra, ha sido señalada en su aspecto negativo por Andrés Pastrana, quien tiene suficiente experiencia en el tema y advierte de los inconvenientes que tiene ese proceso. Y su voz, como la de otros prestantes colombianos preocupados por el vaivén de las negociaciones en Cuba, debe ser atendida por el gobierno. Considerar que todos los que tienen algún escepticismo o serias dudas sobre las negociaciones son guerreristas, desconoce la necesidad de buscar consensos. Y para nadie es un secreto que el orden se debe restablecer mediante la negociación, o de manera inevitable,  apelando con todas las fuerzas de la Nación a la última ratio.

El presidente Santos es un demócrata y un político reflexivo. En situaciones como las que estamos viviendo es preciso que la sociedad mantenga la unidad, que se forme un frente monolítico en torno al Estado, por encima de cálculos electorales. La paz la merecen todos los colombianos. No olvidemos que parte del conflicto armado procede de un virus interno y el resto obedece al son cubano e  intrigas internacionales. En el altar de la Patria han caído millares de soldados y de gentes de la sociedad civil, que estarían vivos si esos desalmados no hubiesen decidido imponerse por la fuerza para balcanizar a Colombia o capturar parte del poder.